La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha comparecido en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado, donde ha explicado las políticas que está llevando a cabo su Departamento. La ministra, que ha iniciado su intervención recordando a las víctimas del naufragio del Villa de Pitanxo y trasladando el apoyo del Gobierno a las familias, ha destacado la apuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación para crear nuevas oportunidades en las comunidades autónomas y reforzar la “cohesión territorial” en España.
Esta apuesta, según ha detallado Morant, se traduce en iniciativas concretas como la creación de infraestructuras científicas y técnicas de vanguardia por todo el territorio español. Entre otras infraestructuras, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha impulsado la creación del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético en Cáceres con cerca de 58 millones de euros hasta 2023.
Asimismo, el Ministerio ha firmado con el Ayuntamiento de Escúzar el convenio de cesión de terrenos al proyecto de construcción del IFMIF–DONES en Granada, un proyecto internacional que consiste en la creación de un gran acelerador de partículas para el estudio de los materiales que podrían componer los futuros reactores de fusión nuclear.
El presupuesto estimado de construcción de IFMIF-DONES es de 650 millones de euros junto con otros 50 millones para la fase de puesta en marcha. Además, el coste de operación es de 50 millones anuales durante 20 años. El Gobierno de España se ha comprometido a financiar el 50% del coste de construcción y el 10% del coste de operación.
La ministra también ha explicado que Huelva acogerá el Centro de Experimentación de Plataformas Aéreas no Tripuladas (CEUS), un centro impulsado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Defensa para el ensayo, entrenamientos y montaje de aeronaves no tripuladas, que contará con una financiación europea de 28 millones de euros.
“El Ministerio de Ciencia e Innovación ya está presente en todos los territorios de España y vamos a seguir fortaleciendo esa relación con la inversión de casi 137 millones de euros en Infraestructuras Científico Técnicas repartidas por todo el territorio español”, ha recordado Morant.
PERTE para la Salud de Vanguardia
Para impulsar la investigación biosanitaria en los distintos territorios, Morant ha recordado que el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, ha destinado cerca de 30 millones de euros a 46 proyectos de investigación en medicina de precisión de centros repartidos por toda España.
“Estos proyectos permitirán la investigación en terapias avanzadas y en la medicina de precisión para la cura de enfermedades como el cáncer o las enfermedades neurodegenerativas”, ha explicado.
Esta convocatoria se enmarca en el PERTE para la Salud de Vanguardia, que prevé una inversión de al menos 1.469 millones de euros en el periodo 2021-2023, con una contribución del sector público de más de 982 millones de euros y una inversión privada estimada inicialmente en cerca de 487 millones de euros.
“En todo el mapa español, especialmente a través de los PERTES, ya hemos empezado a plantar esas semillas de la I+D+I, que producirán las soluciones a los actuales y futuros retos medioambientales, económicos y sociales”, ha defendido Morant, quien ha añadido que esta apuesta por la ciencia y la innovación también convertirá a España en “un país más competitivo y resiliente y crearán nuevas y mejores oportunidades para las personas, para que puedan vivir y trabajar donde tienen el corazón y las raíces”.
Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Durante su intervención, Morant ha detallado que la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada en el Consejo de Ministros el pasado viernes, también incorpora medidas para mejorar la cogobernanza entre las administraciones públicas, lo que promoverá nuevos modelos de colaboración en el ámbito de la ciencia y la innovación.
Entre otras medidas, la norma incluye los Planes Complementarios, una nueva herramienta del Ministerio de Ciencia e Innovación para la puesta en marcha de programas de investigación en áreas estratégicas, cogobernados y cofinanciados entre el Gobierno y las comunidades autónomas.
En total, se han previsto ocho Planes Complementarios, que movilizarán 445 millones de euros hasta 2025, de los que el Ministerio de Ciencia e Innovación financiará 285,3 millones de euros, el 64% del presupuesto total, y las CCAA el 36% restante, con 159,4 millones de euros.
“Estos planes son una nueva política de coordinación científico-técnica sin precedentes en nuestro sistema donde, por primera vez, el Estado y las comunidades autónomas investigamos e innovamos juntos en torno a áreas estratégicas: energía e hidrógeno renovable, ciencias marinas, comunicación cuántica, biotecnología, agroalimentación, astrofísica y física de altas energías, materiales avanzados y biodiversidad”, ha explicado Morant en el Senado.
