Una nueva sentencia de la Audiencia Nacional vuelve a dar la razón a los Ingenieros Técnicos Industriales. Se trata de un recurso contencioso-administrativo que fue promovido por el Abogado del Estado en defensa y en representación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra cinco resoluciones del Instituto Gallego de la Vivienda de fecha 20 de diciembre de 2016 que denegaba la rehabilitación presentada por varias comunidades de propietarios de La Coruña por el hecho de que el informe de evaluación del edificio (IEE) que se ha de acompañar a la solicitud, no está firmado por un técnico competente.
En dos de ellas, se alega además, por el mismo motivo, que el proyecto de instalación de un ascensor no cumple los requisitos exigibles. Tras la sentencia que les da la razón, los colegios de Ingenieros Industriales recuerdan que estos profesionales también intervienen en el proceso de la edificación, redactando y dirigiendo obras.
“Además del daño que se le hace a un colectivo profesional cualificado y preparado como el de los Ingenieros Técnicos Industriales, los grandes perjudicados son los propios ciudadanos, ya que se pueden ver de manera involuntaria envueltos en un mercado monopolizado, con sobrecostos innecesarios y en una disputa legal, llegando a enfrentarse a multas y sanciones si no atienden los requerimientos recibidos después de un excesivo periodo y tener las tasas pagadas”, explica Francisco Lores, del Colegio de Ingenieros Industriales de Almería.
Los representantes de los ingenieros industriales recuerdan que aún hay ayuntamientos que incumplen el dictamen del Comité Nacional de Competencia, que imposibilita que estas inspecciones puedan quedar limitadas a unos técnicos concretos. Y se espera que a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y algunas agencias autonómicas de la competencia, se puedan resolver esta situación sin necesidad de seguir recurriendo a los Tribunales de Justicia.
“Tenemos que ir dejando a un lado los cotos cerrados para determinados profesionales que no estén basados en conocimientos, y apostar por una competencia sana que fomente la competitividad, y genere garantías y seguridad a la sociedad que estatuariamente tienen atribuidos con la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, y todo ello ante toda clase de Instituciones, Tribunales, Administraciones Públicas, Entidades sociales y particulares. En este aspecto, los Colegios Profesionales hemos de ser garantes y rebajar el nivel de corporativismo, para confluir en modelos de habilitación profesional que permita a nuestros compañeros mantener un desarrollo continuo acompañado de una versatilidad y evolución de las atribuciones”, concluye el presidente de COGITIAL, Francisco Lores.
