La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha presidido hoy por primera vez el Pleno del Consejo de Universidades, donde ha propuesto la creación de dos grupos de trabajo para reforzar, por un lado, los requisitos de creación de nuevas universidades, y por otro, simplificar y agilizar la gestión administrativa de las universidades.
Uno de los grupos de trabajo, en el que participará la CRUE, tendrá como objetivo consensuar medidas y exigencias para la creación de nuevos centros universitarios. “Vamos a reforzar el seguimiento activo de los indicadores de calidad docente, tanto de las universidades públicas como de las privadas. Y, al mismo tiempo, vamos a reforzar los requisitos académicos, económicos, de equipamientos y de nivel del profesorado para crear una nueva institución universitaria en nuestro país”, ha adelantado Morant.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha anunciado la creación de otro grupo de trabajo “para la agilización, simplificación y gestión administrativa” en el sistema universitario y garantizar así “que seguimos utilizando los recursos públicos de la manera más adecuada, pero sin bloquear la necesaria actividad científica e investigadora de las universidades”.
Durante el Pleno, la ministra se ha referido a las universidades como “el principal motor de conocimiento del país y uno de los principales elementos para la transformación de nuestra sociedad”.
A este respecto, Morant ha subrayado la apuesta del Gobierno de España para impulsar la generación y transferencia de conocimiento y ha detallado que, en el 2022, último año con datos completos, “el conjunto de universidades españolas captó en convocatorias públicas de la AGE y de las CCAA un total de 1.402 millones de euros para proyectos de investigación. De esta cantidad, el Gobierno aportó 931 millones de euros, es decir, las dos terceras partes. Un 103% más que en 2017”, ha explicado.
La ministra también ha sostenido que “estamos reforzando las convocatorias predoctorales y postdoctorales de investigadores e investigadoras con más recursos, siendo las universidades las grandes beneficiadas”. Además, ha remarcado que “las universidades son garantía de una mayor justicia social e igualdad de oportunidades para los y las jóvenes de nuestro país”.
A este respecto, ha hecho hincapié en que el Gobierno ha desplegado “una política ambiciosa de becas, con un considerable aumento en la dotación y el número de estudiantes beneficiados”. “Durante el último curso, hemos destinado 1.138 millones de euros, máximo histórico, a becas universitarias, con más de 320.000 estudiantes beneficiados”, ha subrayado.
Asimismo, ha añadido que, “al mismo tiempo, hemos implementado una política de reducción significativa de los precios públicos de las matrículas”. “Como ejemplo paradigmático, entre el curso 2018-2019 y este curso 2023-2024, el precio medio de los grados en las universidades públicas se ha reducido en un 21,4%”, ha precisado.
Asimismo, Morant ha manifestado que “la universidad traza un camino por el que se desarrolla nuestra capacidad de construir futuro. Tenemos la responsabilidad de formar el talento a través de la docencia, y también de investigar, innovar y transferir el conocimiento a la economía y la sociedad”.
Para ello, ha señalado que “ahora contamos con dos poderosas herramientas: la reforma de la Ley de la Ciencia y la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).” “Son dos leyes que contemplan la ambición de mejora de las universidades y que garantizan la necesidad de trabajar para alcanzar un gasto público en I+D del 1,25% del PIB nacional, y en universidades, del 1%”, ha recordado.
En relación a la LOSU, Diana Morant ha asegurado que se trata de una norma que “nos va a permitir impulsar un nuevo modelo de profesorado” y ha puesto en valor el Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador de las universidades públicas españolas que lidera el Gobierno y que permitirá sufragar la creación de 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor a partir del próximo curso.
En ese sentido, la ministra Morant ha vuelto a apelar a la necesaria corresponsabilidad de las CCAA para poder llevar a cabo la transformación del modelo de profesorado en las universidades pública del país con su compromiso para financiar el resto de plazas necesarias.
