Un estudio de la Universidad de Granada ha retomado el debate tradicional en la interpretación jurídica sobre la importancia del texto y del propósito de las normas. En esta confrontación propia de la filosofía del derecho existen dos posturas: la textualista afirma que lo decisivo es si el significado literal de la regla abarca el caso concreto. La postura propositivista, por su parte, se pregunta si el comportamiento vulnera el propósito de la regla.
Ivar Rodríguez Hannikainen, investigador del Departamento de Filosofía I de la UGR, es el autor principal de este estudio. Hannikainen utiliza el siguiente ejemplo para explicar el debate: “Imaginemos una simple regla no jurídica: ‘Por favor, quítese los zapatos al entrar en un lugar de culto o una casa’. Esta regla tiene el propósito de mantener el suelo limpio. Por trivial que pueda ser, su aplicación a ciertos casos difíciles no lo es. Por ejemplo, si un invitado entra en la casa estrenando un par de zapatos impoluto, ¿incumple la norma? Y si, por el contrario, alguien entra descalzo, pero sus pies están embarrados y por tanto ensucia el suelo, ¿esta segunda persona ha infringido la norma? Estos casos revelan un problema fundamental en la interpretación jurídica: si para interpretar y aplicar una norma escrita debemos de guiarnos por su texto o por su propósito”.
La investigación encabezada desde la UGR ha tenido en cuenta a 15 países distintos de América, Europa y Asia. El objetivo, averiguar cómo se interpretan las normas escritas en distintas culturas. Para ello, el equipo del estudio ha reclutado a 4.120 personas y les ha pedido que consideren varias normas escritas y que, para cada norma, juzguen si una determinada conducta incumple la regla o no.
Qué ha revelado este estudio sobre la interpretación de las leyes
Los resultados han revelado una tendencia global hacia la postura textualista: es decir, a considerar que los casos sobreinclusivos (el entrar en casa con zapatos recién estrenados y limpios, si se tiene en cuenta el divulgativo ejemplo que propone el investigador) infringen la norma, mientras que los casos subinclusivos (el entrar con los pies sucios y sin zapatos) no lo hacen. En un segundo paso, los investigadores han realizado el mismo estudio con 775 abogados, jueces y profesionales del derecho de cuatro países distintos, “y observamos que su tendencia al textualismo es aún más pronunciada”, detalla Ivar Rodríguez Hannikainen.
“La respuesta textualista, sin embargo, es insatisfactoria desde el punto de vista moral, puesto que nos lleva tanto a condenar conductas inocuas -es decir, las sobreinclusivas- como a exculpar conductas dañinas -las subinclusivas-”, explica el autor principal del estudio. Entonces, ¿por qué se aplican las reglas de manera textualista y contraria a la valoración moral que hacemos de la situación?
Con el fin de explicar este fenómeno, el equipo del estudio ha acudido a la teoría de juegos. “Nos preguntamos si la interpretación jurídica puede modelizarse como un juego de coordinación en el que, además del bien común o la utilidad, los jueces responden a ciertos incentivos a la coordinación para encontrar un grado de acuerdo entre distintos jueces. Supusimos que, al contemplar un caso judicial, los jueces o agentes decisorios no pretenden simplemente emitir el juicio que consideren mejor según sus propios valores, sino además el más previsible o coherente con el veredicto que otro juez habría emitido ante ese mismo caso”, expone Ivar Rodríguez.
Para simular experimentalmente este incentivo, se ha diseñado un juego económico que empareja a los participantes del estudio y les explica que recibirán una bonificación económica adicional si son capaces de decidir una serie de casos de la misma forma que su pareja en el juego, sin tener la oportunidad de comunicarse con él o ella. En este último estudio, se ha asignado aleatoriamente a la mitad de los participantes a que participasen en el juego económico, mientras la otra mitad ha juzgado los mismos casos en condiciones normales, sin asignarles una pareja ni ofrecerles ningún incentivo económico.
En estas circunstancias, los investigadores han observado el efecto previsto de la coordinación sobre la interpretación jurídica. Los participantes a los que se les ha ofrecido una recompensa por su coordinación le han dado mayor peso al texto de la norma (juzgaban de manera más textualista) que los participantes en condiciones normales, sin incentivos.
“Por tanto, parece que el textualismo jurídico refleja la presencia de un incentivo a la coordinación y que este incentivo nos lleva a intentar decidir de la misma forma, incluso cuando esta decisión dista de la que consideramos la mejor desde una óptica moral”, concluye el investigador de la UGR Ivar Rodríguez Hannikainen.
