Para empezar, el Real Decreto utiliza el término de excepcionalidad, pero con eso no se refiere a otra cosa sino a que las medidas: “resultan imprescindibles para cumplir con la senda de consolidación fiscal fijada y con el compromiso de reducción de déficit de la Unión Europea”. En otras palabras, que se toma una serie de decisiones que afecta a la estructura y funcionamiento del sistema educativo español porque hay que ahorrar con urgencia. Interesante. ¿Tan urgente es exigir a las universidades en el mes de abril que confeccionen: “la liquidación de su presupuesto antes del primero de marzo del ejercicio siguiente? ¿Tan perentorias son las exigencias de la Unión Europea que hay que legislar por la vía excepcional que: “la dedicación a tiempo completo del profesorado universitario será requisito necesario para el desempeño de órganos unipersonales de gobierno”? ¿Tanta prisa corre subir el precio de las matrículas que se harán dentro de unos meses que no se puede esperar ni a discutirlo en el Congreso de los Diputados, el mismo órgano que cambió la Constitución Española en menos de un mes?
Establece el Gobierno que: “en el ámbito de las universidades se determina la actividad docente a desarrollar por el personal docente e investigador de las universidades, que se gradúa en atención a la intensidad y excelencia de su actividad investigadora”… Miren, hay facultades en las que el profesorado está sobrecargado por número de estudiantes, grupos, asignaturas y clases. Aplicando el Decreto, a más tiempo de clases, menos de investigación; a menos tiempo de investigación, menos resultados; a menos resultados, menos sexenios y, a menos sexenios, más clases. Esto no es eficiencia ni, ya que en esto estamos, responde a la realidad.
En la Universidad, el profesorado puede, si quiere, cada seis años solicitar un complemento de sueldo que se obtiene enviando cinco publicaciones o resultados de calidad a una Comisión Nacional que decide, si quiere, que se le adjudique o no el complemento a quien lo solicita. Este complemento de sueldo, el sexenio de investigación (el “gallifante”, para los amigos) es voluntario y potestativo. Voluntario porque depende de cada persona pedirlo o no; potestativo porque depende de la Comisión concederlo o no. El sexenio no mide la investigación. Como mucho, mide el éxito de un investigador ante una Comisión. Así no se hacen las cosas, creo yo.
Menos mal, por cierto, que esas medidas sólo se aplican a los profesores de la Universidad pública. Si la intensidad, abundancia y excelencia de la investigación fuera el criterio para decidir cuántas horas de clase tiene un profesor, me da que algunas universidades privadas podrían dar todos sus títulos con diez o doce profesores. Y sobrarían.
Pero lo que más me irrita del contenido del Decreto ha sido la subida que se aplica a las matrículas en las enseñanzas universitarias. Los profesores hacemos y haremos nuestro trabajo igual que lo seguimos haciendo después de ver cómo se nos recortaba porque sí y a golpe de BOE hasta un siete por ciento de nuestro sueldo. Ahora bien, tocar a los estudiantes y a sus familias es otra cosa. El aumento del precio de las matrículas es una desmesura que en ningún párrafo del Decreto se explica ni justifica. Cuando no se dispone de dinero, quien menos euros tiene es quien peor lo lleva para mejorar su formación. Así no se vela por los intereses de la ciudadanía.
Si el efecto buscado hubiera sido el equilibrio sin perjuicio de los estudiantes, el precio de la matrícula dependería de la renta de cada familia: más ganas, más pagas; menos ganas, menos pagas. No, no me digan que con las becas lo van a compensar. El Decreto dice que el Estado va a pagar en becas el mínimo de lo que establezcan los Presupuestos Generales y que el resto será decisión de las comunidades autónomas. Las autonomías, sí, esas instituciones que están vigiladas, a las que se obliga a reducir gastos, las que pueden ser intervenidas por el Estado si se gastan más de la cuenta. Sí, exactamente, si no es una reducción de las becas, poco falta. Así no se compensa la subida de las matrículas.
Esto no es una medida de racionalización del gasto. Esto no es una mejora de la eficiencia del sistema. Esto no se justifica por razones de urgencia. Esto es un recorte que afecta desigualmente, que provoca mayores desigualdades, y que no tiene relación directa con la crisis. No creo que nadie se extrañe de que los estudiantes, los profesores, las familias, protestemos. ¿O alguien cree que, después de todo esto, la Universidad saldrá en solemne procesión cívica con loores a la racionalización, cánticos de alabanza a la eficiencia e himnos marianos?.
