La Cumbre Mundial del Clima que se desarrolla en Madrid desde hoy supone un nuevo esfuerzo de los gobiernos del mundo para intentar consensuar marcos legales que ayuden a proteger el planeta; sin embargo, muchas voces críticas han venido dudando de la efectividad de las leyes para reducir la contaminación. Los contrarios a la regulación alegan que las leyes pueden provocar sistemas demasiado rígidos incapaces de adecuarse a los cambios tecnológicos. Otros piensan que las empresas acaban saltándose los controles legales y, por tanto, que las leyes no logran avances significativos. Sin embargo, la revisión de las investigaciones realizadas sobre el tema parece mostrar un escenario mucho más favorable al potencial de la regulación ambiental.
Un equipo de tres investigadores coordinado por el profesor Alberto Aragón, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Granada, ha realizado una revisión exhaustiva de las principales investigaciones empíricas sobre regulación ambiental y gestión de empresas. El objetivo ha sido poder ofrecer recomendaciones basadas en puntos de consenso.
El trabajo se ha desarrollado en colaboración con el profesor Marcus (Universidad de Minnesota) y el profesor Vogel (Universidad de Berkeley) y ha sido ahora aceptado para su publicación en la revista de investigación Academy of Management Annals, la más importante del mundo por factor de impacto en los campos de “business” (negocios) y “management” (gestión).
El trabajo desarrollado por Aragón, Marcus y Vogel ha revisado en profundidad los resultados de unas 70 investigaciones publicadas en las mejores revistas académicas del mundo. Las muestras de los estudios revisados, consideradas de forma conjunta, incluyen unas 97.000 observaciones de empresas sometidas a diferentes regulaciones ambientales. Los estudios consideraban empresas y regulaciones de múltiples países, con una especial atención a la situación de Estados Unidos, pero incluyendo también investigaciones de empresas en Canadá, China, Taiwan, Australia, Costa Rica, la Unión Europea, e India, entre otros. Las conclusiones del estudio diferencian entre los efectos de las leyes ambientales obligatorias y voluntarias.
Las leyes ambientales obligatorias son las más conocidas, y las investigaciones desarrolladas indican que tienen un efecto más fuerte en la reducción de la contaminación por las empresas afectadas que cualquier otro factor analizado, incluyendo una fuerza superior a los propios clientes. Adicionalmente, los investigadores encuentran diferencias entre los efectos que se le atribuyen a las investigaciones que obligan a la utilización de ciertas tecnologías y las que obligan a alcanzar ciertos objetivos.
Las centradas en tecnologías pueden ser más problemáticas en términos competitivos debido a que los sistemas fijados pueden quedar anticuados o corren el riesgo de no ser los más adecuados a las condiciones de muchas empresas. Sin embargo, las que se basan en fijar objetivos permiten que cada empresa decida los procedimientos más adecuados en cada momento y les impulsa a seguir mejorando si el objetivo se liga al rendimiento de los mejores.
Aunque las centradas en objetivos se muestran notablemente más eficaces, todas las regulaciones medioambientales obligatorias muestran una gran potencia en la reducción de la contaminación por parte de las empresas. Al mismo tiempo, las investigaciones no han mostrado reducciones sustanciales generalizadas en la rentabilidad o en la competitividad de las empresas como consecuencia de la puesta en marcha de esas leyes. Muchas empresas incluso se vuelven más competitivas como consecuencia de las mejoras tecnológicas asociadas a su esfuerzo por cumplir las leyes. Adicionalmente, las leyes voluntarias se diseñaron precisamente para facilitar todavía más flexibilidad a las empresas.
Aunque las leyes ambientales voluntarias han supuesto una novedad muy popular en los últimos años, sus resultados en el impulso a la reducción de impactos han sido discretos. Una ley voluntaria consiste en un planteamiento que la empresa tiene libertad para desarrollar o no. Los sistemas ISO 14000 o el sistema EMAS que propone la propia Unión Europea están entre las regulaciones medioambientales voluntarias más conocidas. Así, hay unas 400.000 empresas en el mundo que voluntariamente han obtenido un certificado ISO14001 para avalar la existencia de un sistema de gestión medioambiental en sus instalaciones.
Débil control de cumplimiento
Las investigaciones realizadas sobre este tipo de normas muestran dos factores preocupantes. En primer lugar, el control sobre su cumplimiento suele ser débil y eso acaba quitando credibilidad al sistema. En segundo lugar, muchas empresas se centran en los requisitos administrativos para alcanzar la certificación y acaban cayendo en “cumplimientos simbólicos”. En cualquier caso, todas las investigaciones resaltan que las regulaciones voluntarias tienen características que las hacen potencialmente interesantes, si se dieran ciertas condiciones en su diseño.
Después de repasar con detalle las investigaciones sobre el tema, Aragón, Marcus y Vogel proponen también una serie de recomendaciones para las regulaciones del futuro. Entre esas propuestas, el primero de los autores ha resaltado la importancia de tres aspectos fundamentales. En primer lugar, los gobiernos y las organizaciones que promueven regulaciones voluntarias deben preocuparse no sólo por la regulación en sí, sino también por el control de las mismas para garantizar su eficacia. En segundo lugar, las regulaciones deberán intentar incluir simultáneamente elementos voluntarios y obligatorios para intentar ganar la flexibilidad y la efectividad que caracteriza a cada una. Finalmente, la investigación reconoce que las diferencias regulatorias en el mundo generan tentaciones para muchas empresas y gobiernos que llegan a la conclusión de que reduciendo sus esfuerzos ambientales pueden conseguir ventajas económicas.
En ese sentido, las regulaciones internacionales, consensuadas por los países más contaminantes, serían un elemento fundamental para conseguir importantes avances futuros. Los investigadores miran acontecimientos como la Cumbre del Planeta con esperanza, aunque reconociendo que los avances regulatorios coordinados internacionalmente han sido hasta el momento muy limitados.
