La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha expresado su «gran preocupación» por la incertidumbre que rodea al Programa María Goyri, una iniciativa destinada a reforzar las plantillas de las universidades públicas mediante la incorporación de 5.600 plazas de profesorado ayudante doctor.
La organización advierte de que la suspensión de la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria, prevista para el pasado 29 de julio, ha dejado en el aire la transferencia de 149,6 millones de euros que el Gobierno debía destinar en 2026 a las comunidades autónomas para financiar parte de estas contrataciones.
La financiación de 149,6 millones queda pendiente
Según explica CRUE, el Programa María Goyri contempla la creación de unas 5.600 plazas de profesorado ayudante doctor en las universidades públicas españolas. De ellas, alrededor de 3.400 serían financiadas por el Gobierno de España, mientras que las más de 2.200 restantes correrían a cargo de las comunidades autónomas.
La reunión de la Conferencia General de Política Universitaria debía servir para cerrar el reparto de esos fondos correspondientes a 2026. Sin embargo, la ausencia de representantes de once comunidades autónomas impidió alcanzar el quórum necesario para ratificar la distribución de la financiación.
Como consecuencia, la transferencia estatal de 149,6 millones de euros permanece sin aprobar.
CRUE advierte del impacto sobre las universidades
Los rectores consideran que esta situación genera una incertidumbre que afecta directamente a la planificación de las universidades públicas.
En un comunicado, CRUE sostiene que el Programa María Goyri constituye «una iniciativa pionera» para afrontar dos de los principales retos del sistema universitario español: el relevo generacional del profesorado y la captación de talento investigador.
Además, recuerda que el programa favorece la cooperación entre las distintas administraciones y constituye una herramienta para avanzar hacia el objetivo fijado por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que establece que la financiación pública universitaria alcance, al menos, el 1 % del PIB en 2030.
Los rectores piden una solución urgente
CRUE considera que el bloqueo de la financiación no solo pone en riesgo el pago de los salarios vinculados al Programa María Goyri, sino que también compromete la estabilidad del sistema universitario.
La conferencia de rectores recuerda que las bases del programa habían sido previamente aprobadas tanto por el Gobierno como por las comunidades autónomas y que el Consejo de Ministros había autorizado la transferencia de fondos destinada a sufragar estas plazas.
Por ello, la organización insta al Gobierno de España y a los gobiernos autonómicos a alcanzar un acuerdo que permita desbloquear de forma inmediata la transferencia de 149,6 millones de euros y garantizar el desarrollo del programa.
CRUE subraya que las universidades constituyen uno de los principales motores del desarrollo económico y social del país y reclama políticas estables y una financiación sostenida que permitan planificar el futuro del sistema universitario español.
