El Consejo de Gobierno ha autorizado la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra tres normas estatales que, a juicio de la Junta, perjudican el desarrollo de las energías renovables. Estas normas son la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; el Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, y el Real Decreto-Ley 29/2012 de mejora en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social (que incluye disposiciones relativas al sector energético). La Ley 15/2012 crea nuevas figuras tributarias y grava con un tipo único del 7% los ingresos por generación eléctrica.
Ello afecta especialmente a las firmas del sector de las renovables, que ahora suman esta penalización a la supresión de los incentivos ya impuesta por el Gobierno central en enero del pasado año. La Junta entiende que la creación del impuesto, que además podría repercutir finalmente en el consumidor, no tiene en cuenta las peculiaridades de un sector cuyos proyectos exigen un sobreesfuerzo inversor y tecnológico, y sitúa su tasa de rentabilidad en valores que impedirán a los promotores devolver la deuda financiera que asumieron en un marco retributivo muy distinto al actual.
El Gobierno andaluz subraya que el nuevo tributo es contrario a los principios de planificación energética estable fijados por la Unión Europea y vulnera los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. Por un lado, el cambio normativo por vía de urgencia crea una situación de incertidumbre en el régimen jurídico del sector, así como entre los operadores y los ciudadanos. En cuanto a la confianza legítima, el afán recaudatorio de la medida supone la quiebra de las inversiones que las empresas realizaron al confiar en un marco regulatorio estable.
