Hasta ahora sólo tenía sede en la región una universidad privada, la Loyola Andalucía, y el campus de Sevilla de la Universidad CEU San Pablo. Los rectores de las diez universidades públicas andaluzas exigen un listón alto de exigencia de calidad para permitírseles abrir, y que su oferta académica esté cubierta en las universidades públicas
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades a iniciar la tramitación de dos anteproyectos de ley para que puedan empezar a funcionar las dos universidades privadas Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed) y la Universidad Fernando III El Santo.
UTAMED contará con cinco las facultades, una Escuela de Doctorado, un centro de I+D+I y otro de emprendimiento y transferencia. En total UTAME ofertará 14 titulaciones relacionadas con las nuevas tecnologías, el Márquetin Digital, el Derecho, la Educación, el Emprendimiento y la Innovación. Su oferta de títulos se compone de ocho grados y cinco másteres en materias relacionadas con la Administración y Dirección de Empresas, Márquetin y Gestión Comercial, Relaciones Internacionales, Derecho, Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Auditoría de cuentas, Planificación Empresarial e Inteligencia de Datos, entre otros.
Por su parte la La Universidad Fernando III el Santo es un proyecto que lleva años gestándose. Su proyecto quedó inconcluso. Iba a tener tres sedes: Rectorado en Sevilla, y campus en Sevilla y Córdoba. El proyecto estuvo gestionado por la Fundación Universidad Fernando III, una fundación promovida por la (fundación creada, a su vez, por la Fundación Universitaria San Pablo CEU y la Archidiócesis de Sevilla) y por la Compañía de Jesús.
Según el Diario de Sevilla la Universidad Fernando III impartirá docencia mediante modalidad presencial. Se ubicará en el municipio de Bormujos, en la provincia de Sevilla, y contará con dos centros: la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas y la Escuela Politécnica Superior. Su oferta de títulos se compone de ocho grados y cinco másteres en materias relacionadas con la Administración y Dirección de Empresas, Marketing y Gestión Comercial, Relaciones Internacionales, Derecho, Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Auditoría de cuentas o Business Analytics y Big Data, entre otros.
Por su parte la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed) impartirá seis grados inicialmente: Economía Digital e Inteligencia de los Negocios, Márquetin Digital, Derecho y con mención en nuevas tecnologías, Comunicación Digital y Periodismo, entre otros. La Utamed ofrecerá también másteres en Dirección de Empresas Digitales, Emprendimiento e Innovación, Automatización e Inteligencia Artificial, Tecnología Educativa y Digital o Ética Digital. Asimismo, se pondrá en marcha un doctorado basado en la Sociedad Digital y la Tecnología y tres líneas de investigación: Tecnologías Educativas, Ética en la Era Digital y Economía Digital, según el Diario de Córdoba.
La Universidad UTAMED está impulsada por el grupo Medac. Una empresa fundada en 2010 en Málaga que oferta Formación Profesional Reglada y No Reglada en España y Portugal y cuenta con cien centros y más de 100.000 alumnos, 1.500 profesores en su plantilla y 300 titulaciones en su cartera en modalidad presencial y en línea en toda la península ibérica.
Los rectores exigen que los títulos que oferten estén garantizados en las públicas
En primer lugar, los rectores exigen que cualquier incorporación de una nueva universidad al sistema universitario andaluz, o cualquier ampliación de la oferta de titulaciones en las ya existentes, debe pasar siempre por la exigencia a estas instituciones de los mismos estrictos requisitos de calidad que se demandan a las universidades públicas andaluzas, tanto en el ámbito de la formación académica, como también en el de la implantación y desarrollo de políticas de investigación y transferencia del conocimiento, que deben estar suficientemente acreditadas, así como en el de la puesta en marcha de programas de responsabilidad social, siendo obligación ineludible de las autoridades competentes y de la Agencia Andaluza de Evaluación (DEVA) velar por el cumplimiento de estos requisitos desde el momento de su creación y durante todo el desarrollo de sus actividades, de la misma manera que lo hace con las universidades públicas de esta comunidad autónoma.
En segundo lugar, su reivindicación de que la creación de nuevas universidades de carácter privado se produzca, en todo caso, al mismo tiempo que se atiende al necesario fortalecimiento de las universidades públicas andaluzas, en cuanto a la financiación adecuada y suficiente para la correcta cobertura de sus necesidades de plantilla e infraestructuras materiales y en cuanto a las políticas necesarias para ampliar y actualizar su oferta de nuevas titulaciones de Grado y Posgrado y mejorar las relacionas con el tejido social y productivo. Solo con estas condiciones las universidades públicas andaluzas podrán continuar siendo una fuente de innovación y progreso para sus respectivos territorios y el principal agente de ascenso social y bienestar de la ciudadanía.
