El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de declarar que el procedimiento de ejecución hipotecaria español vulnera los derechos de los consumidores españoles al no permitir invocar como causas de oposición la existencia de cláusulas abusivas en los contratos de préstamo hipotecario.
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha instado hoy al Gobierno de España a dar “respuesta política y jurídica” a los cientos de miles de familias “desahuciadas ilegalmente, tal y como ha puesto de relieve la sentencia” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “Sólo desde el inicio de la crisis, en 2007, unas 400.000 familias han sido desahuciadas en España, 80.000 de ellas en Andalucía. Es urgente que el Gobierno de España les dé una respuesta, porque han visto violado su derecho humano a la vivienda, al no garantizarse su tutela judicial efectiva”, ha señalado Cortés, que ha instado al Gobierno a aprobarla Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desahucios “como punto de partida” para “empezar a restituir” los derechos de cientos de miles de familias de familias que han sido objeto de “violencia” por parte del Estado al haber sido privadas de sus viviendas “ilegalmente”.
Cortés ha animado a las familias en riesgo de desahucio a acudir a las oficinas provinciales del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que en sus primeros tres meses y medio de funcionamiento han evitado 956 desalojos en toda Andalucía. “Con esta sentencia, que el Gobierno no puede eludir, las oficinas adquieren más poder y pueden prestar un servicio aún mejor. Seguiremos exprimiendo nuestras competencias para dar respuesta a las víctimas de esta estafa económica, política y social, pero ahora lo haremos además con una nueva herramienta, con el pleno aval de la justicia europea”, ha afirmado Cortés, para quien la aplicación de la sentencia comunitaria “debe ser retroactiva”.
“Tras 400.000 desahucios ilegales, el Gobierno se quedado ya sin ninguna excusa para no decretar la paralización de los desahucios, impulsar el alquiler social y aceptar la quita de las hipotecas con cláusulas abusivas”, ha señalado Cortés, que ha recordado que el Gobierno andaluz está ofreciendo “un modelo alternativo que demuestra que sí se pueden cambiar las cosas”, poniendo como ejemplos el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, la paralización de los desahucios en el parque público de vivienda en caso de empobrecimiento sobrevenido y la elaboración, por parte de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, de una ley de protección de consumidores de productos hipotecarios que permitirá “establecer garantías” para los ciudadanos que firmen hipotecas y evitar así “nuevos abusos”.
“Esta sentencia supone la muerte de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil, que han consagrado un sistema de desahucios absolutamente injusto y violento, como llevamos años denunciando”, ha afirmado Cortés, que ha afirmado que la directiva de protección de los consumidores de la UE debió haber sido traspuesta al Estado español en 1994, por lo que “los sucesivos Gobiernos de España se lavaron las manos, miraron para otro lado y antepusieron los intereses de las entidades financieras a la protección de los derechos humanos”.
“El discurso de la culpabilización de la víctima, según el cual las familias firmantes de los contratos hipotecarios eran las culpables de su situación, ha quedado definitivamente desmontado. Las familias desahuciadas o en riesgo de desahucio no deben permanecer en silencio. Tienen la razón y la justicia está de su parte”, ha concluido Cortés.
