Los enfrentamientos entre administraciones con motivo de la Ley Orgánica el Sistema Universitario (LOSU) no cesan. Ahora, el consejero de Universidad andaluz, José Carlos Gómez Villamandos, ha calificado la nueva ley de «ineficaz» y ha lamentado que el Gobierno quiera ahora que las comunidades asuman sus excesos.
En su intervención en el Parlamento andaluz, Gómez Villamandos ha calificado de “parche” los 7,6 millones en los que ha cifrado la financiación para implantar la LOSU en Andalucía, asegurando que esa cifra dista mucho de los casi 160 millones que evaluó la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Esa cuantía, según ha matizado, pone de relieve “la verdadera dimensión financiera” que supone la LOSU en el sistema universitario público y “contradice la versión inicial mantenida por el Gobierno de España de que la nueva ley no conllevaría coste adicional”.
“Desde Andalucía siempre hemos mantenido la misma postura, alertando de las graves consecuencias que implicaría el texto legal, generando más gastos, sin una mejora real del conjunto del sistema y atentando contra la autonomía universitaria”, ha señalado, para advertir que su voz no ha sido la única, ya que toda la comunidad educativa y otras regiones han lanzado igualmente mensajes en esa misma dirección.
Según ha alertado, el Ministerio de Ciencia se ha dado cuenta de que la LOSU es “inviable”, tal y como está planteada. Por eso, el consejero ha pedido a la ministra Diana Morant que “no le dé una estocada” al conjunto de la comunidad universitaria porque de una universidad fuerte depende un mejor tejido productivo, una investigación de calidad y, por ende, una innovación real que tenga efecto sobre el desarrollo de la sociedad. En ese contexto, ha apostillado que “no nos podemos acostumbrar a que el Gobierno de España legisle imponiendo su voluntad, sin reflexionar realmente si las normas van a servir para mejorar la vida de los ciudadanos”.
Una ley sin modelo de financiación
Gómez Villamandos ha denunciado que la ley estatal carece de un modelo de financiación y se limita a establecer como objetivo alcanzar el 1% del PIB, “una falacia si no se cuenta con un instrumento de financiación”, ha puntualizado. De igual modo, ha criticado que este marco legal “no rebaja carga burocrática a las universidades y continúa incrementando diferencias entre instituciones académicas”.
También se ha referido a otras deficiencias de la LOSU, poniendo el foco en aspectos relacionados con el capítulo de personal, como la eliminación de la figura del contratado doctor, del ayudante y la acreditación inicial. En ese sentido, ha aclarado que, debido al vacío generado por la extinción del contratado doctor, la Junta ha tenido que recuperar dicha figura a través de una modificación puntual de la norma andaluza en materia de universidades para llevar a cabo una “adaptación urgente” para evitar que dicho personal se quedara “en una situación de inseguridad jurídica y que no tuviera asegurada su estabilidad”, ha incidido. Al respecto, ha explicado que, con esta medida, se impide la paralización de la contratación de dicha categoría y se da, además, a las instituciones académicas una respuesta inmediata en los procesos de acceso y promoción a este perfil.
El consejero ha indicado también que la LOSU permite que el profesorado funcionario sea evaluado por las agencias regionales y no exclusivamente por la agencia estatal ANECA, una iniciativa que, a su juicio, va en detrimento de la cohesión y la integridad del sistema.
Para Gómez Villamandos, el marco estatal se olvida del emprendimiento y la empleabilidad de los estudiantes, no avanza ni en gobernanza ni en internacionalización ni en transferencia de conocimiento y tampoco en la conexión de la universidad con la sociedad. En definitiva, “es una ley que se queda corta para el sistema universitario andaluz y perjudica su proyección futura”, ha añadido.
Frente a esas “deficiencias”, el titular de Universidad ha defendido que su departamento está inmerso en la elaboración de una nueva norma de carácter regional que dotará al sistema público andaluz de la “certidumbre y la seguridad jurídica” que no le ofrece el marco legislativo nacional. “Tenemos una oportunidad histórica para que la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) se convierta en la norma de referencia para nuestro presente y nuestro futuro inmediato”, ha afirmado. El texto regional potenciará la docencia con personal cualificado, reforzará las estructuras propias de las universidades, incentivará la investigación simplificando trámites y reduciendo carga burocrática y posibilitará que la innovación refuerce el sistema económico.
Un 1% del PIB andaluz para financiar la educación universitaria
Asimismo, José Carlos Gómez Villamandos ha remarcado que Andalucía ya despliega un esfuerzo muy superior a la media en materia de financiación universitaria. “No se nos puede castigar por ser la que más destina a la educación pública universitaria respecto a nuestro PIB”, ha explicado. El compromiso del Ejecutivo autonómico convierte a Andalucía en la que más dedica a educación pública universitaria respecto a su PIB, con un porcentaje que alcanzó ya el 1% en 2023 gracias a la aplicación parcial del nuevo modelo de financiación. Para el ejercicio 2024, el sistema público contará con una cifra récord de 1.685 millones, lo que representa un incremento del 4% con respecto a la partida reservada el año pasado.
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