La inseguridad es uno de los problemas más granves a los que se enfrenta Hispanoamérica, desde Méjico hasta Argentina, pasando por Centro América o países como Colombia. En éste último país la situación es dramática en sitios de Colombia como San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Lugares donde la Universidad Nacional de Colombia asegura que se producen desapariciones forzadas, homicidios selectivos, masacres, violencia sexual, desplazamiento y reclutamiento forzados son las afectaciones más frecuentes y que motivaron la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en octubre de 2022. Para visibilizar esta problemática en el departamento, la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) realizará el foro “Violación de derechos humanos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: pasado, presente y retos para el futuro” el próximo 20 de octubre.
La inseguridad no sólo arranca las vidas de los ciudadanos. Al resto les genera trastornos psicológicos muy difícil de superar. Son los llamados “trastornos de ansiedad”, como se le denomina en psiquiatría o psicología, “una sensación de peligro que hace que las personas se refugien en sus casas antes de que sea de noche, o que incluso en el mismo hogar estén en alerta ante posibles asaltos o robos, en particular en viviendas que son vulnerables al acceso de intrusos”, afirma el profesor José Ignacio Ruiz Pérez, coordinador del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).
Especialmente vulnerables a esta situación son los niños. Un estudio del Observatorio de Infancia de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y la Secretaría de Educación del Distrito, con 10.000 niños y adolescentes de 20 colegios públicos de la ciudad, reveló que 1 de cada 8 estudiantes de secundaria ha pensado en hacerse daño, y 1 de cada 34 ha intentado suicidarse – las mujeres lideran el puesto en cada estadística.
Estudio en 20 colegios de Bogotá revela ideas suicidas en estudiantes
Aunque la población mayor de 14 años es la que más presenta una conducta suicida, la investigación también identificó que 68 padres de estudiantes de preescolar y primaria manifestaron que sus hijos amenazaron con lastimarse, o lo han intentado. Entre las razones que pueden motivar esta conducta se encuentran: el duelo por la pérdida de un familiar, regular emociones como la ira o la tristeza, e incluso ser víctima de algún tipo de violencia física o emocional.
Para la psicóloga Paola Yamhure, investigadora del Observatorio, “esta es una señal de alarma, pues en esta edad es cuando se establecen las bases para la regulación emocional, se entrenan los impulsos y pueden aparecer manifestaciones de desórdenes emocionales”.
Enfatiza que, aunque el estudio se adelantó en 2020, durante la pandemia por COVID-19, estas no son conductas exclusivas de ese momento. A algunos estudiantes este periodo les ayudó a ser organizados, fomentar su autoestima y tener más seguridad personal. Incluso los jóvenes crearon estrategias como pintar o hacer artesanías para venderlas y apoyar a su familia. Entretanto otros desarrollaron conductas agresivas contra sí mismos o contra otras personas.
Cifras de la Secretaría de Educación indican que a junio de 2023 se reportaron 775 casos de conducta suicida en menores de 12 a 17 años, siendo un antecedente de riesgo el maltrato y el abandono de sus familias, y las rupturas amorosas. Las cifras preocupan: en 6 meses del año 14 menores entre los 10 y 18 años se han suicidado.
Andrés Felipe Avendaño, jefe de la Oficina para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación, explica que, “aunque las localidades de Suba, Kennedy y Bosa (las más grandes de Bogotá) presentan la tasa más alta de conducta suicida, esto obedece a factores como el alto número de personas que las habitan, y por ende el alto número de estudiantes matriculados”.
Para él es preocupante que localidades como La Candelaria o Los Mártires, siendo más pequeñas, tengan más casos. “Históricamente Los Mártires ha presentado un número alto: este año 6 de cada 1.000 estudiantes tuvo una conducta suicida”.
A los factores ya mencionados hay que agrega que, “en esta localidad existe la explotación sexual de menores y el reclutamiento para vender sustancias psicoactivas; además es vecina de la localidad de Santa Fe, lo que sugiere la presencia de pandillas y vulneración de derechos”, amplía.
La psicóloga de la UNAL Diana Bejarano comenta que “en los grupos de discusión evidenciamos que los estudiantes manifestaban situaciones relacionadas con problemas familiares y pobreza que no les permiten satisfacer necesidades básicas como una buena alimentación o actividades de esparcimiento, entre otros factores”.
Enfoque de género, una deuda hasta en la salud mental
Según el estudio, la tristeza, la soledad, la desmotivación y la desesperanza hacia el futuro fueron algunas de las emociones negativas que manifestaron los estudiantes. La psicóloga Bejarano explica que los estados emocionales negativos no configuran en sí mismos un problema mental, pero sí es un antecedente a trastornos como la depresión o la ansiedad.
