Por decimoséptimo año consecutivo, presentamos el Informe CYD 2020 con toda la información actualizada en relación al sistema universitario español y la contribución de las universidades españolas al desarrollo económico y social de nuestro país. Al igual que en ediciones pasadas, el informe pone de manifiesto el papel que desempeña la institución académica en la formación del capital humano y en la investigación y transferencia de conocimiento al sistema productivo.
Tras 17 años de publicación anual e ininterrumpida, el Informe CYD se ha convertido en un documento de referencia para el análisis del sistema universitario español. Como la anterior, esta última entrega se publica en el contexto de la crisis sanitaria a causa de la Covid-19 con su impacto en el sistema universitario internacional y en la universidad española; tanto en su dimensión de enseñanza y aprendizaje, de internacionalización y de transferencia.
Las instituciones de enseñanza superior han conseguido llevar a cabo el cambio de una docencia presencial a otra online sin prácticamente transición. Según datos de las universidades que participan en U-Multirank (que brinda una clasificación internacional de las instituciones de educación superior y del cual Fundación CYD forma parte), cerca de un 90% de las universidades de todo el mundo cerraron, al menos parcialmente, sus instalaciones, y más del 80% llevaron a cabo el cierre durante un mínimo de 8 semanas y hasta más de 28.
En España, el cambio en la práctica docente vigente fue aplicado con tal rapidez que, mientras que el porcentaje de enseñanzas totalmente online que impartían las universidades presenciales era, antes de marzo del 2020, de poco más del 5%, después de la declaración del estado de alarma se elevó a más del 83%; en tanto que la evaluación online pasó de representar un 4% al 86%. Todo ello demuestra la capacidad de adaptación del sistema universitario.
El Informe CYD 2020 y las tendencias estructurales en un entorno de pandemia
Según cifras correspondientes al curso 2019-2020, se mantiene la tendencia al crecimiento de la participación de las universidades privadas en el conjunto del sistema universitario español (SUE). La matrícula de grado de los estudiantes de las universidades públicas se mantiene prácticamente constante con una mínima caída del 0,6% mientras que en las privadas aumenta un 5,8%. En el máster oficial las privadas crecen un 20,4% y las públicas un 2%.
En segundo lugar, permanecen los niveles elevados de sobrecualificación (ocupados universitarios en puestos de baja cualificación) y de sobretitulación (sobreestimación de la cualificación de los titulados universitarios). Si bien España sigue siendo el país de la UE-27 con más sobrecualificación, este año los datos han disminuido en coincidencia con una oferta más diversa y adaptada de títulos universitarios.
Un tercer aspecto se relaciona con los reducidos indicadores que cuantifican la transferencia de tecnología de la universidad a la empresa. Si bien el crecimiento de las cifras permite acercarse a los datos del 2009, hay un consenso general en que los resultados obtenidos en indicadores tales como spin-off, patentes y de transferencia son inferiores a la capacidad potencial que se infiere de la excelencia investigadora. Consecuentemente, este parece ser un campo propicio para las políticas universitarias, industriales y de innovación.
El cuarto aspecto que se presenta como desafío estratégico es la internacionalización del SUE, ya que el número de estudiantes internacionales con matrícula ordinaria, el de profesores extranjeros y el de oferta docente en inglés presentan unos valores relativamente reducidos en comparación a otros sistemas universitarios europeos. A ello hay que añadir que la movilidad estudiantil y del profesorado se ha visto afectada por la pandemia.
Oportunidades postpandemia: palancas de transformación de la universidad española
No hay antecedentes que permitan encontrar impactos en la universidad equivalentes a los que han sucedido desde el inicio de la pandemia. El Informe CYD 2020 pone de manifiesto cómo las instituciones de educación superior han demostrado su capacidad de reacción y adaptación, algo que han conseguido gracias a su compromiso y al avance en el fortalecimiento de sus competencias digitales.
El Informe CYD 2020 recoge, principalmente, tres palancas de transformación que se necesitan impulsar y profundizar para que la universidad goce de mayor flexibilidad y capacidad en la toma de decisión, así como también pueda aumentar sus recursos de forma significativa y ponga en valor su papel como centro de conocimiento e investigación conectado con el mundo.
1º palanca: La digitalización en la universidad
El impacto de la pandemia y la migración de una enseñanza presencial a online abre una reflexión sobre cómo introducir la digitalización en los procesos que conciernen a la universidad. Repensar la educación en esta era digital implica no solo transformar la docencia sino también que las universidades estén organizativamente preparadas para gestionar sus procesos digitalmente hasta convertirse en instituciones tecnológicas.
Por tanto, la universidad tiene ante sí la oportunidad de asumir una disrupción digital entendida como la introducción de cambios relevantes que alteran las bases y las reglas de juego del modelo existente. En este sentido, la Inteligencia Artificial debe jugar un papel significativo ya que su potencial puede contribuir a la personalización de la docencia y, por tanto, a la mejora del éxito académico de los alumnos.
El Informe CYD 2020 destina su monografía a analizar la digitalización de la educación superior y la importancia de la transformación digital. Las universidades necesitan planificación para pasar de una gestión de crisis a una gestión proactiva y estratégica que ponga en valor lo digital y de solución a los retos actuales. Para ello, se necesita una estrategia definida sobre el alcance de la tecnología en la oferta docente, con una adecuada combinación de la oferta de formación online con la blended y la presencial, junto con políticas que reduzcan la brecha digital y las desigualdades que pueda generar la digitalización.
