El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Real Decreto que actualizará el Estatuto del Estudiantado Universitario, vigente desde 2010. La propuesta busca adaptar los derechos y deberes del estudiantado a los cambios experimentados por las universidades españolas, donde han ganado peso la enseñanza a distancia, la diversidad de perfiles y la combinación de estudios y empleo.
Estas medidas llegan en un contexto en el que persisten retos relacionados con la inclusión, la situación económica y el acceso a la vivienda. La Fundación CYD ha publicado un informe que permite poner en perspectiva algunas de las necesidades a las que responde la actualización del estatuto.
Salud mental, igualdad y protección frente al acoso
Una de las novedades destacadas del nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario es el reconocimiento del derecho a recibir orientación y atención psicológica y de salud mental por parte de personal especializado, en coordinación con los servicios públicos de salud.
La propuesta también exige a las universidades disponer de protocolos específicos para abordar las conductas suicidas, el acoso y el ciberacoso sexual o por razón de género, así como otras situaciones de acoso personal. Además, refuerza el principio de igualdad y la prohibición de discriminación por motivos como el origen, el sexo, la edad, la discapacidad, la enfermedad, la orientación sexual, la identidad de género o la situación socioeconómica.
Según la Fundación CYD, el 31,9 % del alumnado español de educación superior afirma haber vivido situaciones de discriminación. Además, el 31,4 % señala que no siente que encaje en el entorno de la educación superior. Estas cifras evidencian los desafíos que aún existen para garantizar una experiencia universitaria inclusiva.
Conciliar los estudios con el trabajo y adaptar la docencia
El proyecto reconoce expresamente el derecho del alumnado a compatibilizar los estudios con el empleo, cursar titulaciones oficiales a tiempo parcial e interrumpir temporalmente la formación en las condiciones que establezca cada universidad.
La conciliación adquiere especial relevancia ante el aumento de estudiantes que compaginan su formación con una actividad laboral. Según los datos recogidos en el proyecto normativo, en 2023 esta situación afectaba al 30 % del alumnado universitario, un porcentaje que ascendía al 69 % entre quienes cursaban un máster y al 89 % entre los doctorandos.
El nuevo marco también contempla medidas de adaptación para estudiantes con discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo. Estas personas tendrán derecho a las adaptaciones curriculares, metodológicas y de evaluación que precisen. Las universidades deberán considerar asimismo las circunstancias de mujeres víctimas de violencia de género o violencia vicaria, víctimas del terrorismo y personas afectadas por catástrofes naturales, entre otros colectivos.
Qué cambia en la evaluación y la organización de las asignaturas
La actualización del estatuto busca aportar mayor transparencia y previsibilidad a la actividad académica. Para ello, establece que las universidades publiquen las guías docentes antes de que comience el periodo de matriculación. Estos documentos deberán especificar la lengua de impartición, los contenidos, las modalidades docentes y los criterios de evaluación.
Según el proyecto, la programación no podrá modificarse una vez iniciadas las clases. Su aprobación corresponderá a los órganos universitarios competentes, con representación del estudiantado.
La evaluación continua se mantiene como referente principal y se garantiza un mínimo de dos convocatorias por asignatura y curso: ordinaria y extraordinaria. La propuesta también prevé la reprogramación de pruebas cuando coincidan varios exámenes o concurran circunstancias justificadas, como motivos médicos o familiares graves o la participación en tareas de representación estudiantil.
A estas garantías se suma el derecho a recibir tutorías individuales, una herramienta relevante para facilitar el seguimiento académico y resolver dificultades durante el curso.
Inteligencia artificial en la universidad: uso responsable e integridad académica
El uso de la inteligencia artificial es otro de los ámbitos que aborda el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario. El proyecto incorpora una referencia expresa a la obligación de evitar el uso inapropiado de estas herramientas y de las tecnologías de la información y la comunicación en trabajos, pruebas y documentos académicos.
«Abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad, en especial en un uso inapropiado de la Inteligencia Artificial y de las tecnologías de la información y comunicación», se lee en el Real Decreto.
La medida se plantea en un contexto de uso generalizado de estas herramientas.
Además de reforzar la integridad académica, el proyecto reconoce el derecho a la desconexión digital en los términos que establezca cada universidad y contempla garantías relacionadas con la seguridad digital, la protección de datos y el reconocimiento de la autoría de los trabajos.
Prácticas externas, cotización y formación dual universitaria
El proyecto también aborda las prácticas externas y la formación dual. Las prácticas curriculares y extracurriculares estarán sujetas a la cotización a la Seguridad Social conforme a la normativa vigente, con la excepción prevista para la formación dual.
En este último caso, las universidades deberán contar con una regulación específica que garantice el equilibrio entre la formación impartida en las aulas y las actividades desarrolladas en empresas u otras organizaciones.
Paro académico y mayor participación del estudiantado
Otra de las novedades es el reconocimiento expreso del derecho al paro académico, que podrá ser total o parcial, en toda la universidad o en alguno de sus centros. Su ejercicio deberá respetar, en todo caso, el derecho a la educación del conjunto del alumnado.
La propuesta refuerza además la participación estudiantil en los órganos de gobierno y representación, los procesos electorales y la elaboración de las normas universitarias. También promueve la igualdad de género y la participación de personas con discapacidad y de colectivos vulnerables.
En este ámbito, el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) se reconoce como interlocutor oficial. El estatuto, por su parte, vincula estos derechos a la corresponsabilidad del alumnado en el estudio, las actividades formativas y el respeto al resto de la comunidad universitaria.
Becas, movilidad y reconocimiento de créditos
El proyecto incorpora medidas relacionadas con las ayudas al estudio y la movilidad. Entre ellas figura el derecho a la portabilidad nacional de las becas y al abono anticipado de las ayudas de movilidad antes de realizar el desplazamiento.
Asimismo, las universidades podrán reconocer hasta seis créditos ECTS por la participación del alumnado en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, voluntariado, sostenibilidad o cooperación.
Estas disposiciones amplían el reconocimiento de experiencias que complementan la formación académica y contribuyen a la vida universitaria.
Alojamiento universitario: un reto pendiente
La vivienda es otro de los factores que condicionan la experiencia universitaria. El proyecto de estatuto establece que las universidades deberán promover y facilitar opciones de alojamiento que reúnan condiciones adecuadas de dignidad y suficiencia, mediante colegios mayores, residencias universitarias u otras fórmulas, tanto propias como acordadas con entidades públicas o privadas.
La actualización del estatuto y las iniciativas de alojamiento se enmarcan así en un debate más amplio sobre las condiciones materiales y académicas necesarias para garantizar el acceso, la permanencia y la participación del alumnado en la universidad.
El proyecto de Real Decreto plantea una revisión de los derechos y deberes universitarios para responder a nuevas realidades, desde la salud mental y la conciliación hasta la inteligencia artificial y la participación estudiantil. Su alcance definitivo dependerá de la tramitación normativa y de cómo las universidades concreten y apliquen las medidas previstas.
