Juan José Rubio
España ha experimentado una recuperación económica equilibrada durante los últimos cuatro años. En 2018, la economía creció a una tasa del 2,4%, principalmente debido a un sector de construcción activo y al aumento del gasto público. Sin embargo, un menor consumo de los hogares y una caída en las inversiones comerciales, junto con problemas estructurales como un presupuesto nacional desequilibrado y un alto déficit fiscal y deuda pública, comienzan a ralentizar la tasa de crecimiento en 2019. Al cierre del 2019, se prevé una nueva desaceleración para la economía española en 2019 y 2020 (2,1% y 1,7%, respectivamente), en medio de la incertidumbre política nacional e internacional , un posible aumento de la presión fiscal, un crecimiento mundial débil y el nuevo aumento del proteccionismo.
Tras el ilegal referéndum catalán de 2017 para lograr la independencia de España y la posterior medida reacción del gobierno central, el año 2018 también se caracterizó por la incertidumbre política en España. De hecho, en junio de 2017, el ex primer ministro Mariano Rajoy perdió un voto de confianza y fue reemplazado por el líder opositor Pedro Sánchez del Partido Socialista, funcionando desde entonces con gobiernos provisionales. Al mismo tiempo, los movimientos nacionalistas y populistas han ido ganando impulso, como lo demuestra la victoria en las elecciones regionales en Andalucía del partido de derecha, Vox. Dinámica que se ha visto confirmada en las dos elecciones generales con la consolidación de estos partidos radicales y que abre una incógnita tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y sobre la conformación de un nuevo gobierno en los albores del 2020.
«Aunque la deuda de las Administraciones públicas españolas se ha reducido supera ampliamente el objetivo fijado para el conjunto del presente ejercicio en el Plan Presupuestario 2020»
El debate sobre la combinación más adecuada de políticas económicas está virando hacia un papel más activo de la política fiscal. La resistencia de las tasas de inflación a converger hacia los objetivos de medio plazo de la política monetaria y el debilitamiento de la actividad y del comercio globales desde comienzos de 2018 han impulsado el debate acerca de la contribución más apropiada que la política monetaria y la política fiscal pueden realizar para la superación de esta situación. Hasta la fecha, la política monetaria ha hecho una aportación decisiva para ayudar a revertir esta dinámica. Sin embargo, el estrechamiento del margen de actuación de esta herramienta de política económica ha dado pie a que se abogue por un uso más activo de la política fiscal, especialmente dada la evidencia de que la capacidad de una expansión presupuestaria para afectar positivamente a la actividad y a los precios es precisamente mayor cuando los tipos de interés se encuentran en las proximidades de su cota inferior. En el caso concreto del área del euro, esto aconseja que los países en una posición fiscal más favorable utilicen el margen disponible para impulsar políticas presupuestarias expansivas, centradas particularmente en proyectos de inversión con un impacto positivo elevado sobre el crecimiento de largo plazo. Sin embargo, existe un amplio consenso en que la prioridad para aquellas otras economías con niveles de deuda elevados, como es el caso de España, debe continuar siendo alcanzar una posición presupuestaria más saneada, de modo que se genere un margen de maniobra mayor para combatir una eventual desaceleración más acusada de la actividad. Por ello, aunque la deuda de las Administraciones públicas españolas se ha reducido en el 3T19 hasta el 97,8% del PIB, dicha cifra supera en dos décimas la del cierre de 2018 y ampliamente el objetivo fijado para el conjunto del presente ejercicio en el Plan Presupuestario 2020 (95,9%). Por Administraciones, destaca la corrección en las comunidades autónomas, cuya deuda en términos de PIB está en mínimos de cuatro años, si bien existe una elevada divergencia por regiones: mientras que, en Madrid, País Vasco y Canarias, se sitúa en torno al 14% de sus respectivos PIB, en la Comunidad Valenciana supera el 40%.
«El bajo nivel de población activa en España en comparación con la fuerza laboral potencial, denota que muchas personas abandonaron la búsqueda de empleo»
Por lo que se refiere al mercado de trabajo, la tasa de desempleo en España ha disminuido, pero sigue siendo muy alta con previsiones de una nueva reducción en 2019 y 2020, un 14,7% y un 14,3%. Otro problema que enfrenta el mercado laboral español es el bajo nivel de población activa en comparación con la fuerza laboral potencial, lo que denota que muchas personas abandonaron la búsqueda de un empleo. Además, España sigue siendo un país con fuertes desigualdades: según los datos de la Oficina de Estadística de España, el 21,6% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza (establecido en 8.500 euros por año), y los gastos sociales en el presupuesto público solo representan aproximadamente 17% del PIB, comparado con un promedio de la UE del 20% (Eurostat).
La prolongación de la fase expansiva se vería reforzada con la constitución de un gobierno estable que pusiera en práctica políticas orientadas a retomar la consolidación fiscal, favoreciendo así la ampliación del margen de maniobra presupuestaria frente a eventuales situaciones adversas, y que impulsara medidas dirigidas a aumentar el crecimiento a largo plazo. Por un lado, en el ámbito fiscal, la reducción del déficit se ha apoyado, a lo largo de la recuperación, sobre todo en los efectos favorables del ciclo económico y en la disminución de los gastos por intereses, como consecuencia de la disminución de los costes de financiación. Sin embargo, apenas se han producido avances en la corrección del déficit estructural, lo que limita la capacidad de la política fiscal para afrontar un eventual cambio en el ciclo económico. Por otro lado, es preciso retomar la agenda pospuesta en los últimos años de adopción de las reformas necesarias para aumentar la productividad de la economía y su capacidad de creación de empleo. Reformas estructurales que pasan por dar a las regiones autónomas una mayor estabilidad presupuestaria y financiera a través de un modelo de financiación estable. Otras reformas pendientes incluyen la innovación tecnológica para diversificar la economía española, fomentar mejores condiciones de empleo, un ecosistema mejorado de I+D+i y programas sociales basados en el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Pero especialmente es necesario centrarse en una adecuada atención a la política manufacturera que permita invertir la dinámica actual del sector que se caracteriza por un fuerte debilitamiento concretado en los siguientes datos : la afiliación crece al menor ritmo desde finales de 2014; la entrada de pedidos cae en el 3T19 un 0,8%, el primer retroceso en tres años; el grado de utilización de la capacidad productiva está en mínimos del último año (79% en el 4T19); el PMI (índice de gestores de compras) de la industria manufacturera se encuentra en niveles contractivos desde junio; la confianza en el sector se sitúa en mínimos de cinco años, y el consumo de energía eléctrica de las grandes empresas industriales viene reduciéndose, de forma ininterrumpida, desde hace casi dos años.
Las diferentes sensibilidades que van a cohabitar en el nuevo gobierno con intereses y opciones presupuestarias, en muchos casos antagónicas, van a hacer muy difícil, aunque no imposible, una equilibrada política presupuestaria que conjugue todos los intereses en juego de los diferentes soportes de la coalición gubernamental. El primer reto respecto a la estabilidad del nuevo gobierno será la presentación de los presupuestos generales del Estado para 2020 y entonces podremos calibrar hasta que punto los intereses de España se alinean con las propuestas económicas del nuevo gobierno.
Juan José Rubio. Catedrático de Hacienda Pública y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad de Castilla-La Mancha
