La consejera Valle Miguélez muestra en la Conferencia General de Política Universitaria su oposición al texto del anteproyecto de la ley “por no tener en cuenta las alegaciones al texto inicial y la necesidad de financiación de las universidades”
El Gobierno regional, a través de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, ha mostrado su rechazo al nuevo texto del anteproyecto de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que vendrá a sustituir la actual ley de 2001, y que precisa de una modificación profunda para adaptarla a los nuevos cambios que ha experimentado el sistema universitario español en los últimos 15 años.
Así lo defendió la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, durante su intervención, a través de videoconferencia, en la reunión del pleno de la Conferencia General de Política Universitaria celebrado esta tarde, que reúne a los representantes de todas las comunidades bajo la presidencia del ministro de Universidades, Manuel Castell, y en la que se ha analizado el anteproyecto de la Ley.
Miguélez manifestó su “descontento” y su oposición al texto elaborado por el Ministerio, porque, “después de haber presentado un buen número de alegaciones al documento inicial del Ministerio, apenas se han tenido en cuenta y, además, los grandes problemas, como los de la financiación y los del profesorado, quedan sin resolver”. “Esperamos que en esta ocasión sí tengan a bien considerar las alegaciones que, evidentemente, volveremos a hacer llegar a este nuevo texto”.
En concreto, la consejera criticó que el Ministerio “haya hecho oídos sordos” a las reclamaciones de las comunidades sobre la cuestión de la financiación de las universidades, “sin que el Gobierno central se comprometa a dar solución, no solo legal, sino económica, al relevo generacional que se está produciendo en las universidades como consecuencia de la jubilación a corto y medio plazo de un buen número de docentes, a la precarización del profesorado y a la generación y atracción de talento”.
Igualmente, manifestó su oposición al tratamiento que hace el nuevo texto de Ley sobre la dualidad del régimen de profesorado, con la convivencia, en igualdad de condiciones, del Personal Docente e Investigador (PDI) funcionario y de PDI laboral; criticó la desaparición de la figura del profesorado Contratado Doctor, ya consolidada, como el paso previo para el acceso al PDI funcionario, así como el régimen de los Consejos Sociales, “órganos fundamentales para la participación de la sociedad en la universidad y la rendición de cuentas, que en la nueva Ley incrementan su politización, al dejar sus nombramientos en manos de asambleas regionales y de la propia universidad, quedando al margen los Gobiernos regionales”.
La consejera también criticó la forma en la que el Gobierno central está llevando a cabo el desarrollo reglamentario de la Ley, a través de reales decretos antes de la aprobación de la misma, “ignorando las reclamaciones en este sentido de las comunidades autónomas”.
No obstante, Miguélez manifestó de nuevo su deseo de “seguir colaborando con el Ministerio en la elaboración de esta Ley Orgánica, pero siempre desde el consenso y el mayor nivel de acuerdo”, y recordó la “fuerte oposición que la elaboración de esta Ley está teniendo en los distintos sectores implicados, lo que requerirá más diálogo y debate”.