Las mujeres fueron quienes más acumularon emociones negativas, o al menos quienes más reconocen sentirlas. De la tristeza constante o la sensación de soledad a tener conductas autolesivas hay pocos pasos: 4 de cada 100 estudiantes mujeres que formaron parte del análisis han hecho cosas para quitarse la vida.
Lo paradójico de la situación es que, en el mundo, los hombres son quienes más se suicidan: solo en Bogotá 109 hombres adolescentes entre 12 y 17 años se quitaron la vida en 2022, frente a 40 mujeres. Sin embargo, el experto Avendaño señala que “en 2023 ha habido un aumento en las mujeres menores de 18 años que se han suicidado, lo cual resulta preocupante”.
“Aunque sea pronto para decir qué pasa con la población femenina en los colegios, sí hemos visto que se siguen perpetuando violencias sexuales o basadas en género. Además, las mujeres sufren más hostigamiento escolar que los hombres, y todo eso influye en el suicidio de las niñas y adolescentes”, agrega. De los 2.301 presuntos casos de violencia y abuso en estudiantes, el 36 % correspondía a violencia sexual a mujeres, y de los 278 casos de hostigamiento escolar, el 58,2 % fueron reportados por mujeres.
La inseguridad en Colombia genera trastornos de ansiedad
En un estudio del Laboratorio de Psicología Jurídica de la Universidad se encontró que las personas de estratos más bajos tienen más miedo a ser víctimas de algún delito dentro del hogar, mientras que las de estratos altos temen más a delitos en el espacio público.
Al respecto, en su análisis publicado en el reciente especial de Periódico UNAL, “Es ‘una locura’ no priorizar la salud mental en Colombia”, señala que tal situación hace que “las personas traten de mejorar la seguridad de la vivienda, por lo que instalan alarmas o cerraduras más seguras o compran animales ‘bravos’ para cuidar el hogar. Quienes pueden, se trasladan a vivir a barrios que perciben como más seguros, o conjuntos de viviendas que funcionan como miniciudades, con circuito cerrado de televisión, canchas deportivas o salón de coworking, de manera que se reduzca la necesidad de salir a la calle”.
En su opinión, “dichas medidas de autoprotección suelen adoptarse cuando en la ciudadanía prevalece una imagen negativa del sistema judicial, en particular de la Policía, institución con la cual las personas tienen un contacto más cotidiano y directo”.
Varias encuestas y estudios indican que la ciudadanía percibe una baja eficacia de la Policía, entendida esta como la captura de delincuentes y la rapidez de reacción ante los llamados de auxilio. “Vale aclarar que, aunque muchos operativos llevan meses de preparación, recolección de pruebas judiciales y seguimientos para llegar a las capturas, la ciudadanía se guía en sus imágenes y representaciones sociales por las noticias sobre estas”.
El docente agrega que “así, tanto los rumores sobre agentes de tránsito que reciben sobornos para no poner el comparendo, como el ver que los policías miran a otro lado para no confrontar a quienes se cuelan en TransMilenio, o las medidas de casa por cárcel que se otorgan en los estrados a los autores de ciertos delitos, pueden contribuir sin duda a que las personas se sientan desprotegidas frente al crimen”.
Miedo al crimen, salud mental e intervención
Para el experto, un efecto colateral del miedo al crimen puede ser, precisamente, generar aislamiento entre los vecinos por no saber en quién se puede confiar. Vale la pena señalar que en ocasiones el nivel de miedo al crimen manifestado en las encuestas también refleja sus preocupaciones o temores en otros órdenes de la vida.
Así, anota que “las malas condiciones de la vivienda, la inseguridad alimentaria y la precariedad del empleo también generan temor al futuro y una percepción de poco control sobre la vida propia, todo lo cual se puede expresar –sin que nos demos cuenta– en nuestros miedos y preocupaciones frente al delito”.
El experto indica que en las formas de intervenir el miedo al delito existen varios niveles; por ejemplo, muchos Estados consideran la política criminal como un problema específico, diferente de la criminalidad objetiva, que requiere intervenciones específicas. De hecho, en ocasiones los contextos de hábitat presentan índices de criminalidad relativamente bajos mientras los niveles de miedo al crimen son altos.
En ese sentido, se puede necesitar la colaboración de diversos sectores; por ejemplo la Policía puede informar sobre capturas para mostrar eficacia en la lucha contra el delito, y debe guardar un trato irrestricto en el respeto a los derechos humanos.
