El Pleno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha emitido informe favorable al anteproyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Andalucía (ACTIVA). El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha presidido esta reunión, en la que también han participado los rectores de las universidades públicas andaluzas y los representantes de los Consejos Sociales y del estudiantado.
Una vez obtenido el refrendo de este órgano colegiado de consulta, planificación y asesoramiento de la Junta en materia de universidades, el texto legal proseguirá ahora con su tramitación. Para ello, la Consejería de Universidad deberá solicitar los informes del Gabinete Jurídico de la Junta y los de carácter preceptivo del Consejo Económico y Social (CES) o del Consejo Consultivo para su visto bueno como proyecto de Ley y su posterior traslado al Parlamento andaluz, donde será sometido a debate para su aprobación si procede. La nueva normativa irá incorporando los cambios derivados de los distintos informes y sobre los que la Consejería de Universidad se ha comprometido a trasladar a los rectores de las universidades públicas de Andalucía en los encuentros que se celebren en el marco de este proceso.
Cuáles son los principales objetivos de la Ley para el Avance de la Ciencia
El documento tendrá como principales objetivos promover la excelencia de la investigación para situarla a la vanguardia del conocimiento y fomentar la conexión entre universidad y empresa. De igual modo, pretende facilitar la colaboración público-privada en la financiación y el mecenazgo, así como favorecer la internacionalización y la integración europea de la ciencia andaluza. El anteproyecto, que ha sido consensuado con los representantes del sistema andaluz del conocimiento y con los agentes económicos y sociales, sustituirá al actual marco legal que data de 2007.
En los 17 años transcurridos, la ciencia de la región necesita actualizar sus estructuras y potenciar una mayor relación entre universidades, empresas y sociedad y una mayor transferencia del conocimiento, además de dotar de más protagonismo al sector privado en la inversión de I+D+I y de incrementar la gobernanza y la coordinación del sistema del conocimiento.
En ese sentido, Gómez Villamandos ha subrayado que, “en el tiempo transcurrido y gracias al esfuerzo económico realizado desde la Administración autonómica, la comunidad se ha dotado de más y mejores infraestructuras científico-técnicas, ha avanzado notablemente en cuanto a cantidad y calidad de sus recursos humanos dedicados a la I+D, así como en la producción científica y en visibilidad tanto nacional como internacional de sus resultados”.
El nuevo marco normativo activará el Sistema Andaluz de Investigación de Excelencia, que aglutinará a los agentes del conocimiento con mayor nivel de impacto y competitividad en su campo de actividad, reconociéndolos mediante una certificación oficial basada en indicadores objetivos y homologables en el escenario internacional. Dicho sistema estará integrado por el Instituto Andaluz de Investigación Avanzada, las Unidades de Excelencia en Investigación, las Unidades de Investigación Competitiva y aquellos agentes y Unidades de Investigación Avanzada que hayan obtenido la correspondiente certificación.
Por otro lado, la futura Ley ACTIVA otorgará un lugar destacado tanto a la investigación biomédica de excelente calidad que en los últimos años se ha implementado en Andalucía, mediante el reconocimiento de lo que se ha denominado Sistema Andaluz de Investigación Pública en Salud, como a la extensa red de infraestructuras científicas existentes en la comunidad.
De igual modo, el texto legal propone mejorar la gobernanza del sistema andaluz del conocimiento, con la creación de tres nuevos órganos. La Comisión Interdepartamental de Investigación, Tecnología e Innovación estará presidida por el presidente de la Junta de Andalucía; el Consejo Asesor de Investigación, Tecnología e Innovación para Andalucía será un órgano consultivo de reflexión, debate y asesoramiento; y el Comité para la Integridad Científica de Andalucía será un ente colegiado, independiente y de carácter consultivo sobre materias relacionadas con la ética profesional en la investigación científica y técnica.
Mayor conexión entre universidad y empresa
Para favorecer la interrelación entre el sistema de educación superior y el tejido empresarial, el nuevo marco regulador establecerá por primera vez las Unidades de Innovación Conjunta, en las que investigadores y empresas trabajarán juntos para llevar el conocimiento a sectores estratégicos como la salud, la energía o la digitalización.
En el ámbito privado, también se fomentará la innovación a través de la figura de las Unidades de I+D+I Empresarial, que permitirá al tejido productivo acceder a incentivos dirigidos a agentes del conocimiento. Estas estructuras se focalizarán fundamentalmente en el desarrollo experimental y estarán orientadas a satisfacer las necesidades de sus empresas titulares.
En cuanto a la proyección internacional, desde el Ejecutivo autonómico se considera esencial que la ciencia andaluza trascienda fronteras y que la comunidad sea capaz de exportar innovación, atraer talento y estar presente en aquellos órganos, sobre todo europeos, en donde se toman las decisiones más trascendentales relativas a la financiación de la I+D. Para ello, en este anteproyecto se contempla la constitución de la Oficina Europea de Coordinación de la Investigación para Andalucía, que tendrá sede en alguna de las instituciones europeas dedicadas a la gestión de los programas marco. La norma también creará la Comunidad de Investigadores Andaluces en el Exterior, en la que estará integrado el personal investigador que ejerce sus labores fuera de España, todo ello, en estrecha colaboración con la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX).
La divulgación científica es otro de los aspectos en los que profundiza la norma, que plantea un plan específico de ciencia abierta y la puesta en marcha de la Oficina de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el Parlamento para propiciar el diálogo y el conocimiento de la actividad que en I+D+I se lleva a cabo en la región entre los distintos grupos políticos. Asimismo, se encargará de ofrecerles informes con rigor científico que les facilite tomar decisiones basadas en el conocimiento.
