Fiscales, magistrados, abogados y estudiantes de Derecho discutirán, en el curso de verano de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ‘El anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal: un nuevo modelo de justicia penal’, las líneas maestras de esta nueva propuesta (aprobada por el Consejo de Ministros el 24 de noviembre de 2020).
Este curso, organizado en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Cuenca, pretende ser un encuentro de discusión y reflexión sobre la necesidad de modernizar la justicia penal; estudiando, exponiendo y valorando los factores que influyen en ella. Para ello, ‘El anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal: un nuevo modelo de justicia penal’ acoge, hasta el 16 de julio, las intervenciones de expertos en la materia y entre los que destaca la figura del presidente de la Comisión que elaboró el anteproyecto, Juan José López Ortega, que presentará los pilares de la reforma.
Durante al acto de inauguración, al que han asistido la directora académica del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Responsabilidad Social, Blanca Notario; el decano de la Facultad de Ciencias Sociales en el Campus de Cuenca, Ricardo Martínez; el decano del Colegio de Abogados de Cuenca, Ismael Cardo; así como los coordinadores del curso, Yolanda Doig y Antonio Ruiz, se ha incidido en que este anteproyecto propone que la investigación del delito se encomiende al Ministerio Fiscal, del que dependerá la policía judicial, tal y como ocurre en los países de nuestro entorno. “Con la atribución de la instrucción al fiscal se salvaguarda la independencia del juez, quien se convierte en el garante de los derechos de las partes y desaparece la figura del juez de instrucción para ser sustituido por un juez de garantías”, ha señalado la profesora de la UCLM y coordinadora del curso, Yolanda Doig.
Un anteproyecto que por vez primera recoge una definición de la presunción de inocencia y un estatuto de la defensa en la fase de investigación con cautelas. Además, en el ámbito de la persecución de los delitos, se realiza una nueva regulación de los actos de investigación que con mayores garantías intenta limitar el acceso a los datos personales, así como la ejecución de la sentencia con el establecimiento de reglas de inicio de cumplimiento y de procedimiento.
