El Centro de Estudios Andaluces publica un trabajo de investigación sobre los motivos del rechazo social a las instituciones políticas y las alternativas ciudadanas para la mejora del sistema representativo.
En los últimos años hemos asistido a un progresivo distanciamiento de la ciudadanía respecto a las instituciones representativas. La novedad es que tiene lugar en un momento en el que la ciudadanía muestra un gran interés por la política y se ha multiplicado la retórica participativa. Si se da la paradoja amor/odio de que haya tanto descontento pero a la vez ha crecido el interés por la política, ¿qué es lo que lleva a la ciudadanía a rechazar el sistema político? ¿Piensan los ciudadanos en alternativas al sistema representativo?
El documento ¿Odiamos la política?, fruto del trabajo de investigación de Joan Font, director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC (IESA) y Ernesto Ganuza, científico titular de la misma institución académica y editor de la Revista Internacional de Sociología, (IESA-CSIC), se despejan algunas de las claves que dan respuesta a estas incógnitas. El texto, resultado de un trabajo financiado en la última convocatoria pública de Proyectos de Investigación de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, expone los argumentos que aporta la ciudadanía para dar explicación a este descontento y, como novedad, explora sus opiniones y preferencias respecto a los mecanismos de participación política y las alternativas propuestas al sistema representativo.
La investigación, publicada por el Centro de Estudios Andaluces dentro de su colección Actualidad, se ha presentado al público el jueves 20 de abril en un coloquio en la Casa de la Provincia, en el que también intervinieron los politólgos Fernando Vallespín (Universidad Autónoma) y María Luz Morán (Universidad Complutense). El trabajo se nutre tanto de una encuesta –realizada a finales de 2015 a una muestra de 1,081 personas mayores de edad residentes en Andalucía– como del diálogo con diez grupos de discusión diseñados en base a posiciones sociopolíticas; por una parte, votantes y simpatizantes de partidos, miembros de asociaciones y movimientos sociales; y, por otra parte, grupos no politizados, no identificados con grupos políticos, pero con distintos perfiles de clase, edad y nivel educativo. Asimismo, los investigadores se apoyan en datos de otras encuestas para ofrecer un marco temporal y territorial de comparación y contextualización de sus resultados.
Analizando los datos aportados por el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (EGOPA) e indicadores del CIS para el periodo que abarca el estudio, ente 2005 y 2015, Andalucía no es una excepción a la oleada de descontento que se vive en España. Si bien entre 2005 y 2008 los niveles de satisfacción con la democracia se situaban en una media de 6 para España y de 5,2 para Andalucía (en una escala de 0 a 10), es a partir de 2012 cuando se produce un descenso importante, superior al 30% en ambos territorios, llegando a una media de 3,9 a nivel nacional y de 3,5 en Andalucía; un descontento especialmente acentuado entre la población con menor nivel de estudios, según datos del CIS. Para el caso andaluz, a partir de ese año, se experimenta un ligero repunte hasta llegar a 4,1 puntos de confianza de 2015.
Lo más sorprendente, como destacan los investigadores, es que en este periodo se experimenta, por el contrario, un incremento del interés por la política. Comparando datos del EGOPA y de la European Social Survey para este mismo periodo, en una escala de 1-4, en la que 1 significa “nada interesado” y 4 “muy interesado”, la media andaluza creció de 2’1 en 2005 a 2’5 en 2015.
La mayoría de los participantes en el estudio achacan este descontento a una forma singular de funcionamiento del sistema político: “las relaciones de lealtad personal” dentro de los partidos políticos. Los encuestados hablan de un “sistema político aislado, regido por normas privadas” que produce “desconfianza y descontento” en la ciudadanía. Sean los simpatizantes de los partidos tradicionales o de los más nuevos, cuenten o no sus miembros con más o menos recursos, la “profesionalización de la política” (entendida la política como única profesión) se menciona como la principal razón del descontento político.
La participación como alternativa
Lejos de una transformación integral del sistema representativo, las alternativas que se barajan como posibles mejoras del sistema actual pasan por hacer converger participación y representación, pero ¿cómo hacerlo? Preguntados en la encuesta por una escala de procesos políticos, en la que cada persona puntúa de qué manera prefiere que sean tomadas las decisiones políticas –cuanto más cerca de 1, más a favor de que la ciudadanía tome las decisiones y cuanto más cerca de 10, los representantes políticos– se obtiene que la ciudadanía prefiere que las decisiones políticas se tomen de manera equilibrada, aunque con una ligera inclinación hacia el lado participativo. Para el caso de Andalucía, se observa una diferencia importante entre lo que se desea y lo que existe, puesto que ocho de cada diez entrevistados identifica el sistema como muy inclinado hacia el lado representativo.
Sin embargo, una cosa es pensar en lo importante que es la participación política para regenerar el sistema y otra distinta es llevarlo a la práctica. Así, ante una hipotética iniciativa de participación concreta, como la de acudir como invitado al Parlamento andaluz para debatir con los diputados una cuestión determinada, los mismos encuestados muestran rechazo: el 37’1% afirma que le interesaría “mucho” o “bastante”, mientras que el 44’1% afirma que “poco” o “nada”.
