Artículo de
José Luis Durán Román y Juan Ignacio Pulido Fernández
Laboratorio de Análisis e Innovación Turística (LAInnTUR). Universidad de Jaén.
Uno de los debates que más controversia genera en la actualidad entre los principales actores turísticos es el de la posibilidad de establecimiento de tributos específicos que graven la actividad turística.
El discurso de los empresarios suele defender que el establecimiento de figuras impositivas implica una pérdida de competitividad, derivada del incremento de precios que generaría el tributo. Y que ello conduciría, inexorablemente, a una caída de la demanda turística y a la reducción de ingresos, empleo y P.I.B.
Sin embargo, ya tenemos casos en España que demuestran lo contrario. Desde que Cataluña y Baleares implantaron un impuesto específico que grava las pernoctaciones en establecimientos turísticos (en 2012 y 2016, respectivamente), y hasta la llegada de la Covid-19, el número de turistas que recibieron ambos destinos no solo no ha descendido, sino que ha aumentado considerablemente (en Cataluña, de 19,77 millones en 2012 a 25,78 millones en 2019, y Baleares de 11,62 millones en 2016 a 12,36 millones en 2019) y ambos siguen siendo de los destinos más competitivos del país.
Cómo sienta la tasa turística a los propios turistas
Por otro lado, se suele afirmar que el turista rechaza este tipo de medidas. Sin embargo, en los últimos años, se asiste a un cambio en el perfil del turista; más complejo, experimentado, que exige mayor calidad, personalización, con creciente conciencia pro-sostenible, que no es ajeno a los impactos provocados por la actividad turística y que, cada vez más, está dispuesto a pagar por una mejora de la experiencia y la sostenibilidad del destino.
De inicio, tiende a demonizarse en exceso el posible establecimiento de una tasa turística, especialmente cuando su carácter es no finalista y se vincula con la condición manirrota de una administración voraz, ávida de recursos. No obstante, cada vez son más los destinos turísticos dispuestos a asumir este reto, convencidos de que la gestión de los destinos exige un creciente volumen de inversión (infraestructuras, promoción, gestión de flujos turísticos, sostenibilidad, etc.), para el que las arcas públicas cada vez están menos dotadas.
Cuál es la posición del ámbito político
En el ámbito político suelen existir dos posturas claramente enfrentadas. Por un lado, existe una clara negativa a su implantación por parte de partidos considerados conservadores o liberales (centro-derecha y derecha), mientras que los partidos progresistas (centro-izquierda e izquierda) suelen mostrarse favorables.
En cualquier caso, los datos son claros; al hecho de no reducirse los flujos turísticos en Cataluña y Baleares tras el establecimiento de la tasa turística, habría que sumar la recaudación obtenida por ambos destinos desde su implantación (393,01 millones de euros en Cataluña y 403,1 millones en Baleares). Ello ha permitido a Cataluña mejorar la promoción turística, el fomento de nuevos productos y servicios turísticos, desarrollar infraestructuras e impulsar el turismo sostenible. Mientras que, en el caso de Baleares, la totalidad de la recaudación se destina a favorecer el turismo sostenible.
Así, dado que la fiscalidad turística es una práctica habitual en un gran número de ciudades repartidas a lo largo de todo el mundo (París, Nueva York, Roma, Berlín, Viena, Tokio, Vancouver, Ámsterdam, Budapest, Lisboa, Praga, entre otras), que la importancia de la actividad turística en términos de recaudación fiscal debido a su gran tamaño está fuera de toda duda y que las administraciones locales se enfrentan a un serio problema de financiación, no es de extrañar que distintos alcaldes andaluces (Granada, Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla ) hayan solicitado al gobierno autonómico una regulación específica en dicho ámbito.
Es cierto que cada destino goza de distinto poder de mercado (en función de la especificidad de sus recursos y su ámbito de especialización) y que existen diferentes elasticidades en la demanda. No obstante, los más recientes estudios publicados a nivel mundial sobre este aspecto vienen a demostrar que, tanto turistas como empresas, muestran una mayoritaria disposición a pagar ante el establecimiento de instrumentos fiscales específicos, en determinadas condiciones.
En el caso concreto de Andalucía, en una encuesta realizada en 2019 por los autores de este artículo a 1.068 turistas, el 75,3% de los encuestados manifestaron su disposición a pagar tributos, siempre que lo recaudado estuviera destinado a la mejora de la sostenibilidad y de la experiencia turística en destino. Asimismo, respecto a la elasticidad de la demanda, un incremento de precios hasta el 5% sobre el presupuesto diario del turista implica elasticidades inferiores a 1 en valores absolutos. Es decir, que una subida muy moderada hasta dicho porcentaje no implicaría efectos negativos sobre la demanda. En otra encuesta realizada por los mismos autores a 916 empresas turísticas andaluzas, nueve de cada diez se mostraron favorables al pago de un impuesto, principalmente de tipo ambiental, cuya recaudación fuera destinada a la mejora de la competitividad y sostenibilidad del turismo andaluz.
¿Es factible implantar la tasa turística en Andalucía?
Concluyendo, técnicamente es factible el establecimiento de una tasa turística en Andalucía, económicamente supondría una fuente de recursos que los gobiernos municipales no están en condiciones de despreciar (porque cada vez son más necesarios) y, desde la perspectiva de la gestión de los destinos, contribuiría a afrontar retos como el exceso de flujos turísticos, la promoción selectiva para la mejora de la competitividad, la sostenibilidad, la creación de nuevos productos, etc. Por tanto, lo idóneo sería que el gobierno autonómico estableciera un marco legislativo en esta materia, dejando potestad a cada municipio en lo referente a decidir sobre la implantación del tributo.
En cualquier caso, también hay que recordar que la tasa turística no es la solución a todos los males de cualquier destino, sino una herramienta más a disposición de los planificadores y gestores. La tasa turística puede ponerse en marcha o no, dependiendo del tipo de gestión que se realice en el destino, así como de los objetivos que esta gestión tenga. Más allá de los instrumentos fiscales, políticos y técnicos cuentan con una cantidad cada vez mayor de herramientas y técnicas para afrontar la compleja planificación y gestión de los destinos turísticos.
Artículo de
José Luis Durán Román y Juan Ignacio Pulido Fernández
Laboratorio de Análisis e Innovación Turística (LAInnTUR). Universidad de Jaén.
