Crue I+D+i, reunida en las XXVI Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas celebradas en Palma esta semana bajo la presidencia del rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, ha abordado asuntos de actualidad relativos a la investigación universitaria, que han motivado un pronunciamiento conjunto en favor de la certidumbre y estabilidad de las ayudas a la investigación.
El encuentro, coorganizado por la Universitat de Les Illes Balears, ha reunido en torno a 450 gestores, técnicos y responsables de la investigación de las universidades, procedentes de los vicerrectorados de Investigación y Transferencia, la Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (RedOTRI), la Red de Unidades de Gestión de Investigación (RedUGI), la Red de Divulgación y Cultura Científica (RedDIVULGA) y la Red de Oficinas Europeas de I+D+i.
Las jornadas, inauguradas por la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, junto con el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, contaron con la participación de representantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; la Comisión Europea; la Agencia Estatal de Investigación; la FECYT; la European University Association; el Govern de les Illes Balears, así como representantes de empresas.
Tras las diferentes sesiones de debate y trabajo, la sectorial de I+D+i de Crue Universidades Españolas ha manifestado que:
«Las Universidades, como elemento fundamental e indiscutible del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, requerimos a las autoridades del gobierno central y de los gobiernos autonómicos, así como a los grupos parlamentarios, que se realicen los cambios legislativos y presupuestarios, en el ámbito de sus competencias, que generen certidumbre y estabilidad a la actividad de investigación y transferencia en España. En este sentido, las universidades consideramos medidas imprescindibles:
Que se establezca un calendario plurianual de convocatorias de I+D+i que permita una correcta planificación de los recursos y actividad de los grupos de investigación.
Que se convoquen las convocatorias que han sido exitosas en años anteriores, en el ámbito de la colaboración público-privada.
Que se desarrolle todo el potencial de la Agencia Estatal de Investigación como ente gestor y financiador del Plan Estatal de I+D.
Que se promueva un pacto entre todos los grupos parlamentarios, para que el gasto destinado a I+D+i goce de la cobertura presupuestaria anual, incrementándose año tras año hasta alcanzar la media europea. Este pacto debe conseguir, además, que los recursos destinados a la Investigación no formen parte de la negociación política.
Que se promueva una estrategia de captación y retención del talento más ambiciosa, a través de la financiación de contratos predoctorales y postdoctorales, así como su proceso de estabilización, para favorecer el adecuado relevo generacional que necesitan las universidades.
Que se elabore una ley de financiación y gestión de la Investigación, o en su caso, se modifique la Ley de la Ciencia, para establecer un régimen jurídico en materia de contratación pública que mejore la eficiencia de la gestión de la Investigación.
El desarrollo social y económico de nuestro país necesita, además del reconocimiento curricular adecuado de la Transferencia, que se establezcan y favorezcan ecosistemas de Transferencia e innovación según el modelo de la cuádruple hélice. Los Campus de Excelencia son una herramienta adecuada para ello, precisando de una redefinición estratégica para adecuarlos a la realidad actual y de una financiación estable.
Hablar de Transferencia y hablar de ecosistemas de innovación nos lleva, de forma inequívoca, a hablar de personal cualificado y muy técnico en nuestras oficinas de gestión. Consideramos necesario el apoyo a estas oficinas mediante convocatorias estables y coordinadas a nivel autonómico y estatal, lo que permitirá multiplicar la eficacia y su impacto en la creación de una economía basada en el Conocimiento.
Resultan imprescindibles cambios para apoyar el emprendimiento universitario, facilitando normativas y ayudas a iniciativas propias desde las universidades.
Se considera una buena iniciativa haber convocado el sexenio de Transferencia, pero consideramos necesario introducir criterios claros, objetivos y rigurosos en su evaluación, en búsqueda de un impacto de la excelencia en la Transferencia. Confiamos que esta experiencia piloto contribuya a probar la eficacia de la “Guía de Valorización de Méritos en Divulgación”, elaborada por Crue Universidades Españolas y FECYT, tal y como se ha hecho con el informe “Transferencia del Conocimiento: nuevo modelo para su prestigio e impulso” de Crue Universidades Españolas.
Ante la inminente publicación del EPIF (Estatuto del Personal Investigador en Formación), se recomienda el desarrollo reglamentario de otras figuras contractuales previstas en la Ley de la Ciencia. Respecto a los contratos formativos de investigadores, estos deben permitir una correcta formación en Investigación, y deben facilitar las tareas docentes en el nivel que aseguren la acreditación posterior de los futuros profesores de universidad. Por lo tanto, proponemos que, voluntariamente, el contratado predoctoral pueda llegar a las 240 horas de colaboraciones docente durante su periodo formativo completo, como estaba previsto en el borrador inicial del EPIF sometido a exposición pública.
Por último, y como representantes del 70% del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, ofrecemos, y rogamos, se considere nuestra oferta de colaboración al Gobierno de España para el desarrollo legislativo, normativo y de convocatorias que afecten a la I+D+i española».
