La LOU de 2001 y la LOMLOU de 2007 supusieron una apuesta por la desfuncionarización en las universidades, y en el curso 2019/2020, casi el 40% del profesorado de las universidades públicas españolas eran asociados o sustitutos interinos. Una investigación realizada en la Universidad de Granada (UGR) advierte de la precariedad laboral que existe en la Universidad Pública Española, que se dirige hacia un modelo ‘low cost’, en palabras de los autores, que replica las políticas de gestión de plantilla utilizadas por la mayoría de empresas privadas.
El estudio, realizado por investigadores del departamento de Sociología, señala que la UNED y la propia UGR son, por este orden, las universidades públicas españolas que más apuestan por estabilizar a su profesorado mediante su funcionarización, en un ‘ranking de la precariedad’ que lideran las universidades catalanas (Rovira i Virgili, Pompeu Fabra, Girona, Barcelona, Autónoma de Barcelona y Lleida) que acaparan los 6 primeros puestos del ranking, probablemente por una apuesta explícita que se ha hecho desde la propia comunidad autónoma.
Le siguen la Universidad Carlos III de Madrid, la universidad de las Islas Baleares, la Miguel Hernández de Elche y, completando el top 10, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde más precariedad sufre el profesorado universitario.
Qué se analiza en este estudio sobre la universidad española
En este trabajo, publicado en la revista Educación XX1, los profesores de la UGR José Manuel Torrado y Ricardo Duque Calvache tratan de analizar el alcance de la precariedad laboral en el profesorado de las universidades públicas españolas, mostrando que, lejos de ser un fenómeno aislado, es una práctica generalizada.
Los autores señalan dos causas de este proceso de precarización del profesorado. De un lado, el modelo laboral que se articula con controvertida Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 y su posterior reforma en 2007 (LOMLOU), que supusieron una reconfiguración de las plantillas docentes apostando por la desfuncionarización y consolidando figuras precarias previamente existentes, como son los profesores asociados y genera otras nuevas, como los profesores sustitutos interinos.
De otro lado, no solo influyen las leyes: el contexto de crisis económica iniciado en 2008 y las políticas de austeridad que se aplicaron en la segunda década del presente siglo también están detrás de este proceso de precarización. La imposición de tasas de reposición del 0%, el recorte en el presupuesto destinado a universidades y la congelación de las plantillas estructurales puso a las universidades en una coyuntura en la cual recurrir a figuras precarias se transformó casi en su única opción posible. Por suerte, en los últimos tiempos estas políticas de recortes se han revertido, no obstante revertir los efectos nocivos que tuvieron es algo que lleva mucho más tiempo.
Como explican los autores, “mientras el modelo anterior a la LOU (basado en la Ley de Reforma Universitaria de 1983) contemplaba múltiples vías de acceso a figuras funcionariales, la LOU propone una carrera docente marcada por la sucesión de figuras contractuales de tipo laboral, una carrera que, formalmente, se inicia con el acceso a un contrato temporal como ayudante (3 años) o ayudante doctor (5 años), del cual se pasa a un contrato laboral indefinido bajo la figura de profesor contratado doctor, y posteriormente, a la funcionarización, bajo titular de universidad. El camino para la funcionarización es más largo y tortuoso que antes”.
Un mal uso de la figura del asociado
Además, si bien el profesorado asociado por definición es una figura creada para atraer a la academia a profesionales del sector privado, la realidad es que muchas universidades hacen un mal uso de esta figura, utilizándola para contratar a un profesorado mal pagado que no desempeña una actividad real fuera de la universidad.
“Cuando pensamos en un profesor universitario, solemos pensar en una persona con prestigio, altos ingresos y unas excelentes condiciones de trabajo. Sin embargo, este estereotipo solo se da en las etapas más avanzadas de la carrera docente. La realidad para la mayoría del profesorado es bien distinta. El acceso y la consolidación en la carrera docente, supone pasar por una serie de figuras laborales inestables, precarias y mal remuneradas que se van sucediendo hasta, en el mejor de los casos, llegar a la deseada estabilidad”, apuntan Torrado y Duque.
La confluencia de un marco legislativo que posibilita la precariedad y un panorama de desinversión y recortes, han generado una extensión de la precariedad en las plantillas docentes. Una precariedad que, según los autores, se manifiesta de tres formas: la desfuncionarización de las plantillas (en menos de veinte años, hemos pasado de tener a más de la mitad del profesorado con contratos funcionariales a la situación contraria, a tener a la mayoría bajo figuras contractuales de tipo laboral; la extensión de las figuras laborales precarias (que se refleja en el hecho de que, en el curso 2019/2020, casi el 40% del profesorado de las universidades públicas eran asociados o sustitutos interinos), y el envejecimiento de las plantillas docentes, especialmente del profesorado asociado, interino y ayudante doctor, da cuenta del efecto “cuello de botella” que han causado las políticas de recortes, impidiendo no sólo que se consolidaran los profesores que estaban en los estadios iniciales de la carrera docente, sino también generando un “tapón generacional” que obstaculiza la entrada de los más jóvenes.
Sin embargo, no todas las universidades españolas han sufrido estos procesos en la misma medida. Mientras unas han optado por modelos laborales caracterizados por la precariedad, otras han tendido, en la medida de lo posible, a estabilizar y consolidar a sus plantillas docentes.
