El Complejo de Estudios Sociales y del Comercio de la Universidad de Málaga acogió ayer una nueva cita del ciclo “Reinventando la vida en común”, que organiza la Fundación General de la UMA. Bajo el paraguas de la “violencia administrativa” se abordó cómo una extrema burocracia puede llegar a privar de derechos a ciertos colectivos. “Se exigen requisitos que ignoran las circunstancias y las urgencias de, por ejemplo, quienes carecen de hogar o tienen una discapacidad. Quienes luchan contra la pobreza y la exclusión social se refieren a ello como violencia o maltrato administrativo”, explica Sebastián Escámez, coordinador de este programa divulgativo.
En el debate, presentado por Luisa María del Águila, coordinadora académica de Cultura de la FGUMA, participaron Yosi Hatillo y Manuel Moreno Linde. Hatillo es graduada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de A Coruña. Trabaja como técnica del Programa de sensibilización contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia asociadas (SINRACXEN). Además, es coproductora y presentadora del programa MalhumorHadas. Moreno es profesor de Derecho Administrativo en la UMA y sus líneas de investigación son el urbanismo, la vivienda, la contratación pública, los aspectos sociales del derecho administrativo, el derecho a la ciudad y la participación ciudadana.
Escámez destacó como hito de esta lucha contra los abusos de los trámites administrativos al libro de Sara Mesa “Silencio administrativo. La pobreza en el laberinto burocrático” en el que desarrolla cómo muchos procedimientos “parecen estar buscando el error, zancadillas, intentos de ralentizar y paralizar lo que ya de por sí va lento” y cuenta el “calvario burocrático” que vive una persona sin hogar que intenta pedir una renta mínima de inserción social.
Hatillo comenzó su ponencia destacando que en España hay 10 millones de personas en riesgo de pobreza y tres millones en pobreza severa y todas ellas tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas: “El Estado decide quién vive y muere pobre en España”, declaró. También habló del trabajo precario y de cómo muchas de las personas trabajadoras también tienen esos problemas. “El Estado tiene la obligación de intervenir en la calidad de vida de las personas, no puede dejarle esa responsabilidad al mercado”, afirmó de forma tajante.
Por su parte, Moreno Linde, desde una perspectiva jurídica, explicó ideas claves en la construcción del derecho administrativo y resaltó sus funciones fundamentales, como garantizar los derechos de la ciudadanía y el interés general, tanto el público como el privado. También se comentó la generalización, especialmente tras la pandemia, de la cita previa para la atención en las oficinas públicas y si la decisión de mantener esta obligatoriedad estaría realmente justificada.
