Las redes nigerianas, por ejemplo, cobran entre 48.000 y 60.000 euros a sus víctimas; las sudamericanas, entre 4.000 y 9.000 euros, y las que trafican con mujeres de los países del Este, entre 3.000 y 6.000 euros. Los datos han sido facilitados esta mañana por Francisco Castillo, jefe del Grupo de Falsedades Documentales de la UCRIF de la Policía nacional de Almería.
Castillo ha desgranado algunas de las operaciones contra la trata más importantes llevadas a cabo en la provincia. Entre ellas, la operación Zarpa, desarrollada entre 2006 y 2008, que llevó a la detención de 76 personas en nuestro país y otras 56 en Rusia, la identificación de casi 400 víctimas y el cierre de numerosos locales de prostitución situados en el Poniente almeriense. O la llamada operación Olé contra una trama de blanqueo de dinero vinculada a la prostitución de mujeres procedentes de Brasil y Rusia en la localidad de Roquetas de Mar y que se saldó con 17 detenidos.
También ha hablado de otras operaciones policiales contra redes que operan con mujeres subsaharianas (principalmente procedentes de Nigeria), y a las que se amenaza con la práctica de vudú o con el llamado ‘contrato de vida’: las mujeres firman un documento con el que se comprometen a pagar con su vida si no cumplen el compromiso adquirido con la red. “Están en condiciones lamentables, con servicios sexuales que cobran a 5 o 10 euros”, señalaba Castillo. La mayor parte de sus ‘clientes’ son miembros de la población subsahariana que vive en Almería.
“Las redes rumanas y las de los países del Este venden a las víctimas a otra red una vez saldada la primera deuda. Las mujeres son tratadas como mera mercancía”, señalaba. La mayor parte de ellas son muy jóvenes, entre 18 y 30 años y entre 16 y 23 en el caso de las subsaharianas, con nivel cultural bajo –excepto las mujeres procedentes de Rusia-, y endeudamientos familiares previos, principalmente en el caso de las que proceden de Brasil o Paraguay.
Para luchar contra este problema, además del trabajo policial, existe el Plan Integral de Lucha contra la trata con fines de explotación sexual, impulsado por la delegación de Gobierno para la Violencia de Género de la Secretaría de Estado de Igualdad. Su responsable, Miriam Benterrak, ha explicado hoy los detalles y objetivos de este plan, que tiene como principal fin garantizar la asistencia y protección a las víctimas. En este sentido, Benterrak ha señalado que, en nuestro país, existen 59 centros de 33 entidades, con 397 plazas de alojamiento para víctimas de trata.
