La Universidad de Granada ha emitido un comunicado este jueves, firmado por la rectora, Pilar Aranda, y el Consejo de Gobierno en el que aclara el funcionamiento de sus estudios de Máster, “ante las informaciones y los acontecimientos de los últimos días sobre las presuntas irregularidades en la concesión de un título de Máster en una universidad pública española”. Una comunicación a la que se han adherido también el Defensor Universitario, la Delegación General de Estudiantes a través del coordinador general, Julián Juberías Olmos, y el Consejo Social de la Universidad a través de su consejero secretario Antonio Romero Romero.
La UGR explica en su nota, que a continuación reproducimos:
“Que todas las universidades públicas disponemos de instrumentos de control y procedimientos reglados con los que hacer frente a cualquier tipo de malas praxis académicas o de ilegalidades en la actividad universitaria y, por tanto, esperamos que estos actúen con total normalidad y que con la máxima celeridad se depuren las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse de los hechos controvertidos.
Que el sistema universitario público está sometido a estrictos mecanismos de evaluación y control interno y externo de su actividad y, por ello, queremos manifestar nuestra confianza en el desarrollo del conjunto de las enseñanzas de másteres y del resto de titulaciones impartidas en la universidad pública. En particular, en el ámbito de la Universidad de Granada, la Escuela Internacional de Posgrado cuenta con un sistema de garantía de la calidad acreditado que contribuye al rigor, la eficacia y la transparencia en la gestión de sus titulaciones.
Que denunciamos la instrumentalización de un caso particular para poner en entredicho la credibilidad del funcionamiento del sistema público de educación superior en su conjunto. La integridad académica, científica y de gestión constituye uno de los principios básicos de nuestra vida universitaria. Como institución pública estamos comprometidos con la rendición de cuentas y la autocrítica de nuestras actuaciones, especialmente cuando se alejan de los fines y misiones que la sociedad nos encomienda. Pero en la misma proporción debemos de poner de manifiesto que nuestras decisiones se toman de manera motivada y se garantiza que los procesos de gestión se desarrollen con diligencia, transparencia y respeto a los derechos de las personas implicadas. Una mala praxis o una irregularidad no puede servir de pretexto para poner en cuestión la actividad de la inmensa mayoría de nuestro personal docente e investigador, del personal de administración y servicios y de nuestro estudiantado, respetuosa siempre con los principios y normas que deben inspirar la conducta de los miembros de nuestra universidad.
Responder con total transparencia, asumir las consecuencias y depurar las responsabilidades que puedan derivarse de un caso de mala praxis universitaria es un deber para con la sociedad. Defender la integridad y la honestidad del trabajo del conjunto de la comunidad universitaria española es un deber para con nuestra institución y un compromiso firme con el sistema público de educación superior. Reiteramos nuestra confianza y nuestro compromiso con la universidad pública que ha garantizado durante décadas la formación de distintas generaciones y ha contribuido a la consecución de importantes progresos sociales que la han hecho alcanzar elevados y merecidos índices de satisfacción y reconocimiento por parte de la ciudadanía”.
