El departamento de Arauca (Colombia) ha sido testigo de los estragos de un conflicto armado. Los enfrentamientos entre el ELN (Ejército de Liberación Nacional), las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), los grupos paramilitares y el Ejército han dejado a las comunidades aisladas en medio de la guerra.
Recientemente la Defensoría del Pueblo informó que el ELN ha reclutado 9 menores de edad, convirtiendo al departamento con más casos de reclutamiento. Las alertas tempranas de la entidad y de la comunidad, que expresa su constante angustia con la situación, no han llegado hasta las mesas de negociación que se realizan con este grupo armado ilegal.
“Allá están negociando, pero acá no se ven los resultados, el conflicto sigue presente”, aseguró una lideresa social quien además fue víctima del atentado a la sede de las organizaciones populares y civiles en Saravena (Arauca) perpetuado a inicios de 2022, el cual dejó 1 muerto y 9 heridos.
“Todo el mundo sabía que esto iba a pasar, hasta el Gobierno, y jamás nos escucharon. Fue un intento de callar el liderazgo social”, recalcó la lideresa. Por ello, los participantes del evento expresaron su preocupación ante la falta de vinculación de las comunidades de Arauca en las negociaciones que se adelantan entre el Gobierno y el ELN.
El coordinador del Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Jhonathan Ballesteros, asegura que “debe haber voluntad por parte del ELN para detener los constantes ataques a la población en los municipios de Arauca”.
Menciona además que “la vinculación de la academia con la comunidad es esencial en la construcción de documentos de memoria histórica, con las voces de las personas acercan a la realidad, incluso con sus propias expresiones; así tenemos algunas que pueden tener espacios para contar su realidad”, apunta.
El Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la UNAL Sede Orinoquia ha creado 5 documentos judiciales que fueron entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y 2 documentos de memoria que retratan la realidad de las víctimas de Arauca. “En nuestro ejercicio hemos tenido personas que jamás habían sido escuchadas, incluso desde que pasó el hecho victimizante”, señala el coordinador.
El objetivo del encuentro era presentar –a partir de la diversidad de las voces– propuestas para avanzar en la paz en el departamento. Por eso participaron líderes sociales, víctimas del conflicto, organizaciones civiles y la academia.
Los participantes aseguraron que las acciones bélicas deben cesar para permitir que la inversión empresarial en el territorio fomente el desarrollo agrícola, ganadero y piscícola del departamento. “El grito de Arauca es un acuerdo humanitario ya”, expresó un participante.
Avanzar en la paz, el desafío de Arauca
El 2022 puede haber sido el año más violento para el departamento desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. La Defensoría del Pueblo aseguró que en lo corrido del año fueron perpetuados 300 homicidios en Arauca, en medio de una guerra por el control territorial y fronterizo.
“La población civil no está incluida en las negociaciones, en el recrudecimiento del conflicto hay cada vez más víctimas. Además, el municipio de Arauca es el receptor de las víctimas que llegan por el desplazamiento forzado”, aseguró una lideresa social.
El hecho de que no se haya implementado el Acuerdo Final de Paz con la antigua guerrilla de las FARC ha propiciado un espacio en el que la violencia ha sido cada vez más fuerte.
“Si el Acuerdo se hubiera implementado habríamos tenido acciones afirmativas en donde se produce el conflicto para que el campesinado pudiera trabajar. Los indicadores de paz están caídos”, expresó Ana María Carrillo, del Comité Permanente de Derechos Humanos.
Las organizaciones civiles y sociales aseguran que para lograr la paz es necesario el desarrollo agrícola y la inversión estatal, además de las garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanas.
“No debemos olvidar que para lograr la paz son importantes los actos de reconocimiento, además de vincular en la memoria histórica a los firmantes de paz que pueden contar la realidad desde su experiencia”, concluyó el coordinador Ballesteros.
