Profesores de siete universidades españolas han presentado este martes, 4 de julio, en la Facultad de Derecho de la Univesidad de Málaga (UMA), el informe “Razones para el cierre de los CIE: Del reformismo a la abolición”, en el seno del Observatorio del Sistema Penal ante la Inmigración (OCSPI). Estos expertos han explicado las razones para demostrar que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), tras 30 años de vigencia, son un «instrumento fracasado de la política migratoria europea» según han señalado.
Frente al anuncio del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en abril de 2017, de la intención de construir tres nuevos CIE en Algeciras, Madrid y Málaga, estos académicos consideran que lejos de construir nuevos CIE, hay que acabar definitivamente con ellos.
Informe de expertos
En esta presentación han participado la profesora titular de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Málaga y directora del OCSPI, Elisa García-España; el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, Javier de Lucas; la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, Margarita Martínez; el profesor de Derecho Penal de la UMA, Alberto Daunis; y el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, Diego Boza. Además en la elaboración de este informe también han colaborado el profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, José Miguel Sánchez; el profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de la Coruña, José Ángel Brandariz; y el profesor de Derecho Penal de la Universidad Comillas de Madrid, Julián Ríos.
Desde el ámbito académico, estos expertos han pedido el cierre definitivo de los centros de internamiento de extranjeros tras 30 años de vigencia. Parten de la idea de que estos centros no son más que una muestra de la actitud hostil que Europa tiene hacia las personas inmigrantes más desfavorecidas.
Las peticiones
La petición está basada en razones muy diversas y contundentes, que se muestran a continuación:
– El encierro en CIE es una medida desproporcionada. La privación de libertad se identifica en las democracias de Occidente con la sanción penal más grave impuesta a los comportamientos más dañosos, por lo que difícilmente se entiende que pueda ser usada con personas que están buscando una vida mejor.
– El internamiento en CIE es inconstitucional porque vulnera el derecho fundamental a la libertad, y además en sus 30 años de vigencia no se han cumplido las condiciones impuestas por el Tribunal Constitucional sobre la excepcionalidad de esta medida, sobre la ausencia del carácter penitenciario de estos centros y sobre el efectivo control judicial en el interior de los CIE.
– Los extranjeros que delinquen no deben estar en un CIE sino en prisión, porque no se debe ejecutar un sustitutivo de la pena de prisión en un centro de internamiento que por definición no puede tener carácter penitenciario. Además de no estar acondicionado para la necesaria separación entre personas que han delinquido y que no han cometido ningún delito.
– Los CIE no garantizan condiciones mínimas de dignidad y seguridad porque están ubicados en antiguas prisiones y cuarteles que no están en condiciones de ser habitados por haber quedado obsoletos. Son edificios que presentan problemas de habitabilidad, higiene, salubridad y seguridad.
– Los CIE son opacos y lesionan la dignidad. La falta de transparencia coloca en una situación de riesgo a las personas allí internadas, habiéndose producido una larga historia de lesión y vulneración de derechos, como algún sindicato de policía ha denunciado.
– Los CIE esconden situaciones de grave vulnerabilidad. Menores de edad solos, víctimas de trata, de explotación sexual y solicitantes de protección internacional son localizados con frecuencia en estos centros.
– Los CIE no son eficientes. Solo 1 de cada 4 extranjeros es expulsado. En los CIE se interna un número superior de personas de las que se expulsa, y pese a los intentos policiales de ser más eficientes, la eficiencia ha ido disminuyendo año tras año. En 2016 el 71% de las personas encerradas no fueron expulsadas.
– Los CIE son costosos. Según el Gobierno, los CIE cuestan ocho millones de euros al año, sin incluir gastos de los agentes policiales que gestionan y custodian los CIE. El coste debería ser mucho mayor si la atención social, sanitaria y jurídica fuera la adecuada, si las instalaciones fueran habitables, si se contara con las mínimas condiciones para una estancia digna, y si hubiera personal con formación específica para la gestión de los CIE.
– Los CIE son éticamente ilegítimos. La privación de libertad del extranjero por el mero hecho de ser pobre supone una de las mayores aberraciones del s. XXI. Una pieza más del engranaje de la desmemoriada e ilegítima política migratoria europea.
– Hay alternativas viables, los CIE son innecesarios. La propia ley de extranjería recoge alternativas tales como el retorno voluntario asistido y la posibilidad de que el juez adopte cualquier otra medida cautelar que estime adecuada y suficiente.
Los expertos han concluido señalando que la desaparición de los CIE no producirá ningún efecto negativo en la actual política de control de la inmigración irregular, sin embargo, supondría un triunfo de los derechos humanos y marcaría una tendencia hacia el uso de medidas más humanas en el control de la inmigración.
Observatorio del Sistema Penal ante la Inmigración
El OCSPI se constituye a finales de 2015 con el objetivo de servir, desde una perspectiva criminológica, como observatorio de las prácticas del sistema penal ante la inmigración.
La iniciativa surge del Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga y se enmarca dentro del proyecto de excelencia (SEJ 1489) «Delincuencia de inmigrantes asentados en España», financiado por la Junta de Andalucía para el período 2014-Junta de Andalucia2017, cuyo objetivo principal es profundizar en la respuesta del sistema penal a inmigrantes víctimas, delincuentes y sospechosos.
Entre sus funciones están desarrollar investigaciones criminológicas que favorezcan una mejor comprensión de la delincuencia cometida por inmigrantes y un mejor conocimiento científico sobre la eficacia de la respuesta penal ante ella; impulsar una red de expertos formada por investigadores, profesionales y sociedad civil que permita aunar conocimientos; formar y sensibilizar a los agentes de control social para promover un sistema penal más justo y eficaz en su trato con los inmigrantes; y aportar buenas prácticas en los diferentes ámbitos de actuación del sistema penal (policial, judicial, penitenciario, etc.).
