La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha defendido hoy que las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España en materia de desahucios “aportan soluciones efectivas, equilibradas y protegen a las familias en riesgo de exclusión social, por lo que ha mandado un mensaje de tranquilidad a los afectados por desahucios, asegurando que “se verán amparados dentro de las leyes estatales”. Además, ha destacado que “al contrario que el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía, las medidas del Gobierno de España no crean inseguridad jurídica”.
La delegada ha recordado que la legislación sobre desahucios, aprobada por el Congreso de los Diputados y basada en el diálogo, “ya contempla la paralización de las ejecuciones hipotecarias durante dos años y a coste cero para aquellas familias que se encuentran en riesgo de exclusión” y ha afirmado que “la solución al problema de los desahucios no pasa por las sanciones y las expropiaciones contempladas en el decreto de la Junta que, como ha advertido la Comisión Europea, crea inseguridad jurídica e incertidumbre entre los inversores”.
Crespo ha incidido en que el decreto de la Junta de Andalucía “invade competencias reservadas a las Cortes Generales, no garantiza el derecho a la propiedad privada y ofrece una mala imagen de Andalucía en el exterior”, lo que, según la delegada “no beneficia a nuestra tierra en momentos de crisis económica”.
