Los rectores y rectoras andaluces están disconformes con la partida que los presupuestos de la comunidad autónoma destinarán a las universidades y lamentan que la Junta de Andalucía no haya tenido en cuenta sus consideraciones en la elaboración de las cuentas.
En un comunicado conjunto tras la reunión celebradas, este miércoles, con el consejero de Universidades, Rogelio Velasco, los rectores andaluces han mostrado su “preocupación por el escenario claramente deficitario para las universidades” que se atisba con este presupuesto.
Los rectores lamentan que no se haya incrementado el límite de gasto de personal autorizado a las universidades, que les permitiría atender “al menos, el crecimiento vegetativo, los compromisos pendientes de los acuerdos de la Mesa General de Negociación firmados en 2018 y, en su caso, el posible incremento salarial de los empleados públicos”.
En cuanto a la envolvente financiera prevista para financiación básica operativa no debe ser “inferior al límite de gasto de personal autorizado a las universidades en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2022.
De lo contrario, “además de ser una contradicción en sí misma entre el gasto de personal autorizado y los recursos para atenderlos, supondría un retroceso que agravaría aún más la sostenibilidad financiera del sistema”.
Asimismo, solicitan que “la envolvente ordinaria total para el Sistema Universitario Público Andaluz, puesto que, de lo contrario, haría inviable la aplicación del documento de bases del instrumento de financiación aprobado en lo relativo a la Financiación Básica de Convergencia y a la Financiación Estratégica que, conjuntamente, han de contar con el 20% de la envolvente de financiación ordinaria total”.
Por otra parte, dicen los rectores, la envolvente financiera destinada a la financiación del sistema universitario público andaluz es del todo insuficiente al no alcanzar siquiera el 3%, estando, además, dos tercios de esa subida condicionada a la aprobación, por parte del Gobierno de España, de un incremento retributivo del 2% para los empleados públicos.
