Un rasgo de nuestra sociedad de riesgo global es su capacidad para producir catástrofes cada cierto intervalo de tiempo.. Solo doce años después del estallido de la crisis financiera mundial, tenemos que hacer frente a las consecuencias humanas, económicas y sociales de una crisis sanitaria global, causada por el COVID19.
Cuando se produjo el estallido de la crisis financiera en 2008, los dirigentes europeos nos hablaron del fin del capitalismo financiero. Dijeron que la omnipotencia del mercado era una idea loca. Señalaron que la crisis financiera era la crisis de un sistema que se había alejado de los valores más fundamentales del capitalismo. Y se comprometieron verbalmente en la idea de refundar el capitalismo (Sarkozy&Merkel), para encontrar un equilibrio entre responsabilidad colectiva y responsabilidad individual.
Sin embargo, los líderes de la Unión Europea, hicieron lo contrario de lo que habían dicho en sus discursos. Olvidándose de la comunidad europea, cada Estado fue a los suyo y centraron su actuación en salvar a las finanzas y al euro. Rescataron con programas generosos a las entidades financieras causantes de la catástrofe y abandonaron a los Estados en dificultades a la venganza de los mercados. En virtud de ese abandono y bajo la fuerte presión de Alemania, a los Estados del sur de Europa se les sometió a purgas severas, para recuperar el crédito internacional bajo la vigilancia de un órgano no contemplado en los Tratados de la Unión Europea: la troika.
Las “condiciones draconianas” (Habermas) impuestas por la troika, en especial a Grecia, para que los Estados de la Europa del sur pudieran financiarse, consistieron en reducción de empleos en el sector público, recorte de ayudas a las familias, reducción de subvenciones a los parados, rebajas o congelación de las pensiones, congelación o rebaja del salario mínimo y del sueldo de los funcionarios y, en fin, recorte de las inversiones públicas en seguridad social, sanidad, educación y servicios sociales. Analizando estas políticas de austeridad fiscal y devaluación interna, el Comité Económico y Social Europeo señaló que parecía que habían sido los ciudadanos de los Estados europeos del bienestar y no los banqueros incompetentes los causantes de la crisis.
Las declaraciones realizadas por las personas responsables de la troika ayudan a entender el espíritu de esas políticas. El que fuera presidente de la troika, Jean-Claude Juncker, describió las medidas aplicadas “como la reparación en pleno vuelo de un avión en llamas” reconociendo que la Unión había pisoteado la dignidad del pueblo griego. Mario Draghi, presidente del Banco Central, reconoció que la crisis había enterrado el modelo social europeo, debido a que las políticas de austeridad impuestas habían degradado los Estados del bienestar de los países del sur de Europa, provocando altas tasas de desempleo juvenil. Y en fin, la entonces presidenta del FMI, Christine Lagarde, llegó a justificar la necesidad de retrasar la edad de jubilación por “el riesgo de que la gente viva más de lo esperado”.
El Parlamento Europeo arremetió contra las políticas de austeridad para salir de la crisis porque la troika carecía de legitimidad democrática; denunció el Pacto de Estabilidad y el brutal ajuste fiscal, porque desmantelaba los Estados del bienestar especialmente en los países sujetos al programa de estabilidad como Grecia, Irlanda, Chipre, Portugal y España. En fin, el Parlamento Europeo, resolvió que era necesario reformar la zona del euro y recuperar la confianza de los ciudadanos en el proyecto europeo, mediante un pilar europeo de derechos sociales.
La reforma no se realizó, el pilar europeo de derechos sociales quedó en recomendación y ante la catástrofe provocada por la pandemia del coronavirus, la respuesta de la Unión Europea ha sido, una vez más, que cada Estado vaya a lo suyo. Ha faltado una ambiciosa política europea común, una cooperación europea que redunde en beneficio de todos. Por el contrario, los Estados de la Unión Europea a la voz del sálvese quien pueda, suspendieron el principio de libre circulación, decidieron el cierre de las fronteras, y se consagraron con esmero a competir en el mercado global por los equipamientos sanitarios.
Es cierto que la Unión Europea no ha recurrido (al menos de momento) al monstruo de la troika, pero las decisiones se toman sin contar con el Parlamento Europeo. Así que la Unión sigue sin respetar lo establecido en los Tratados de la UE, y adopta decisiones siguiendo la fórmula que aplicó con la crisis financiera, o sea que decide el Consejo Europeo contando con un órgano informal como el Eurogrupo.