El Ministerio de Ciencia e Innovación ya ha presentado el Plan Complementario en Biotecnología aplicada a la Salud para promover la investigación conjunta en medicina de precisión y terapias avanzadas.
Reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación
Asimismo, Morant ha subrayado durante su intervención que la reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación es “uno de los instrumentos transformadores con los que España va a saldar su deuda histórica con la ciencia y, especialmente, con las personas que investigan e innovan”.
Esta reforma de ley pretende fortalecer las capacidades del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación para mejorar su eficacia, coordinación, gobernanza y transferencia del conocimiento. Además, introduce reformas para dotar de más recursos, derechos y oportunidades al personal investigador y lograr una carrera profesional pública más estable en el ámbito de la I+D+I.
La ministra ha remarcado que la reforma está orientada a cumplir dos demandas unánimes de la comunidad científica y de la sociedad: dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores e investigadoras y garantizar una financiación pública creciente y estable en I+D+I, alineada con los objetivos de la Unión Europea. Para ello, la reforma incluye un compromiso por ley para que la financiación pública en I+D+I, de conformidad con el Pacto de la Ciencia y la Innovación, aumente regularmente con el objetivo de alcanzar el 1,25% del PIB en 2030.
“Esta nueva norma es la mano que hoy España le tiende a la ciencia, tras darle la espalda durante una década de recortes, que provocó precariedad en las carreras, la fuga de talento científico, la destrucción de miles de plazas públicas, el envejecimiento de las plantillas y un tapón para toda una generación de investigadores e investigadoras”, ha defendido Morant.
Igualdad de género
Morant ha explicado que la norma también busca resolver las principales desigualdades de género que persisten en el ámbito de la I+D+I. Para ello, dará por primera vez seguridad jurídica a la igualdad de género en el Sistema de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, asegurando un abordaje dual, donde la perspectiva de género sea eje transversal de los instrumentos de planificación de los agentes públicos en ciencia, tecnología e innovación a la vez que se implementan acciones específicas.
Así, los agentes públicos deberán disponer y evaluar anualmente un plan de igualdad de género y de contar también con protocolos frente al acoso sexual y por razón de género u orientación sexual. También se prevé la creación de un distintivo de igualdad de género en I+D+I para los centros que acrediten alcanzar criterios de excelencia en este ámbito, la necesidad de implementar medidas para eliminar los sesgos de género e integrar la dimensión de género en los proyectos de I+D+I.
En este sentido, se garantizará la igualdad en los procesos de selección y evaluación para quienes concilian. Además, se reconoce el papel fundamental de la divulgación científica y la educación para impulsar el cambio sociocultural y fomentar la corresponsabilidad.
Más oportunidades para los investigadores
Esta reforma de ley se suma al resto de políticas impulsadas por el Gobierno para “crear más y mejores oportunidades para las personas que hacen ciencia e innovan”, ha detallado la ministra. Entre otras medidas, el Gobierno ha dado condición de prioritario al personal científico y técnico, aprobando así la mayor oferta de empleo público de los últimos 15 años y pasando de tasas de reposición cero a tasas de reposición del 120%. Además, ha doblado en dos años el presupuesto destinado a contratos postdoctorales, ha remarcado Morant, quien ha apuntado que, con estas dos medidas, en los próximos tres años, “se podrán incorporar 12.000 personas en el Sistema público de ciencia”.
“El objetivo es deshacer el tapón que han sufrido los jóvenes investigadores en nuestro país, en contraposición al periodo entre 2011 y 2016, en el que se destruyeron 5.000 plazas de investigadores e investigadoras en nuestro país”, ha recordado la ministra.
Durante su intervención, Morant ha destacado que las políticas públicas adoptadas por el Gobierno están orientadas a “sembrar la ciencia y la innovación” para garantizar “un Estado de Bienestar más sólido, con más empleo de calidad, mejores pensiones, mejor educación y sanidad, menos desigualdad y más cohesión social y territorial”.