La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y las diez universidades públicas andaluzas han acordado un protocolo para establecer los grupos de trabajo destinados a revisar el modelo de financiación universitaria, con el fin de poder contar lo antes posible con un instrumento consensuado que garantice la suficiencia del sistema y los más altos estándares de calidad.
En la reunión mantenida hoy, el consejero José Carlos Gómez Villamandos ha reiterado a los rectores que esta medida ha sido “un encargo explícito y prioritario del presidente Juanma Moreno”, al tiempo que ha apelado “al diálogo permanente, la colaboración y la lealtad institucional” para alcanzar la solución más satisfactoria para todas las instituciones académicas. “Mi objetivo es que el nuevo sistema de asignación se resuelva cuanto antes con el fin de poder orientar todos los esfuerzos hacia la gestión del sistema público y afrontar así nuevos logros que permitan continuar mejorando su excelencia académica e investigadora y ponerla al servicio de la sociedad y del sector productivo”, ha subrayado.
Las materias que se analizarán para la configuración del nuevo modelo serán, entre otras, personal, investigación, estudiantes y vida universitaria; gerencia y cuestiones económicas; ordenación académica, infraestructuras, e internacionalización.
Las propuestas que se deriven de esos grupos serán posteriormente tratadas en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU), tanto en su comisión académica como en el pleno de dicho órgano, en el que están representados, además de los rectores, los presidentes de los Consejos Sociales, la comunidad estudiantil y el Parlamento andaluz.
“Estoy convencido de que las aportaciones que se realicen y que finalmente se incorporen tendrán en cuenta las necesidades específicas de cada universidad y se aplicarán atendiendo siempre a su autonomía”, ha aclarado Gómez Villamandos.
El consejero de Universidad ha subrayado que la revisión que se acometa, además de garantizar la suficiencia financiera, se basará “en una guía de variables asociadas a rendimiento e incentivos y se completará con los denominados contratos programas para que cada universidad, en el ámbito de su autonomía, pueda establecer sus propias políticas y las que sean comunes a todo el sistema”, ha apostillado.
La nueva formulación se aplicará a las diez universidades públicas andaluzas durante el periodo 2022-2026, sustituyendo a un esquema que data de 2006 y que se había venido aplicando hasta ahora, por lo que Andalucía ha carecido durante años de un diseño actualizado que pudiera dar respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria. “Ese modelo generó grandes distorsiones en la financiación de las instituciones académicas y ahora tenemos la oportunidad de que eso se solucione”, ha remarcado.
Vías de financiación de las universidades
El grueso de la financiación de las universidades públicas andaluzas lo constituye la financiación pública ordinaria, que se nutre de las transferencias de la Junta de Andalucía y viene fijada anualmente por las decisiones presupuestarias que adopta el Parlamento andaluz.
Además de esta fuente de recursos, las instituciones académicas andaluzas cuentan con ingresos adicionales tanto públicos como privados. Entre los de carácter público, destacan los ingresos procedentes de programas competitivos (proyectos de investigación, becas, ayudas para equipamiento, etc.), y los fondos de carácter privado incluyen las cuantías derivadas de tasas y matrículas, cursos, convenios, contratos, donaciones, gestión patrimonial y financiera, así como la transferencia del conocimiento, vía contratos de investigación, entre otros.
El consejero José Carlos Gómez Villamandos también ha aprovechado la reunión con los rectores para presentarles la nueva estructura de su departamento, que es de nueva creación y está centrada en exclusiva en materias de universidad, I+D e innovación, “reflejando así el compromiso de Juanma Moreno con las instituciones académicas públicas y con el sistema andaluz del conocimiento”, ha afirmado.
