El conocido economista José María Gay de Liébana ofreció, ayer, una ponencia en uno de los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga que durante esta semana se desarrolla en Marbella, organizados por la Fundación General de la UMA con el patrocinio principal de Santander Universidades. El profesor considera que aunque la recuperación económica se consolidará en España hay que pensar en el futuro y mejorar.
Gay de Liébana ha comentado que el turismo de España es un “turismo prestado”, que este año vendrán 84 millones de visitantes pero que se sigue con el mismo modelo que hace 50 años: “Este modelo económico tiene que cambiar”, ha afirmado rotundamente. En este sentido el experto ha explicado que las clases medias altas sí prosperan pero las medias están en una situación complicada y van hacia la clase baja, y ha añadido que hay personas de más de 50 años en paro con gran dificultad para encontrar trabajo porque no han tenido un reciclaje adecuado.
“Faltan muchas cosas por hacer a nivel económico y no se trata de decir que todo va bien sino de saber a dónde tenemos que ir, me preocupa la España de dentro de 5 años que ya no tendrá esta ola de turismo porque se habrá puesto orden en otros rincones del Mediterráneo”, ha manifestado.
Recuperación coyuntural
Por todo ello, el divulgador cree que la recuperación actual es coyuntural, estacional, “sin unos cimientos sólidos”. “Hemos de pensar en la industrialización de España, a día de hoy tiene un 12 por ciento de su PIB en industria, un índice muy bajo que debería ser del 20 por ciento”, ha explicado el profesor de Economía en la Universidad de Barcelona.
Sobre el impacto del Brexit en sectores económicos estratégicos, Gay de Liébana ha dicho que, de momento, esta decisión no está impactando en la economía española, aunque sí que hay inversiones españolas en Reino Unido que ya están resentidas. “A medio plazo sí nos va a afectar y habrá una pérdida de poder adquisitivo por parte de los ciudadanos británicos, devaluación de la libra y será más complicado venir a Europa, por ejemplo con la exigencia de visados”, ha analizado. Los sectores en España que se pueden ver afectados pasan por el inmobiliario, el turismo, la agroalimentación o el del automóvil, lo que puede provocar una contracción en el crecimiento del PIB de España, según este experto.
Holanda y Uruguay, ejemplos de modelos nacionales de regularización del cannabis
El seminario “Políticas sobre el cannabis. Nuevos modelos de regulación” ha contado con la participación de dos ponentes que han explicado los sistemas implantados en la actualidad en Holanda y Uruguay. Ha abierto el turno de las charlas la investigadora del programa de Drogas y Democracia del Transnational Institute Pien Metaal, que ha expuesto los detalles de uno de los modelos más conocidos a nivel internacional, el caso holandés, pionero en regular el consumo del cannabis. Según Metaal, la experiencia de la regulación en este país europeo demuestra que en estos años de aplicación la venta legal no ha aumentado el consumo y ha permitido un mayor control sobre la calidad del producto y la forma en la que se consume ya que se tiene acceso directo a la gente que compra la sustancia, con lo que se puede prevenir usos indebidos y abusos en el mercado.
Asimismo, la investigadora ha definido la regularización como la mejor manera para abordar esta materia de forma transparente y un medio efectivo para hacer frente a los mercados ilícitos, con el objetivo de reducir el impacto de prácticas poco deseadas, como el narcotráfico. “La regularización no es la respuesta a un mundo perfecto, pero es la mejor forma de reducir los daños que causa el negocio de las drogas”, ha sentenciado. Para terminar, la ponente ha apostado por abrir un diálogo de calado mundial para debatir los tratados internacionales vigentes, ya que, a su juicio, son normativas desfasadas que únicamente abordan el uso medicinal y científico del cannabis y que, por tanto, no se ajustan a las necesidades de la actualidad.
Uruguay, otro ejemplo de regulación del cannabis
Posteriormente, ha continuado la exposición con el ejemplo de Uruguay Diego Silva, corredactor y asesor legislativo en la aprobación de la Ley de Regulación y Control del Mercado de la Marihuana en el país andino, que entró en vigor en el año 2013 bajo el mandato del presidente Múgica. Esta norma abandona el modelo hegemónico imperante hasta entonces de guerra a las drogas y pasa a considerar el problema como un asunto de salud pública, por lo que el Derecho Penal se ocupa únicamente del crimen organizado y del narcotráfico y no castiga el resto de conductas vinculadas, como el consumo.
Silva ha vaticinado que la regularización del cannabis será una realidad en el mundo occidental en un plazo de diez años ya que la coyuntura actual así lo exige. El experto ha defendido el derecho al autoconsumo y ha señalado la obligación de los estados a ofrecer a sus ciudadanos mecanismos de acceso a la sustancia que garanticen un producto de calidad sanitaria y que aporte una información debida acerca de los riesgos que conlleva. “El consumo de drogas es una actividad lícita entre las personas adultas. Lo que se busca a través de la regulación es que la población que desee consumir cannabis tenga mecanismos de acceso legales que le eviten entrar en contacto con el crimen organizado”, ha resumido.
El modelo federal haría un estado más operativo y eficaz
El catedrático de la Universidad de Sevilla Manuel Medina ha protagonizado la primera conferencia de la jornada del curso sobre los retos de la Constitución, una ponencia en la que ha explicado los aspectos de la Carta Magna que podrían modificarse para avanzar hacia un estado federal que superara las ineficiencias del actual modelo autonómico. En este sentido, Medina ha precisado que una de esas líneas de reforma fundamentales apuntaría a convertir el Senado en una verdadera cámara de representación territorial que tuviera intervención obligatoria para aprobar la normativa básica del Estado, con el objetivo de garantizar que las comunidades autónomas tengan un margen de maniobra político efectivo en el desarrollo de las bases.