2º palanca: La iniciativa de las Universidades Europeas
Las revoluciones tecnológicas como la que vivimos están acompañadas por importantes cambios en la sociedad y también en los sistemas educativos, y de aquí las necesidades de adaptación y transformación del sistema. La creación de las “Universidades Europeas”, iniciativa puesta en marcha por la Comisión Europea en octubre de 2018, persigue el objetivo de culminar el Área Europea de Educación en 2025 con la movilidad entre países como norma y con universidades que puedan trabajar sin problemas al margen de las fronteras para consolidar a Europa como continente de excelencia por su nivel educativo e investigador.
Entre las convocatorias de 2019 y 2020 se han constituido 41 Universidades Europeas, con la participación de 280 instituciones de educación superior de los países miembros de la UE más Islandia, Noruega, Serbia, Turquía y Reino Unido, de las cuales 24 son españolas. Sin embargo, para aprovechar e impulsar la iniciativa es necesario rebajar aquellas barreras que dificulten:
- Proponer y acreditar diplomas de grado más allá de las distintas regulaciones nacionales.
- Establecer un marco de referencia común que garantice el aseguramiento de la calidad para la Universidad Europea en su conjunto.
- Introducir itinerarios flexibles de aprendizaje y para el reconocimiento de microcredenciales reconocidas por los reguladores nacionales.
- Fijar un reconocimiento automático de las cualificaciones adquiridas y los períodos de estudio en el extranjero.
- Asegurar la movilidad, garantizar el funcionamiento entre países de los campus virtuales y ofrecer servicios conjuntos y compartidos a los estudiantes.
- Reducir las desigualdades nacionales en materia de financiación y en el nivel de autonomía del que disponen las universidades para tomar decisiones.
3º palanca: Los fondos Next Generation y el papel de las universidades
En julio del 2020, el Consejo de la UE aprobó el Next Generation (NGEU) con una cifra de 750.000 millones de euros para el período 2021-2023. De esta cifra, 390.000 millones corresponden a subvenciones y el resto, a préstamos. Después de Italia, España es quien más recibe de estos fondos mediante subvenciones (76.000 millones, un 19,5% del total).
En sintonía con el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia del NGEU, el gobierno español ha lanzado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España que se organiza mediante cuatro ejes transversales, 10 palancas y 30 componentes. En concreto, el componente 21 de modernización y digitalización del sistema educativo tiene un apartado específico para el nivel universitario en el que se anuncian dos medidas: la formación y capacitación del personal docente e investigador y la mejora de infraestructuras digitales, equipamiento, tecnologías, docencia y evaluación.
Los fondos que se anuncian supondrán un aumento importante de los recursos puestos a disposición del sistema de ciencia y tecnología de España y, para ello, se necesita dotar a las universidades de un marco legal que les permita gestionar las convocatorias anunciadas con el máximo aprovechamiento.
En este marco, es aconsejable un nuevo impulso a las OTRI y a los diferentes servicios de valorización y, además, contemplar el fomento de consorcios entre universidades, centros de investigación y administraciones, con personalidad jurídica propia, para impulsar la transferencia con las mejores condiciones posibles.
Soluciones y medidas a futuro para hacer frente a los retos
Para hacer frente a los desafíos, es menester asignar a las universidades más recursos y mayor autonomía y, también, un sistema de incentivos que oriente la actividad universitaria.
En términos de financiación, la universidad española sigue estando lejos de las magnitudes comparables en el promedio de la OCDE y de los recursos de que disponen los sistemas universitarios que constituyen nuestra referencia. Según datos de la publicación Education at a Glance, el gasto de educación superior por alumno en nuestro país se encuentra un 20% por debajo del dato promedio para la OCDE.
Con datos más recientes, y según la EUA Public Funding Observatory 2020/2021, España registra un decrecimiento en términos reales del 20,1% de los fondos públicos destinados a las instituciones públicas de educación superior entre 2008 y 2020, el tercero más elevado de 32 países analizados, a pesar del incremento anual experimentado en los últimos cinco años.
Además, y en relación con la financiación pública de las universidades, deberían perder protagonismo los sistemas de financiación con variables de input (recursos existentes) ante los de output (resultados u objetivos). Un aumento de los recursos es imprescindible para hacer frente a los retos a los que se enfrenta el sistema universitario. Sin este aumento, las recomendaciones de reforma y mejora del sistema tendrán poco recorrido.
En cuanto a la autonomía universitaria, no todas las universidades españolas tienen la misma manera de hacer frente a sus opciones estratégicas y de modelo de aportación de valor. Sin duda, la universidad necesita una mayor flexibilidad y simplificación de procedimientos, sobre todo en lo relacionado a la captación de recursos docentes, la acreditación para acceder a las plazas y las condiciones retributivas. En paralelo, la universidad debe gozar de su propia capacidad para contratar y promover su capital académico y administrativo.
Por otro lado, el número de titulaciones impartidas en el curso 2020-2021 en el sistema universitario español ha sido de 8.885 (3.613 másteres oficiales, 3.062 grados, 1.173 doctorados, 914 dobles grados y 123 dobles másteres) y todas ellas han debido pasar por un proceso de verificación y otro de acreditación que debería simplificarse en términos burocráticos y administrativos para que, junto al fortalecimiento de la gestión y la rendición de cuentas, permita hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta la universidad española.
El Informe CYD 2020 concluye en que el sistema universitario español ha de aprovechar estas circunstancias y palancas de transformación en sintonía con la anunciada Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la cual supone una voluntad de modificar el marco legislativo en el que actúan las universidades. Más recursos, mayor flexibilidad, mejor liderazgo y una autonomía superior en la toma de decisión de las universidades, con su correspondiente asunción de responsabilidades, deben ser los ejes de la reforma legal. El cambio normativo y la convivencia entre universidades públicas y privadas (con sus pertinentes modelos de aportación de valor) posicionará al SUE como motor decisivo del cambio que debe acompañar a la revolución digital en la que estamos inmersos.
Artículo elaborado por la Fundación CYD.
