Esta mañana se ha desarrollado la última jornada de los Cursos de verano de la Universidad de Málaga, organizados por la FGUMA, en Marbella. Una semana en la que se ha debatido sobre desinformación, trastornos alimentarios, historia de los fenicios, políticas de igualdad y emergencias turísticas. El próximo martes el análisis se traslada a Vélez-Málaga y Ronda y desde el 8 al 19 de julio los cursos se celebrarán en la capital.
En el curso Políticas de igualdad en el marco de las relaciones de empleo ha intervenido Enrique Martín-Serrano, en representación del sindicato Comisiones Obreras y consejero del Consejo Económico y Social de España (CES). Su análisis se ha enfocado en las distintas políticas públicas que se han puesto en marcha a lo largo de estos últimos años para garantizar la igualdad. En este sentido, ha planteado que la desigualdad es un fenómeno multidimensional, pero hay dos tipologías que resultan estratégicas porque son transversales: la brecha de género y la desigualdad de renta. “Si somos capaces de actuar en estos dos factores, podremos crear una sociedad más cohesionada e igualitaria”.
“Las mayores dificultades de las mujeres para acceder al empleo tienen consecuencia automática en menores salarios, una brecha que, aunque ha mejorado, sigue siendo enorme”, ha reconocido. Precisamente, Martín-Serrano ha explicado que esta brecha genera otra desigualdad en las prestaciones sociales, en especial en las pensiones. “Las pensiones de las mujeres son un 30 por ciento más bajas que la de los hombres, y aunque las nuevas pensiones de las mujeres que se están jubilando ahora son mejores que las de la generación anterior, la brecha se sitúa en el 20 por ciento”.
Para paliar esta situación, se han respaldado medidas, como complementos de compensación, que a su juicio “no son suficientes”. Por su parte propone actuar con las dos herramientas que considera más efectivas: la negociación colectiva y los planes de igualdad. “Donde hay convenio colectivo, la diferencia entre hombres y mujeres se reduce enormemente y las condiciones mejoran para ambos. Por tanto, el primer reto de los sindicatos y empresas es extender este pacto”, ha rematado.
En cuanto a los planes de igualdad, y en referencia a los datos aportados por la directora del curso en la jornada anterior, el ponente ha manifestado que es una obligación desde el año 2007, pero el cumplimento de las empresas que deben implementarlo solo alcanza el 43 por ciento. Al hilo de esta cifra, y preguntado por las diferencias entre el sector privado y público, el consejero de CES ha denunciado la falta de claridad de las administraciones en este ámbito. “El sector público no dispone de estadísticas oficiales en materia de igualdad. Reivindicamos la necesidad de que haya una transparencia estadística y que la administración, que también está obligada por la ley, dé cuenta de sus resultados”.
A pesar de ello, ha defendido la efectividad de las respuestas de las políticas públicas en esta materia, una cuestión que también ha respaldado el codirector del curso, el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid José Luis Tortuero. “Nos hemos situado en una posición de élite en el espacio internacional desde el punto de vista legislativo. En los últimos años, ha habido un bombardeo de normas que nos han posicionado como el cuarto país del mundo en este planteamiento”. Sin embargo, Tortuero, para finalizar, ha enfatizado en la importancia de que este salto cualitativo permee en todos los órganos implicados (sociedad, agentes políticos y administraciones) y tenga una aplicación real que dé cobertura a los colectivos más vulnerables.
En este curso ha participado también Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, que ha intervenido de manera online. Presentada por Patricia Laguna, de Comisiones Obreras Andalucía, la consejera ha querido felicitar a la UMA, a la FGUMA y a COOO por el contenido “valiente” y “actual” del curso, ya que muchas leyes analizadas todavía se encuentran muy recientes en su aplicación en el ámbito laboral, incluso alguna de ellas sin contar con desarrollo reglamentario aún aprobado, como en el caso de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. “Hablamos de leyes que todavía están siendo digeridas por el mundo laboral”, ha comentado.
Blanco ha mencionado algunas de las actuaciones que realiza la Consejería de Empleo para favorecer la igualdad en el empleo, como la planificación de la labor de la Inspección de Trabajo en esta área a través de la Comisión Operativa Autonómica con este organismo del Estado, que en la campaña de 2024 ha planificado 1.222 actuaciones en aspectos como la discriminación en el acceso al empleo o en la relación laboral; la discriminación salarial; el acoso sexual o por razón de sexo; el control de medidas y planes de igualdad; los derechos sobre conciliación de la vida familiar y laboral y la discriminación en la negociación colectiva.
Cuestionan el «éxito» del modelo turístico español
El modelo turístico español se ha puesto a examen en la última jornada del seminario «Adaptación y emergencias turísticas en tiempos de cambios». Asunción Blanco Romero, de la Universidad Autonómica de Barcelona, ha destacado que se mezclan los conceptos de «modalidad turística» y el «modelo de gestión». «España se supone que es un modelo de éxito, pero claro, ¿de éxito para quién?», ha cuestionado. En este sentido, la académica ha explicado que España ha dejado de ser «un destino por motivación, de sol y playa, un recurso territorial muy claro», ya que «tal y como se ha gestionado, ha acabado siendo de masas».
Desde su grupo de investigación, Blanco analiza desde una visión «crítica, pero optimista» los distintos modelos turísticos existentes para aportar «posibles alternativas» en aquellos lugares donde el turismo se ha desbordado hacia «un monstruo de siete cabezas». En su charla ha hablado de «resiliencia», que viene a ser «la capacidad de aprender y reponerse», por la cual cada territorio debe analizar su adaptación para «no cometer los mismos errores de otros lugares». «No es lo mismo la ciudad de Barcelona que Soria, que algún destino enclave resort, sol y playa», ha incidido.
En esta coyuntura, la ponente ha resaltado los problemas que producen la explotación del territorio «poco concienciada en la gestión de recursos como el agua, de los residuos o de la contaminación», por un lado, y de las condiciones laborales en el sector turístico, por otro. Por ello, Blanco ha reivindicado la observación de «buenas prácticas» y «medidas que se puedan aplicar» de unos lugares a otros, ante la inexistencia de «un modelo único» o «general» a extrapolar entre distintas zonas e incluso en la misma región.
Para concluir, la experta ha estimado que un destino turístico conseguirá ser sostenible «siempre y cuando haya diversidad» y evite convertirse en un «monocultivo». Sobre este aspecto, ha reclamado que debe «convivir con otro tipo de actividades» que haga «posible que los trabajadores y trabajadoras del sector turístico puedan decidir marcharse y hacer otra cosa». En cuanto a los efectos que influyen en la ciudadanía y al acceso a la vivienda, ha aclarado que el turismo tiene un «carácter inflacionista» y que puede llegar a expulsar a «personas que no pueden seguir porque el apartamento turístico resulta mucho más rentable». En este contexto, la académica ha abogado por el término «urbanofilia» sobre el de «turismofobia», porque «no se trata de un rechazo al turista», sino de residentes que claman por «vivir en su ciudad».
