El consejero de Universidad, Investigación e Innovación andaluz, José Carlos Gómez Villamandos, ha destacado que las dos iniciativas de universidades privadas CEU Fernando III y Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) se han tramitado mediante un procedimiento que ha contado “con todas las garantías jurídicas”. Así lo ha puesto de manifiesto en el Pleno del Parlamento, donde los dos proyectos de ley inician ahora su tramitación después de que el pasado mes de febrero el Consejo de Gobierno diera su visto bueno. En concreto, ambas normas se someten hoy al debate a la totalidad y, una vez superado dicho trámite, serán objeto de la consideración de los grupos y de los agentes económicos y sociales, para su posterior votación y, si procede, aprobación.
El marco normativo vigente, que viene definido por las legislaciones estatal y autonómica aprobadas en la materia, establece que la implantación de este tipo de instituciones académicas en la comunidad debe llevarse a cabo mediante Ley tras el respaldo del Parlamento. Atendiendo a esa exigencia legal, Gómez Villamandos ha querido dejar claro que “Andalucía aborda la creación de universidades privadas mediante leyes propias y con total transparencia y no a través de una disposición adicional, como ya se hizo anteriormente con la única institución privada que hasta la fecha existe en la región”.
En su discurso, ha recordado que el procedimiento que se ha seguido ha durado tres años, periodo en el que, según ha hecho hincapié, la Consejería ha recabado todos los informes preceptivos requeridos, entre ellos, los del Gabinete Jurídico de la Junta y los emitidos por el Consejo Económico y Social de Andalucía y por el Consejo Consultivo, en los que no se incluye objeción alguna a dichos textos. De igual modo, se ha culminado el resto de las diligencias fijadas, como la de audiencia pública a las universidades y a la Confederación de Empresarios de Andalucía.
El consejero de Universidad ha subrayado que, en ese proceso, “los promotores de los proyectos han ido mejorando las propuestas iniciales y asumiendo las recomendaciones planteadas tanto por el Consejo General de Política Universitaria como por la hoy extinta Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA)”.
Si finalmente la Cámara andaluza respalda ambas universidades, Gómez Villamandos ha remarcado que su departamento “estará muy vigilante para que en todo momento se cumplan los estándares de calidad con los mismos parámetros que se aplican al conjunto del sistema universitario andaluz”. Además, ha incidido en que “ningún título se aprobará en Andalucía si no cumple los requisitos de calidad exigidos, provengan de donde provengan las solicitudes”. A su juicio, ambas propuestas de universidades “vendrán a complementar la actual oferta formativa”, sustentada en diez instituciones públicas y en una privada, la Universidad Loyola.
Por otro lado, José Carlos Gómez Villamandos ha detallado que, aunque las dos instituciones son libres de fijar el régimen de ingreso del alumnado, la Junta ha establecido “tres exigencias básicas” en las normativas que las regulan. En primer lugar, tendrán que atribuir una valoración preferente a los resultados académicos entre los distintos méritos que aleguen los aspirantes. De igual modo, deberán contemplar un sistema propio de becas y ayudas al estudio, en el que se tendrá en cuenta como criterios de concesión el expediente académico y las circunstancias socioeconómicas del alumnado y para cuya financiación se destinará el 1% de la estimación de ingresos brutos, de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades. También habrán de desarrollar una labor de I+D notable, ya que “el papel de las universidades es docente, pero también investigador”, ha apostillado.
Adicionalmente, en sendos proyectos de ley se fijan las garantías necesarias para asegurar el funcionamiento de estas instituciones académicas y se regulan las funciones de inspección y control de la Junta. En este sentido, se contempla la realización de auditorías, una memoria anual de actividades detallada por parte de las universidades y un plan de medidas correctoras, en caso de incumplimiento de requisitos y compromisos una vez iniciada la actividad. “Eso podría conllevar la revocación por parte del Parlamento de la ley de reconocimiento”, ha puntualizado el consejero.
Régimen jurídico de aplicación
Asimismo, el consejero de Universidad ha querido aclarar que la normativa que le es de aplicación a ambos proyectos de ley es el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios. Según ha explicado, esta norma era la que estaba en vigor en el momento en el que se presentaron las solicitudes de reconocimiento de universidades privadas.
Esa norma resultó posteriormente derogada por el Real Decreto 640/2021 de 27 de julio, que no prevé el régimen jurídico a seguir en las solicitudes formuladas con anterioridad a su entrada en vigor. Por tanto, “y tras un profundo estudio jurídico de la Administración autonómica, se concluyó que el proceso debía regirse por el texto legal aprobado en 2015”, ha señalado para añadir que, “si finalmente se aprueban, ambas universidades dispondrán de un plazo de hasta cinco años desde su reconocimiento para que puedan adaptarse a los requisitos establecidos en el nuevo marco vigente”. “Esa obligación ha sido corroborada por la Abogacía del Estado, el Ministerio de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria”, ha apostillado.
Una oferta académica presencial y online
La Fundación Universitaria Fernando III El Sabio cursó su petición en abril de 2020 y, según el proyecto de ley, impartirá docencia mediante modalidad presencial, virtual y semipresencial. Se ubicará en el municipio de Bormujos, en la provincia de Sevilla, y contará con dos centros: la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas y la Escuela Politécnica Superior. Su oferta inicial de títulos se compone de siete grados y cinco másteres en materias relacionadas con la Administración y Dirección de Empresas, Marketing y Gestión Comercial, Relaciones Internacionales, Derecho, Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Auditoría de cuentas o Business Analytics y Big Data, entre otros.
En este caso, Gómez Villamandos ha recordado que, en 2007 ya se aprobó una ley de reconocimiento de universidad privada promovida por la Fundación San Pablo-CEU y la entidad religiosa de la Provincia Bética de la Compañía de Jesús (Loyola). Sin embargo, “dicho reconocimiento caducó por el transcurso del plazo establecido sin que se presentase la solicitud de autorización de inicio de actividades”, ha aclarado.
Por su parte, el proyecto docente y de investigación de UTAMED, impulsado por la entidad Sapere Aude Arco Mediterráneo S.L a partir de mayo de 2019, tendrá carácter online y se articulará a través de cinco centros: las facultades de Empresa Digital, Tecnología y Derecho; y de Humanidades y Ciencias Sociales; una Escuela de Doctorado, un centro de I+D+I y otro de emprendimiento y transferencia. Asimismo, la enseñanza proyectada por esta institución, que tendrá su sede social en Málaga, se compone de 14 titulaciones: seis grados, siete másteres y un título de doctorado. Las disciplinas que se podrán cursar están relacionadas con las nuevas tecnologías, Marketing Digital, Derecho, Educación, Emprendimiento e Innovación, entre otras. Con carácter general, esta oferta académica está dirigida a un alumnado con dificultades para conciliar la vida profesional y la formación universitaria.
Tras su puesta en funcionamiento, ambas iniciativas deberán solicitar la impartición de las correspondientes enseñanzas, proceso en el que la Consejería velará por asegurar la calidad de los títulos como en el resto del sistema universitario andaluz.