La participación, concluyen los investigadores, plantea en la ciudadanía un debate ambiguo. La mayoría de los participantes de los grupos de discusión, si bien no se muestra contraria a aumentar los niveles de participación, expone dificultades ante una reforma política basada en la participación ciudadana. Todos los simpatizantes de los partidos relativizan un escenario participativo a “las capacidades” de la ciudadanía para participar y vinculan la participación con “hacerse escuchar y opinar”. En el caso de los partidos tradicionales (PSOE y PP), la participación debe servir para nutrir la representación. Para ellos ya existen mecanismos de participación que, sin embargo, están “infrautilizados” o con “mal uso”. Por su parte, para los simpatizantes de Podemos e IU, si se participa poco, aunque haya posibilidades para hacerlo, es “por un problema de dominación sistémica”.
En lo que hay mayor acuerdo es en la importancia de contar con altos niveles de conocimiento como elemento necesario para desempeñar tareas de gobierno. Sin embargo, tampoco un gobierno tecnocrático, liderado por expertos, es aceptado mayoritariamente como alternativa a la actual crisis del sistema político. Así, el doble de personas (40%) valora mejor las elecciones como mecanismo para la toma de decisiones colectivas que un mecanismo basado solo en la decisiones de expertos (20%).
“La crisis política ha hecho que mucha gente tenga sentimientos negativos hacia la política, pero estos no se han traducido en la formulación de alternativas políticas claras y ampliamente apoyadas”, señalan los autores del informe. Si bien, esto no implica que “la ciudadanía se resigne”. Lo que ocurre, en opinión de los autores, es que las reformas políticas propuestas no miran “hacia procesos políticos distintos”, sino “hacia dentro del sistema representativo”. “La ciudadanía no quiere destruir lo que hay”, resume. El sistema es útil, pero urge reformarlo de una manera mixta que recoja “mayor participación y una mejor preparación técnica de los responsables para gobernar”. Lo que se plantea es nada menos que “articular políticos, ciudadanos y expertos en un sistema representativo transparente”.
Propuestas concretas de reforma
Las reformas políticas propuestas en los grupos de discusión podrían dividirse en dos apartados: de un lado, sanear el funcionamiento de los partidos y acercar la política a la sociedad; y de otro, la simplificación del sistema; una idea compartida, sobre todo, en los grupos conformados por personas con menos recursos y mayores.
En los grupos más conservadores (PP y Ciudadanos), los más críticos con el funcionamiento de los partidos políticos, se plantean, en términos generales, dos grandes reformas: las listas abiertas y la obligación de hacer primarias para elegir a sus líderes. Para ellos, el diseño del Estado habría favorecido el “clientelismo” y, con ello, el “exceso de instituciones” y las “duplicidades”. Abogarían por simplificar las administraciones, principalmente eliminarían el Senado y las Diputaciones provinciales, y apostarían por ampliar la autoridad de los expertos y despolitizar las áreas de gestión técnica de las administraciones suprimiendo los cargos políticos de confianza.
Las reformas que plantean los simpatizantes del PSOE tienen puntos en común con las reformas conservadoras, pero el enfoque es diferente. Hablan de mejorar los mecanismos de representatividad en el partido para que “los mejores políticos tengan la oportunidad de salir” y se pare la sangría causada por la “corrupción” y el “amiguismo”. Además de primarias abiertas, abogan por la limitación de mandatos, revisar la financiación de los partidos y reformar el régimen de incompatibilidades de los representantes. Apostarían por una reforma constitucional que consideran “muy necesaria”.
Los grupos más progresistas, Podemos e IU, apuestan por darle a la ciudadanía mayor protagonismo instaurando más mecanismos de participación, pero sin reformas radicales, siempre dentro de las relaciones de representación, al objeto de distribuir el poder “de manera más equitativa”. Neutralizar las “relaciones de lealtad” pasaría por instaurar la revocación de los cargos institucionales entre elecciones. Y al igual que otros grupos, reformarían algunas instituciones como el Senado y las Diputaciones al objeto de modernizarlas.
Para los grupos sociales más vulnerables (trabajadores precarios, jóvenes sin estudios y mayores) la política tiene tanto descrédito que no esperan mucho de las reformas que se puedan acometer, por lo que la única opción que contemplan es simplificarla. La clase política es vista, en general, como “egoísta, oportunista y fanfarrona”. Hablan de la necesidad de “políticos honestos” que ejerzan por “vocación” y de limitación de sueldos.
Para los grupos más conservadores y la mayoría de grupos sociales, el “nuevo político” tendría que tener formación y experiencia en el campo donde ejerza sus competencias, “básico para saber gestionar personas e información” y “rodearse de buenos técnicos”. Para los grupos progresistas, incluidos los simpatizantes socialistas, el “nuevo político”, en cambio, no se debe distinguir por su conocimiento o profesionalidad, sino por su “visión estratégica”: “las decisiones estratégicas las toman los políticos, las operativas, los técnicos”.
