La Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Adra en el que le comunica la posibilidad de que los propietarios de 10 parcelas de suelo (unas 57 hectáreas en total) situadas en el borde de protección de matorral de la Sierra de Gádor, podrán ser destinadas al cultivo hortofrutícola bajo invernadero.
Se trata de parcelas no forestales desde antes de 2002, año en el que se aprobó el Plan de Ordenación del Territorio del Poniente Almeriense (POTPA), plan que prohíbe expresamente la instalación de nuevos invernaderos en zonas de protección territorial de la Sierra de Gádor.
Para autorizar la instalación de invernaderos, el Ayuntamiento ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la revisión del POTPA, con el fin de liberar algunos terrenos del borde de protección territorial. Mientras se lleva a cabo dicha revisión, a más corto plazo, la autorización de algunos terrenos podrá hacerse a través del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Adra (PGOU).
Condiciones
En tres de estas parcelas, con una extensión de unas 30 hectáreas, se plantea la viabilidad de la instalación de invernaderos, ya que no tienen carácter forestal y por tanto no están sujetas a protección territorial. En las otras siete parcelas –con una extensión de 27 hectáreas-, la autorización de la instalación de invernaderos está condicionada, bien a las pendientes del terreno, bien a la aprobación definitiva del PGOU de Adra, ya que en la actualidad están en suelo no urbanizable de carácter rural por el ordenamiento urbanístico del Ayuntamiento.
En cambio, otras 47 parcelas, que en su conjunto suman unas 71 hectáreas de terreno, son inviables debido al carácter forestal. Y es que, en unos casos se encuentran en zona de protección territorial del POTPA, y en otros el PGOU de Adra –en fase de aprobación provisional- las clasifica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
La revisión del POTPA se realizará una vez que finalice el procedimiento del Plan de Protección del Corredor Litoral y se apruebe por Consejo de Gobierno.
La Junta de Andalucía responde así a la petición planteada por los propietarios de las parcelas, petición que está siendo estudiada desde hace unos meses entre el Consistorio de Adra y la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
