El organismo considera que es “la última oportunidad” para salvar la ciencia y pide un tipo de contrato específico para el colectivo de la investigación.
El presidente de Crue I+D+i y rector de la Universidad de Castilla La Mancha, Julián Garde, ha comparecido este lunes 14 de febrero en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados, cuya sesión estaba dedicada al desarrollo del Pacto por la Ciencia y la Innovación, y donde ha manifestado la urgencia de aprovechar los fondos de recuperación europeos Next Generation para reforzar el «ya dañado y próximo al agotamiento» sistema de I+D+i español. «Es la última oportunidad», ha alertado.
Durante su intervención, Garde ha subrayado varias cuestiones que necesitan abordarse con premura. La primera de ellas tiene que ver con la reciente aprobación de la Reforma Laboral, que, como ya ha denunciado Crue, pone en riesgo la continuidad de miles de investigadores e investigadoras universitarias.
Sin embargo, ha explicado a los diputados que este asunto podría subsanarse si el desarrollo de la Reforma Laboral se coordina con el de la reforma de la Ley de la Ciencia, que se encuentra en tramitación, y que establece un tipo de contrato indefinido específico para el colectivo de la investigación, como el «contrato de actividades científico-técnicas. No obstante, esta nueva modalidad contractual debe concretarse rápidamente en todos sus términos y condiciones para evitar inseguridad y precariedad entre las personas contradas y las universidades.
Garde también ha indicado que otra de las amenazas que acechan a la investigación universitaria, que aporta más del 70% de la producción científica total del país, es la infrafinanciación sostenida de los últimos años, que puede provocar la desaparición de grupos de investigación de alto potencial. Según ha recordado, el informe de la Agencia Estatal de Investigación, las universidades recibieron sólo el 60,5% de la financiación correspondiente a proyectos de investigación en las convocatorias estatales de 2020.
«Les propongo de nuevo que el Congreso acuerde una financiación estructural, en números absolutos, adecuada y plurianual para la I+D+i, la cual debería incrementarse en el porcentaje o indicador que se considerase, con el objetivo de alcanzar el compromiso adquirido con la UE del 1,25% del PIB de financiación pública, que debería alcanzar el 3% con la financiación del sector productivo», ha aseverado Garde, para añadir que de esta financiación también depende el devenir, progresión y culminación de la carrera investigadora.
Relevo generacional y burocracia asfixiante
Sobre esto último, ha apuntado que es «urgente» atender a un relevo generacional ordenado del colectivo investigador, que no genere «bolsas de frustración», con un presupuesto adecuado y mantenido para las diferentes convocatorias pre y postdoctorales, y una mayor coordinación entre ellas, así como dar certezas sobre procesos de estabilización a aquellas personas que hayan cumplido con los requisitos marcados.
El presidente de Crue I+D+i ha advertido también de la «asfixiante» normativa sobre contratación y justificación de la actividad investigadora. «Se están realizando desde las diferentes administraciones requerimientos por millones de euros que cuando son alegados quedan en casi nada, con un desgaste y agotamiento innecesario de nuestros servicios de gestión de la investigación», ha lamentado Garde, que también ha incidido en el «urgente» desarrollo de la Agencia Estatal de Investigación «en todo su potencial para que sea un agente financiador ágil que pueda optimizar los recursos disponibles sin las trabas de la propia Administración».
El rector Julián Garde ha finalizado su intervención indicando a los diputados que pongan en marcha las actuaciones que consideren necesarias para los fondos de cohesión de la Unión Europea, especialmente FEDER y FSE, que se dedican a financiar la I+D+i se aporten con un criterio de adicionalidad y no de sustitución de los fondos procedentes de PGE, como se ha venido haciendo hasta ahora. Esta aplicación con criterio de sustitución conlleva numerosas complicaciones para las instituciones, además de impedir la convergencia entre regiones y de España con el resto de países de la unión, siendo este el objetivo principal para el que fueron diseñados.
