Este curso va a estar marcado por el debate en torno al anteproyecto de la Ley de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU), con la que se pretende modernizar a las universidades y aportarles las herramientas para responder de manera mucho más ágil. Aunque en la definición de los objetivos se puede decir que hay cierto consenso, no ocurre lo mismo con la manera y los medios propuestos para alcanzarlos.
Autonomía universitaria, financiación, precariedad de las plantillas y fórmulas para promover la calidad de la docencia y de la investigación centran el debate, del que no rehuyen los rectores. Uno de ellos, el rector de la Universidad de Murcia, Juan José Luján, que en esta entrevista opina abiertamente sobre la LOSU y pone sobre la mesa las cuestiones con las que tienen que lidiar diariamente los gestores universitarios.
La LOSU abre la puerta a un modelo nuevo para la elección de rector/a, en el que entra en juego un comité externo a la universidad, ¿qué le parece? ¿restará autonomía a las universidades?
Quizá conviene dejar claro en primer lugar que lo que estamos manejando es un primer anteproyecto que todavía cambiará mucho, tanto en su periplo pre-parlamentario, como en su tramitación parlamentaria. Dicho eso, en este documento la cuestión de la gobernanza es, posiblemente, la que queda más en nebulosa, pues más allá de sugerir algunas medidas como la que usted señala, ni se muestra un modelo definido para el gobierno de la universidad, ni hay una verdadera representación de lo que la significa la autonomía universitaria
Al mismo tiempo, los centros no elegirán directamente a sus decanos, sino que la figura del rector designará el puesto de entre las tres personas más votadas, ¿puede entenderse como una manera de ‘pacificar’ los campus y restar posibilidad de oposición?
Lo conveniente en estos casos no es una cuestión de “pacificar” los campus, expresión que no acabo de entender, sino de defender la autonomía universitaria. Cada universidad pública debe tenerla, debido a que ello es lo que permite ejercer una democracia real en el seno de las mismas, y que las decisiones sea adoptadas con libertad y de forma adecuada, adaptándose a las necesidades, al amparo de las decisiones de sus órganos competentes.
Se prevé que el 1% del PIB se dedique a universidades, ¿es suficiente? ¿cuál sería la cifra adecuada?
La cifra adecuada es aquella que nos permita cubrir las necesidades de la Universidad Española, infrafinanciada e infravalorada en muchos casos. Es responsabilidad de los poderes públicos que son quienes crean, también sostener las universidades públicas y deben hacerlo de tal forma para que puedan desenvolver adecuadamente su misión.
También se busca la estabilización de las plantillas y la reducción de profesores asociados, ¿la financiación prevista hará posible esta iniciativa?
Si nos referimos a la LOSU, una de las cuestiones que echamos de menos en la nueva ley es que no va a acompañada de las medidas económicas que darán soporte y permitirán su aplicación, sin una estimación del presupuesto difícilmente podemos prever las implicaciones.
La calidad de la enseñanza también pretende mejorarse con el sexenio docente, ¿de qué manera se incentivará a los profesores?
El sexenio docente vendría a completar la evaluación integral de la actividad del profesorado en sus tres dimensiones: investigación, transferencia y docencia. Aneca actualizó el programa Docentia en 2020, posibilitando su aplicación en ese mismo año, y la experiencia en la Universidad de Murcia ha sido positiva, favoreciendo el desarrollo y reconocimiento de los docentes.
¿Qué aportarán los itinerarios abiertos en los grados y los títulos duales?
Se pretende que el permitir a los alumnos cursar asignaturas de otros títulos afines y que los títulos de Grado y Máster puedan incluir la mención dual, venga a configurar una formación más completa y consolidar los planes de estudio de Grado de 240 créditos. Sin embargo, para garantizar la calidad de la oferta formativa universitaria y la desburocratización, hay que centrar el foco en muchos más factores, este cambio apenas incide en la estructura básica de la oferta académica vigente, actualmente.
¿Considera acertados los criterios establecidos en el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades? ¿Es una manera de defender a las públicas con respecto a las privadas?
Insisto en que son muchos los aspectos que la ley contempla de forma un tanto ambigua, y muy especialmente el tema de la financiación. Entre las universidades públicas y las universidades privadas no existe verdadera competencia. Para que se diera esta última sería preciso que unas y otras ofrecieran sus servicios al mercado sin más restricción en la fijación de los precios que la ley de la oferta y la demanda. No quiero decir que esto deba ser así, obviamente. Lo que quiero es llamar la atención sobre el hecho de que si la falta de ingresos por precios de matrícula inherente a la universidad pública no se compensa con una financiación pública suficiente, la universidad pública no tendrá futuro.
