Expertos españoles estudian los efectos de los tsunamis en nuestro país, a través de eventos como el Foro Mundial de Programas de Catástrofes que ya va por su duodécima edición para analizar no solamente las fuentes más probables de tsunamis que podrían afectarnos, sino el impacto económico que una catástrofe de esas características tendría para nuestro país. El evento más reciente en España, es el del 21 de mayo de 2013, que se tradujo en indemnizaciones por valor de los 350.000 euros. El año pasado, un equipo científico internacional del IGME y la Universidad de Málaga concluía que, de acuerdo a la información actualmente disponible, existen tres zonas-fuente importantes: el entorno del golfo de Cádiz, el entorno del Mar de Alborán, y parte del margen del norte de África.
Los trabajos de los investigadores están a punto de concretarse este año en un convenio que permitirá conocer el impacto económico de los tsunamis en España y cuenta con el apoyo de todos los organismos públicos con información o competencias relacionadas con el tema y está abierto a recibir a cuantos expertos quieran contribuir. “Gracias a este tipo de iniciativas públicas, abiertas y de inversión en conocimiento en ciencias geológicas, podremos avanzar en pro de una mayor seguridad y bienestar”, indica Miguel Llorente, científico del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que el pasado 27 de septiembre presentó ante el 12 Foro Mundial de Programas de Catástrofes (dirigido al intercambio de experiencias e información entre los agentes implicados en los distintos sistemas de seguros que cubren las pérdidas por catástrofes naturales) el “Modelo de Estimación de Pérdidas Económicas por tsunamis en España”.
“El modelo del IGME –señala Llorente- es una herramienta al servicio de todos los españoles que se está construyendo al amparo de un Convenio de Colaboración con el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS); gracias a ella, ya se han evaluado algunos riesgos como los de volcanismo, terremotos e inundaciones”. En España, a diferencia de otros países, el seguro frente a catástrofes naturales es de tipo
compensatorio solidario y público, es decir, es un mecanismo muy estable, gracias al sistema ideado en 1954, cuando se crea la Empresa Pública del CCS. De ese modo, gracias a una mínima cuota fija de recargo a las primas de los seguros privados sobre propiedades, accidentes y vida, se alimenta un fondo con capacidad demostrada para hacer frente a distinto tipo de eventualidades.
Entre 1987 y 2016 el Consorcio ha abonado más de 6.600 millones de euros en indemnizaciones de catástrofes naturales, tales como el terremoto de Lorca, donde éstas superaron los 500 millones de euros. “Si bien el total de indemnizaciones y expedientes que gestiona el CCS está al alza, el coste medio de indemnización por expediente está claramente a la baja, debido a la propia gestión del Consorcio, pero también gracias a los esfuerzos incesantes en prevención de catástrofes que se vienen realizando desde las distintas administraciones públicas como el IGME, organismo encargado por medio de sus estatutos del estudio de los riesgos geológicos”, indica Miguel Llorente. De hecho, las indemnizaciones por tsunamis, inundaciones, terremotos, volcanes y otros desastres, son cubiertas por el Consorcio de Compensación de Seguros, apoyándose en las aportaciones científicas y técnicas del más alto nivel del IGME.
