El último Consejo de Gobierno del curso académico de la Universidad de Alicante ha aprobado el I Plan de Responsabilidad Social de la UA, una apuesta institucional por instaurar una relación ética y transparente de la institución de educación superior con la sociedad, y conlleva el establecimiento de estrategias para la acción orientada a contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad, preservando los recursos naturales, el patrimonio artístico-cultural, respetando la diversidad étnico-cultural y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales por cualquier causa.
La vicerrectora de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad, María José Rodríguez, ha sido la encargada de defender el proyecto ante el órgano de dirección universitario ante el cual ha explicado que “la Universidad de Alicante viene aplicando la Responsabilidad Social a través de su incorporación en la agenda institucional desde el año 2012” a través de diversas iniciativas y en diferentes ámbitos. Rodríguez ha señalado que “este Plan de Responsabilidad Social toma como punto de partida el Plan Estratégico UA40, en el cual se define a nuestra universidad como una institución pública y socialmente responsable y permite introducir el valor de la responsabilidad social de forma transversal en la gobernanza universitaria”.
En su intervención la vicerrectora ha destacado que “el propio plan asume que la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es todavía un objetivo sobre el cual avanzar -con su aprobación nos situamos entre el reducido número de universidades que cuentan con una estrategia de esta naturaleza-, que requerirá, para alcanzar el mismo grado de madurez que cuenta la materia en otros sectores, de la complicidad de la comunidad universitaria, del apoyo de otras instituciones, de investigación y profesionalización”.
El citado plan se estructura en siete ejes de intervención que incluyen 20 objetivos de los cuales se derivan la setenta y dos acciones que articulan el plan a desarrollar entre 2018 y 2020. Los siete ejes de intervención abarcan los diferentes ámbitos universitarios como son: la governanza, Investigación y Transferencia del Conocimiento, formación universitaria, contribución económica responsable y apoyo al entorno, gestión ambiental, cooperación universitaria al desarrollo y visibilización, sensibilización y transparencia.
Reducción de consumo de plásticos
Como parte de la responsabilidad social que la Universidad de Alicante tiene con su entorno social y ambiental, y en la búsqueda del liderazgo y adaptación al nuevo marco contextual, el Plan de Responsabilidad Social introduce un proyecto innovador, inédito en el ámbito universitario, con el propósito de satisfacer la necesidad de reducir el consumo de plásticos.
Con esta finalidad, el Vicerrectorado de Campus y Tecnología ha coordinado la propuesta de 25 acciones específicas a implementar en un plazo medio que se estima hasta el curso 2022-2023. Estas acciones se adscriben en torno a la consecución de cuatro objetivos específicos: reducir el residuo plástico y de envases, aumentar la eficiencia del sistema de reciclaje, sensibilizar a la comunidad universitaria para una mejor asunción de hábitos de vida y de consumo medioambientalmente sostenibles, y aumentar la organización y coordinación de los diferentes grupos de interés de la comunidad universitaria para una mejor gestión y gobernanza antes los retos que se plantean en materia medioambiental.
Doctora Honoris Causa
Por otro lado, este último Consejo de Gobierno del curso, ha aprobado por unanimidad este viernes el nombramiento de la catedrática de Historia de la Ciencia, Teresa Ortiz-Gómez, como Doctora Honoris Causa a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras.
Nacida en Cuenca, el 21 de agosto de 1953, es catedrática de Historia de la Ciencia y Género en el Departamento de Anatomía Patológica e Historia de la Ciencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Cofundadora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada (1986), pionero en los estudios feministas y de género en las universidades españolas. Ha desarrollado una intensa actividad de gestión universitaria destacando su trabajo como directora del Instituto de Estudios de las Mujeres de la UGR y del programa de doctorado (Estudios de las Mujeres y de Género 1997-2007) y directora de la revista Dynamis (1999-2011) especializada en Historia de la medicina y de la ciencia.
Teresa ha sido referente en la investigación de la historia de las ideas médicas sobre las “mujeres”, el cuerpo femenino y las actividades profesionales de la salud. Sus investigaciones se han caracterizado por la mirada poliédrica que imprime a sus preguntas de investigación y la interdisciplinariedad de las perspectivas metodológicas utilizadas. Siempre desde el marco de historia social y cultural, haciendo visibles a las mujeres y las relaciones de género subyacentes en las prácticas de salud y en el conocimiento científico. Así, en sus primeros trabajos sobre profesión médica y profesionales sanitarios en Andalucía en el siglo XVIII – XX realizó un mapa, hasta entonces inédito, de la distribución geográfica de médicos y profesionales sanitarios. Posteriormente, en los años 90 inició investigaciones sobre los discursos médicos de la mujer en el siglo XX desde la perspectiva de género y feminista que continuó con trabajos dedicados a la anorexia, la anticoncepción y la transexualidad.
Su trabajo de investigación ha sido pionero y significativo en el campo de la historia de las ideas médicas, de las profesiones sanitarias y de los estudios de las mujeres. Ha contribuido a crear en España las bases de la investigación en los campos interdisciplinares “Género y salud”, “Género y ciencia” y “Género e historia”. El análisis del discurso y la historia oral constituyen la base de dos proyectos de historia de la planificación familiar en los que trabaja desde el año 2008 y en los que se ha prestado especial atención al activismo sanitario y feminista por la planificación familiar durante la transición democrática.
Desde el año 1987 ha publicado 16 libros, nueve ellos editados y seis de autoría individual (3) o colectiva (3). También 30 artículos en revistas académicas y 60 capítulos de libro.
Movilización sindical
Coincidiendo con la celebración del Consejo de Gobierno de la UA, la intersindical universitaria ha convocado esta mañana una concentración a las puertas del edificio de Rectorado y Servicios Generales para protestar por la aprobación de la derogación, a partir del curso 2019-20, del acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de febrero de 2013 por el que se establecían los criterios para la reducción docente del profesorado mayor de 60 años, así como la aprobación de la modificación de la Normativa que regula la jornada de trabajo, horarios, permisos, licencias y vacaciones del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Alicante.
Desde que el actual equipo rectoral accedió a la dirección de la institución se cuestionó la base normativa de las diferentes reducciones de jornada activas por cumplimiento de edad. Según aseguró en un comunicado, se han buscado soluciones a esta cuestión intentando enlazarlas, primero, con lo que se indicaba en la disposición adicional vigésimotercera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que modificó la Ley Orgánica de Universidades del año 2001. Pero el Tribunal de Cuentas, reiteradamente, ha manifestado la improcedencia de estos acuerdos, por cuanto apuntaba (en uno de sus comentarios al respecto) que: “…difícilmente han podido Gobierno, Comunidades Autónomas y Universidades promover en el marco del referido estudio (el que se indicaba a futuro en la disposición referenciada) el establecimiento de acuerdos que faciliten la reducción paulatina de actividad, una vez alcanzados los sesenta años”. En este sentido, el equipo de dirección que lidera Manuel Palomar asegura que se ha buscado, como segunda opción, ese soporte legal a partir de la actualización de las normativas de Función Pública que se introducen en las sucesivas leyes de presupuestos o de acompañamiento a las mismas, pero a fecha de hoy no ha sido posible hallar ese soporte legal.
Con ocasión de la reducción de la jornada de trabajo que permite la vigente norma presupuestaria (de 37:39 a 35:25 horas) y teniendo en cuenta la falta de soporte legal de las reducciones de jornada por edad, el actual Consejo de Gobierno ha considerado resolver esta cuestión aprobando ambas modificaciones.