Medina se ha referido al federalismo como la siguiente etapa lógica una vez superado el sistema autonómico vigente y ha aportado que este cambio de modelo ayudaría con el conflicto de la disgregación. “El federalismo es la etapa de madurez del estado autonómico, el resultado lógico de la evolución natural. Pese a lo que pueda creerse, puede mejorar la integración del estado español”, ha afirmado. En la misma línea, ha comentado que su implementación haría un estado más operativo y eficaz que permitiría solventar algunas disfunciones y posibilitaría que todas las líneas de la administración, tanto estatal, autonómica como municipal operaran de una manera más funcional. “No implica más descentralización, sino un funcionamiento más efectivo y más racional del aparato del estado en beneficio de los ciudadanos”, ha concluido.
Por último, en referencia al tema de Cataluña, el catedrático ha aludido que la Constitución ya reconoce la existencia de diferentes nacionalidades, por lo que no sería necesaria una modificación del artículo 2 que exige mayor complejidad y se podría optar por una reforma más sencilla.
Cursos de Verano de la UMA en Vélez-Málaga
Luis Cayo Bueno, presidente de CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) ha sido invitado a participar en la segunda jornada del curso «Servicios sociales locales en reconstrucción». En su intervención ha tenido la oportunidad de reflejar un análisis sobre la realidad de los derechos sociales en España, su regulación jurídica y práctica y el papel de los servicios sociales. En este sentido concluye que se sufre de un déficit de regulación normativa en materia constitucional. «Una de las propuestas donde insistimos en la agenda política sería una reforma constitucional que declare como derechos fundamentales los derechos sociales«, ha manifestado. Además, ha subrayado que el país necesita «un sistema mínimamente digno de derechos sociales» y ha recalcado que un Estado de Derecho debería proveerlos para establecer unas condiciones de vida digna desde su norma constitucional.
Por otro lado, también ha añadido como problema clave la carencia de competencias en servicios sociales del gobierno central y que esta exclusividad transmitida a las comunidades autónomas produce un desequilibrio desfavorable. Como consecuencia, este sistema fragmentado provoca una gran desigualdad por territorios y la imposibilidad de la movilidad de personas por el territorio estatal para poder acceder a estos servicios. Estos obstáculos provocan el aumento de sectores vulnerables expuestos a la exclusión social. «No tienen protegidos sus derechos básicos, se encuentran en una situación de orfandad y muchas veces desatendida y descuidada, dejada a su suerte. El Estado falla estrepitosamente en su aspiración de dotar de condiciones de vida dignas mínimas a toda su población», ha incidido.
Entre los grupos más vulnerables, Cayo ha destacado la denominada «nueva pobreza» como un rostro consolidado, intensificada por la crisis económica y que no solían acudir al dispositivo de ayudas públicas y servicios sociales y formada por personas situadas en un principio en la clase media. «Los telediarios seguramente abrirán hoy con el asunto de Cataluña o de la aprobación del techo de gasto. Lo social nunca está, ni en la agenda política, ni en la opinión pública. La respuesta política es desigual, débil y dispersa, proporcional a la atención que le dedicamos», ha agregado.
Cuidados paliativos y testamento vital como opciones ante el «final de la vida»
El curso «Avances en ciencias forenses» ha contado con dos intervenciones por parte de Mónica López, médico en la Fundación Cudeca, dedicada a los cuidados paliativos en pacientes en fase terminal. Ambas han tratado las distintas opciones en materia de planificación para los últimos días de vida. López ha sostenido, desde su experiencia profesional, que la eutanasia no es la opción más demandada entre los pacientes.
«La ciencia médica gestiona en las últimas décadas los cuidados paliativos», ha incidido. «En el momento actual lo que más necesita nuestra sociedad es precisamente recursos óptimos en estos cuidados«, ha explicado. Sin embargo, no es una situación exenta de problemas y para ilustrarlo menciona un informe de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos que, junto con la asociación colegial a nivel nacional, reconoce que los recursos no son equitativos en todos los territorios del país.
También ha tratado el concepto de «Testamento vital», una herramienta que permite registrar a las personas «qué es lo que quieren cuando», en palabras de la sanitaria, «sus vidas están agotándose». En Andalucía se encuentra regulada con la «Ley de declaración vitales anticipadas» desde 2003 y aporta una opción, antes de padecer una enfermedad avanzada y en sus plenas capacidades, de decidir cómo quiere que sea el final de su vida.
«Se basa en el principio de autonomía, en la expresión plena de las libertades», ha aclarado. Además, este «testamento» permite a los profesionales sanitarios planificar junto a los pacientes cómo desea que se les trate en esos momentos, ya que en muchas ocasiones se acompañan de dificultades cognitivas que afectan a tomar decisiones en este aspecto. En 2007, otra ley reguló el registro nacional único, lo que ha permitido cuantificar más de veinticinco mil solicitudes en todo el país, siendo Andalucía la primera con dieciocho mil. A pesar de ello, las peticiones no han aumentado. «En los dos últimos años las cifras son las mismas», ha finalizado.
La Universidad de Málaga cuenta para la organización de sus Cursos de Verano con el apoyo de Banco Santander, a través de Santander Universidades (www.santander.com/universidades). La entidad bancaria es la empresa que más invierte en apoyo a la educación en el mundo (Informe Varkey/UNESCO-Fortune 500) y mantiene 1.200 acuerdos de colaboración con universidades e instituciones académicas.