En cuanto a la ciudadanía, se pueden implementar estrategias como verificar la autenticidad de las noticias que circulan por redes sociales sobre asaltos u otras agresiones a personas –adultos o niños desaparecidos–, pues en muchos casos replicarlos genera una alarma social innecesaria porque no han ocurrido en Colombia o corresponden a otras épocas.
Por otro lado, es importante y positivo mantener las actividades o rutinas cotidianas sin descuidar las conductas de seguridad; es decir, si usted sale al parque a practicar algún deporte o ejercicio y considera que su casa queda desprotegida, puede adaptar sus rutinas de ejercicio en el hogar, para seguir conservando su buen estado físico.
Además, puede mantener contacto telefónico o por WhatsApp con sus compañeros de deporte para no perder los vínculos sociales, que también contribuyen positivamente a la salud mental. En suma, “se trata de mantener las actividades, en lo posible aprendiendo y enseñando diferentes estrategias a otras personas. También puede reducir la sobreexposición a los noticieros y a los contenidos violentos de las pantallas, sin que esto signifique resignarse a vivir desinformado”, concluye el profesor de la UNAL.
Violación de los Derechos Humanos en San Andrés, Providencia y Santa Catalina
La alerta temprana señala el fortalecimiento de estructuras armadas del narcotráfico y del crimen organizado locales y regionalesque se encuentran al servicio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-Clan del Golfo, la persistencia de la estructura armada Los Rastrojos y la tercerización de grupos delincuenciales locales como la banda de Los Pusey o La Fortaleza, que mantienen su injerencia en el Archipiélago.
Estos grupos armados se enfrentan por el manejo de economías ilegales, lo que ha generado un aumento exacerbado de los homicidios. Con los impactos de la pandemia por el COVID-19 y el paso de huracán Iota, entre otros factores, se registró un crecimiento alarmante de la violencia homicida en San Andrés.
“Derivada de las escasas oportunidades laborales y la desigualdad social por el alto costo de la vida, la Isla vive una compleja situación que pone en riesgo los derechos humanos. La infraestructura sanitaria es débil; los niños y adolescentes crecen en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y baja oferta educativa, y algunas familias viven en asentamientos en condiciones de precariedad y hacinamiento”, afirmó en su momento el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Bajo ese contexto, los líderes sociales –hombres y mujeres– y en general quienes defienden de los derechos humanos están altamente expuestos debido al desconocimiento de su labor como defensores.
Por lo anterior, es necesario que la institucionalidad civil tenga una presencia robusta; hacer seguimiento a las 26 recomendaciones de la Defensoría, de manera que se cumplan las obligaciones de las diferentes instituciones sobre garantía y protección de los DD. HH. en las islas: fortalecer la interlocución con la población raizal y no raizal que vive en el Archipiélago, y garantías para una capacidad instalada en líderes –hombres y mujeres– comprometidos con estos temas.
En el marco de su responsabilidad ante el país de aportar a la reconstrucción del tejido social y a la consolidación de la identidad nacional, la UNAL apoya esta iniciativa a través no solo de la formación de ciudadanos integrales como agentes de cambio ético y cultural con conciencia social, sino también de la gestión del conocimiento buscando la transformación de la realidad a partir del diagnóstico y análisis de situaciones violatorias de los DD. HH. que afectan la convivencia, en este caso del Archipiélago.
En ese sentido, el foro “Violación de derechos humanos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: pasado, presente y retos para el futuro”, busca visibilizar –dentro y fuera del país– la problemática de la desaparición y otras violaciones de los DD. HH., en el marco de las dinámicas del conflicto armado interno colombiano, con el fin de llamar la atención de las instituciones del Estado relacionadas con su atención. El evento es organizado por los Institutos de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Sede Bogotá y de Estudios Caribeños de la Sede Caribe.
Así se espera lograr su presencia permanente en el territorio, para iniciar un proceso de reconocimiento del problema y con ello un trabajo sostenido que conduzca tanto a la búsqueda de personas desaparecidas como a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
En la jornada –que se llevará a cabo el 20 de octubre en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la UNAL Sede Bogotá–, participarán el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien abordará el tema de los delitos de la desaparición forzada y la trata de personas en la legislación colombiana y la garantía de los derechos a la justicia y la verdad de las víctimas; Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, quien hablará sobre el estado de seguimiento a las 26 recomendaciones de la Alerta Temprana 028 de 2022; y Juliette de Rivero, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, quien tratará sobre las obligaciones internacionales del Estado en la garantía de los derechos humanos para poblaciones de especial protección.
Fuente del texto y las fotos: Agencia UNAL
