Ayer fue aprobada la nueva Ley de Costas que va a evitar que desaparezcan 213 viviendas y 105 instalaciones turístas en la provincia de Almería. Este nuevo texto legal ha nacido con la crítica de grupos ecologistas y según ha explicado la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, responde a “la necesidad fundamental de conciliar la sostenibilidad de nuestras costas y la protección de nuestros espacios naturales con el crecimiento económico y el mantenimiento de la actividad del sector turístico”. La Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, aprobada ayer en el Congreso, permitirá preservar la actividad de instalaciones turísticas que generan unos 30.000 empleos directos en Andalucía (3.500 en la provincia de Almería) y facturan en torno a los 350 millones de euros anuales (36 millones de euros en Almería).
Según Crespo, esta conciliación es especialmente necesaria en Andalucía, con 500 kilómetros de litoral y cinco provincias costeras, donde “el sector turístico es uno de los motores de nuestra economía”. Así, la nueva Ley de Costas permitirá evitar que desaparezcan 4.604 viviendas en el litoral andaluz (213 en Almería) y más de 9.670 instalaciones turísticas (105 en la provincia de Almería), entre las que habría que contabilizar hoteles, restaurantes y chiringuitos.
La nueva ley proporciona, además, instrumentos “potentes”, según Crespo, “para evitar las barbaridades urbanísticas que se hicieron al amparo de la ley de 1988”, a la que sustituye, con ejemplos “tan claros” como el del Algarrobico. A este respecto, la nueva ley atribuye competencias a los delegados del Gobierno, que podrán suspender cautelarmente las obras que afecten a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección que vulneren la Ley de Costas.
Por otro lado, la delegada ha explicado que la incidencia de la nueva Ley de Costas en el litoral andaluz redundará en la protección del litoral, mediante la preservación de playas vírgenes, la prohibición de nuevas edificaciones y el mantenimiento de la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros, entre otros aspectos, así como la mejora de la seguridad jurídica para los propietarios de viviendas y la protección de instalaciones industriales y turísticas.
