Los cambios que se han anunciado en la Administración, dirigidos a racionalizar el gasto y buscar la eficacia han traido a la palestra el debate sobre las funciones de las diputaciones provinciales. El catedrático de Derecho Civil de la Universidad de A Coruña, Domingo Bello Janeiro, ha sugerido reformular las diputaciones, en uno de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería.
Bello Janeiro destacó dicha conclusión en el marco de su conferencia sobre Las diputaciones provinciales en el escenario de la descentralización autonómica en Roquetas del Mar dentro del Curso de Verano de la Universidad de Almería, dedicado a La reforma de las administraciones locales.
Señaló que las diputaciones, cuya historia comienza con la Constitución de Cádiz, son instituciones que desde 1833 gestionan los intereses económico-administrativos de las provincias, siendo preciso, en estos momentos, extremar el rigor de sus cuentas y también su transparencia, no ya solo como justificación de su cada vez más discutido papel sino también como imagen de seriedad, dados los límites del gasto público.
En el proceso de racionalización de nuestras Administraciones –dijo- “para corregir ineficiencias no cabe la opacidad” pues la legitimación de las diputaciones como puente entre el Estado y las Administraciones más próximas a los ciudadanos así lo exige, ya que “de lo contrario su misión quedaría desvirtuada, dejando de ser puentes para convertirse en pantanos”, y la tendencia de la buena gobernanza no va por ahí.
El catedrático gallego insistió en que es necesario apostar por la colaboración municipal, animando a los Ayuntamientos a que mancomunen sus servicios y a que cooperen para adaptarse a los nuevos retos con el único objetivo de ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos.
En este sentido, aprovechó para solicitar cuanto antes la modificación del modelo de administración local, fusionando servicios y depurando responsabilidades pues hay demasiados ayuntamientos con ingentes gastos superfluos y nulos recursos, cuya fusión, como en otros países, si no se hacen, nos lo van a imponer desde Bruselas.
Un ahorro de 7.000 millones
Por otro lado, el director general de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda, Juan Ignacio Romero, destacó que la reforma de las administraciones supondría un ahorro de 7.000 millones de euros.
omero ha apuntado que la reforma no supondrá ni una “centralización” de los servicios ni una pérdida de autonomía para los ayuntamientos. La norma, ahora Anteproyecto de Ley, tiene ya el dictamen del Consejo de Estado y a partir de septiembre se iniciará su tramitación parlamentaria para que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2014. “Cuando la reforma llegue al Congreso esperamos contar con el consenso de todos los grupos”, señalaba hoy tras su ponencia en el curso de verano que aborda la reforma de las administraciones locales.
En su intervención, el director general de Coordinación de competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha señalado que la finalidad última de la ley es “clarificar las competencias” y ha dejado claro que con la nueva ley “no se restringirán los servicios que se prestan a los ciudadanos”, pero sí conseguir que estos tengan un “coste menor que el actual”. El ahorro que ha previsto el Gobierno a partir de la entrada en vigor de la ley será de 7.000 millones de euros.
Juan Ignacio Romero ha explicado que aunque la ley tiene un marcado carácter local pretende, sobre todo, reorganizar las competencias de las distintas administraciones intervinientes en la prestación de los servicios. “Se trata, por una parte, de clarificar las competencias propias de las entidades locales en el marco de las comunidades autónomas y de estas en el Estado y, por otra, de la aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que supone un trasunto en todo este tema”, ha apuntado.
El director general de Coordinación de competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales cree que con la reforma “ganamos todos” porque la ley “clarificará” quién presta cada servicio y “racionalizará” el gasto económico. “Es fundamental que, sea a quien sea a quien le competa cada función, que ésta lleve aparejada la financiación. Ese es uno de los principios fundamentales de la ley”, ha dicho.
Respecto a las críticas que han lanzado los partidos de la oposición y los sindicatos sobre lo que supondrá la reforma, Romero afirmaba hoy que “llegan de una premisa básica: la reticencia al cambio”. “Siempre cuesta asumir una situación nueva y necesaria”.