El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, se ha mostrado convencido de que los criterios exigidos por el Gobierno sobre la carrera profesional de los doctores son excesivos y ha acusado al Gobierno central de “poner en serio peligro al sistema universitario público español” con sus políticas al “romper el modelo de carrera profesional” existente “con la excusa de la calidad y la economía, y sin lograr ninguna de las dos cosas” salvo generar un problema de personal que afecta directamente a la vida de miles de personas en el país.
El consejero de Economía y Conocimiento, que ha comparecido ante la Comisión de Economía del Parlamento andaluz, ha insistido en que la carrera profesional se debe abordar en su conjunto y ofrecer estabilidad al personal docente e investigador, algo que considera esencial.
Ha explicado que el Gobierno nacional rompió la fórmula que se aplicaba hasta 2012 y que confería estabilidad. Lo hizo introduciendo una tasa de reposición de personal primero, lo que ha mermado sensiblemente las plantillas. Además, ha empeorado la situación con el endurecimiento de las condiciones para obtener la acreditación para acceder a una plaza de funcionario. Unos requisitos que fueron revisados nuevamente la semana pasada sin reducir sus exigencias, elevadas hasta el punto de que “la mayoría de los actuales titulares y catedráticos de España no los cumpliría hoy”, explica Arellano.
Por ello, la Consejería de Economía ha pedido al Gobierno central en el seno de la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria celebrada ayer martes 21 de noviembre en Madrid, que en el plazo de seis meses realice un informe con datos cuantitativos, sobre el número de acreditaciones que se han producido en España; cualitativos, es decir que distingan las acreditaciones por área de conocimiento y por último territoriales, detallando en qué universidades se han producido, con el fin de que se pueda contar con datos para abordar un cambio en los requisitos de la ANECA.
Asimismo, Ramírez de Arellano se ha mostrado convencido de que aquellas personas que estén fuera del eje Madrid-Barcelona tendrán más dificultades para acreditarse debido a que las políticas del Gobierno central han primado con recursos adicionales a este polo, como viene ocurriendo con el reparto de la financiación para I+D+i, como en el caso de los programas de excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu, de los que el 80% de los fondos van a parar a estas dos ciudades. Por el contrario, Andalucía padece un déficit estructural en inversiones en este campo.
El consejero también se ha mostrado preocupado por la repercusión que toda esta situación tiene sobre las universidades a la hora de cumplir el decreto nacional que establece que el personal funcionario debe suponer el 51% del total de la plantilla de profesores. Algo que “afecta directamente a las universidades más jóvenes como la Pablo de Olavide, que han contado con menos tiempo para consolidar su plantilla” dado que su proceso de crecimiento “se ha visto frustrado por las políticas de austeridad”.
Para paliar las políticas del Ejecutivo central, el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2018 contempla partidas para comenzar a lograr la recuperación de derechos del personal de las universidades. Entre otras medidas se pondrá en marcha la estabilización del profesorado contratado doctor interino, una vez se ratifique el principio de acuerdo alcanzado en la comunidad autónoma en el seno de la Mesa Sectorial de Personal Docente e Investigador de las Universidades, según ha anunciado el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano.
Este acuerdo se enmarca en uno más amplio sobre personal, con el que Andalucía “está dando pasos muy firmes para estabilizar la plantilla de las universidades, evitar la fuga de talento y generar condiciones favorables al relevo generacional”, ha asegurado Ramírez de Arellano.
Así, el Presupuesto andaluz contará con fondos para aplicar lo acordado en la Mesa Sectorial, un Plan de Estabilización del Profesorado Contratado Doctor Interino el cual contempla, entre otras medidas, que cada institución académica convoque igual número de plazas que contratados interinos exista en cada área del conocimiento. Éstas se convocarán a lo largo de los dos próximos años, y se valorará tanto la antigüedad como la experiencia de los aspirantes.
Además, aquellas personas que no logren la plaza conservarán su situación de interinidad mientras la universidad provea de nuevas plazas esa área del conocimiento y asimismo, se activarán medidas específicas de apoyo para que estos profesores mejoren su formación docente e investigadora.
Este Plan de Estabilización da respuesta al mandato del Pleno del Parlamento andaluz, que el pasado mes de abril aprobaba una Proposición no de Ley para la restitución de derechos del personal docente e investigador de las universidades públicas de Andalucía.
Además, en los últimos años y ante la fuerte caída del personal funcionario en Andalucía, ésta se ha tratado de paliar utilizando la vía de las contrataciones destinadas a cubrir “necesidades urgentes e inaplazables”, la única que permite la ley a la tasa de reposición. Así, en los últimos años se ha autorizado la contratación de más de 1.000 ayudantes doctores. “Una cifra que, mientras no cambie la situación, seguirá creciendo”, ha asegurado Ramírez de Arellano.
Se opta por la figura laboral de ayudante doctor, dado que ofrece cierta estabilidad al tratarse mayoritariamente de contratos de cinco años para que puedan progresar en sus carreras, ha explicado. Así, en el caso de que un ayudante doctor se acredite como Profesor Titular, convierte su plaza en contratado doctor; mientras que en el caso de acreditarse como contratado doctor –y no como Profesor Titular–, mantiene su posición pero como contratado doctor interino.
Por último, el consejero ha instado al Gobierno nacional a tomar medidas y poner fin a un problema que ha generado con sus políticas.