No cabe duda de que a diferencia de lo sucedido con la crisis financiera, la Unión Europea ha reaccionado con relativa rapidez, adoptando decisiones y también no decisiones importantes. Hay que subrayar por su importancia la iniciativa del Banco Central Europeo, de activar un programa de compra de bonos (hasta 120 mil millones de euros) y llevar a cabo la relajación de los límites de las ayudas estatales a la industria.
Asimismo hay que reseñar que el Eurogrupo, junto con los Ministros de Finanzas que no pertenecen a la zona del euro, acordaron proponer al Consejo Europeo una respuesta integral de política económica al brote de COVID19. La respuesta aprobada consiste en poner en marcha tres redes de seguridad: una para los trabajadores, otra para las empresas y otra para los países. En relación a los trabajadores la creación de un instrumento europeo temporal dotado con 100.000 millones de euros para apoyar las redes nacionales de seguridad en esta crisis. En relación a las empresas la creación de un denominado escudo europeo por iniciativa del Banco Europeo de Inversiones que tiene como objetivo garantizar 200 mil millones de euros de préstamos dirigidos a las pequeñas y medianas empresas.
Por último, como medida más inmediata, se ha aprobado una red de seguridad para los Estados miembros, que consiste establecer el Apoyo a la crisis pandémica por un monto del 2% del PIB de los estados. En total la cifra es en torno a 240 mil millones de euros. Estará disponible en dos semanas, para todos los miembros del MEDE, eliminando las exigencias establecidas en el pacto de estabilidad y estableciendo como único requisito para acceder a la línea de crédito, que el país se comprometa a utilizar estos fondos para apoyar la atención médica directa e indirecta debida al COVID 19.
Si lo que pretende la medida es que los Estados utilicen estos fondos para apoyar la atención médica, la cura y la prevención directa e indirecta debida al COVID19 ¿por qué el criterio para limitar la cuantía del préstamo al que pueden acceder los Estados miembros, es el porcentaje de su PIB? Que el volumen de unos fondos para la atención médica del COVID19 se condicionen por el tamaño del PIB del Estado, es una muestra de la incapacidad de los dirigentes de la Unión Europea para ir más allá del interés del Estado, medido en términos de PIB, aunque la catástrofe sea una pandemia.
No obstante, donde la mentalidad de “que cada Estado vaya a lo suyo” se ha puesto más de relieve es en la decisión de los dirigentes del Eurogrupo de que no se produzca un aumento importante del “mediocre presupuesto de la Unión Europea” (Juncker), para hacer frente al desafío que la Unión tiene ante sí. Y sobre todo ha quedado patente que prevalece el interés nacional, por encima del de la Unión Europea, con el acuerdo de que no se aprueben los eurobonos (denominados a la sazón coronabonos), es decir que no se mutualice la deuda futura que tengan que contraer los estados de la Unión, para responder a las desastrosas consecuencias sociales del COVID19 y relanzar la economía. Por lo tanto, los Estados que necesiten endeudarse para la reconstrucción del país tendrán que aceptar las duras condiciones establecidas en el MEDE, como si el país fuera responsable del impacto de la epidemia.
No querer mutualizar la deuda soberana de la zona del euro, significa dar primacía a “los nacionalismos estúpidos y cerrados” (Juncker) y mantener un sistema que coloca a los países de la zona del euro en el peor de los mundos. Porque los países del euro cuentan con una moneda única, pero tienen diez y nueve sistemas de impuestos y beneficios, y diez y nueve deudas públicas diferentes, en la que los mercados pueden especular libremente en una rivalidad desenfrenada entre sí (y según Lagarde el Banco Central Europeo “no está para reducir el diferencial entre la tasa del bono alemán y la de los otros países de la zona Euro”).
Mantener esta desigualdad entre los Estados del Euro beneficia a los países con mayor poder económico, como Alemania y sus aliados del norte que se pueden financiar barato, a costa de empobrecer a los Estados del Sur. Esta lógica de funcionamiento, que favorece a los Estados que más tienen y perjudica a los que tienen menos, es injusta y no favorece la Unión, pero permite a los Estados del norte mantener la fortaleza de sus Estados del bienestar, hasta que otra catástrofe provoque la lógica indignación de la ciudadanía europea y ocasione la desunión final.
Artículo de Fernando Casas Mínguez, profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Castilla La Mancha.
