Los jóvenes andaluces que se encuentren en acogimiento en centros o familias y hayan superado la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) podrán ingresar en la universidad para cursar estudios de grado mediante el cupo especial del 1% de plazas reservado para el colectivo de personas en riesgo de exclusión social.
Ésta es la principal novedad recogida en el acuerdo de la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía (DUA) publicado hoy en BOJA por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación en el que se establece el procedimiento de admisión para el próximo año académico 2024/2025 en las enseñanzas de grado.
Desde el curso pasado, la Consejería de Universidad ya destina el 1% de las plazas que se adjudican en el conjunto del sistema público universitario a las personas en riesgo de exclusión social. Con el fin de continuar garantizando el acceso a la enseñanza superior y la igualdad de oportunidades, el Ejecutivo autonómico ha decidido ampliar el tratamiento diferenciado que ya lleva a cabo con las personas en situación de vulnerabilidad social y económica e incorporar en dicho colectivo a estos andaluces en acogimiento. En esa categoría se incluyen tanto menores de edad como jóvenes extutelados del sistema de protección de Andalucía, tras haber cumplido los 18 años. En cualquier caso, se trata de personas atendidas en centros de protección o en familias de acogida externa o extensa.
Para poder beneficiarse de ese cupo especial, los alumnos deberán recoger en su preinscripción de matrícula su condición de acogida con el fin de que la Consejería de Universidad tenga en cuenta sus circunstancias especiales. En una primera fase, se les incluirán, al igual que el resto de colectivos especiales, en el cupo general, en el que competirán en igualdad de condiciones con los otros aspirantes que desean iniciar una formación universitaria. Si con sus calificaciones no logran plaza en las enseñanzas deseadas, entonces pasarán a formar parte del grupo especial del 1% para personas en riesgo de exclusión social, donde se les concederá plaza en función de la clasificación que se haga de las mejores notas.
Esta iniciativa se incluye en el paquete de actuaciones de calado social desarrolladas por el departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos, con el fin de que los jóvenes andaluces completen su etapa educativa universitaria y no abandonen su formación por motivos económicos.
Medidas de calado social
Entre esas medidas se encuentran la congelación de los precios de las matrículas universitarias que se viene aplicando en los últimos años. De igual modo, los alumnos universitarios también se benefician de la reducción en un 8% del importe de los másteres habilitantes, que son los obligatorios para el desempeño de una serie de profesiones reguladas.
También se mantiene la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula, tanto en grados como en másteres, a todos los estudiantes que no sean becarios del Ministerio y a los becados en el porcentaje no cubierto por esa ayuda. Gracias a esa bonificación, un alumno con buen rendimiento puede realizar sus estudios de grado abonando casi únicamente el primer curso, con un ahorro total de hasta el 75% del precio, y realizar un máster prácticamente gratis. Este mecanismo pretende incentivar el esfuerzo y los buenos resultados académicos, garantizando la práctica gratuidad de los estudios a quienes aprueben las asignaturas del curso anterior. se encuentra la posibilidad de abonar el importe de las enseñanzas que se cursan de manera fraccionada hasta en ocho plazos.
Junto a ello se contemplan otras actuaciones como la posibilidad de abonar el importe de las enseñanzas de manera fraccionada hasta en ocho plazos, y con carácter excepcional, la Consejería de Universidad autoriza a las instituciones académicas públicas a establecer, de manera individualizada, un procedimiento de pago diferente, de forma que la falta de abono no implique el desistimiento automático de la matrícula. Asimismo, se incluye la exención del pago de tasas por parte de las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital.
