El Campus de La Cañada de la Universidad de Almería ha acogido este jueves una jornada sobre la Ley 9/2017, más conocida como la nueva Ley de Contratación del Sector Público, dirigida al personal de Administración local y de la Universidad de Almería. El encuentro, ha sido organizado por la Diputación de Almería en colaboración con el área de Derecho Administrativo.
Se trata de una Ley de gran trascendencia para el funcionamiento de todo el sector público y, por ende, para toda la sociedad española. En la inauguración, el rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, se ha congratulado de que el campus albergue estas jornadas de estudio y ha remarcado que “la Universidad de Almería pone a disposición de las personas interesadas en conocer en profundidad el contenido de la nueva Ley de contratos, no sólo sus instalaciones y un conjunto de profesores, sino también el gran conocimiento práctico acumulado”. En este sentido, ha recordado que “la UAL es una de las universidades pioneras en haber introducido en sus procedimientos de contratación las nuevas técnicas y, en particular, la contratación electrónica. Esta realidad va a permitir que la Universidad de Almería lidere igualmente en el futuro la formación en estas nuevas tecnologías al servicio de la contratación pública”.
La jornada ha contado con ponentes como catedráticos de diferentes universidades y expertos que trabajan en distintos puestos de las Administraciones Públicas locales. En las mismas se expone no sólo el contenido de la Ley, sino también críticas que contribuyan a una mejor aplicación de la Ley.
El presidente de la Diputación, Gabriel Amat, ha agradecido a la Universidad de Almería la disposición que han mostrado para albergar estas jornadas: “Tenemos la suerte de contar en las instituciones públicas de la provincia con los mejores trabajadores. Son ellos, los funcionarios, los profesionales que tienen que conocer al detalle esta ley y ayudarnos a los políticos a hacer una gestión eficaz y eficiente de las Administraciones Públicas”.
Durante las jornadas ha quedado claro que la Ley de contratos del sector público de 2017 tiene un contexto europeo evidente, porque traspone a derecho español varias directivas comunitarias, como son la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública y la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. Sin embargo, la ley no se limita a trasponer esas directivas, sino que trata de diseñar un sistema de contratación pública más eficiente, transparente e íntegro, para un mejor cumplimiento de los objetivos públicos. Estos fines se han de alcanzar por medio de una mejora de las condiciones de acceso y participación en las licitaciones públicas de los operadores económicos, y a través de la prestación de mejores servicios a los usuarios.
La ley persigue simplificar los trámites e imponer una menor burocracia para los licitadores y un mejor acceso para las pequeñas y medianas empresas. La licitación debe ser más simple, para reducir las cargas administrativas de todos los operadores económicos intervinientes, en beneficio tanto de los licitadores, como de los órganos de contratación.
El sistema legal de contratación pública de la nueva Ley quiere aumentar la seguridad jurídica. La ley persigue que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las pequeñas y medianas empresas, y de defensa de la competencia. Estos son los objetivos últimos de la ley, que han de alcanzarse al tiempo que aumenta la eficiencia en el gasto público y el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad.
