Un estudio elaborado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha analizado el nivel de credibilidad de la información sobre cambio climático en función de la fuente de la que procedan. Los resultados del trabajo de campo, publicados en la revista Public Understanding of Science, confirman que los ciudadanos consideran más fiable la información procedente de las instituciones científicas que la que les llega desde el gobierno y las asociaciones empresariales.
“Es conocido que en España, lo mismo que en otros países, los ciudadanos consideran que los científicos merecen una gran confianza y credibilidad institucional; además el prestigio y la reputación de este grupo profesional se sitúa habitualmente entre los niveles más altos. Sin embargo, hasta ahora, no disponíamos de una prueba experimental de los efectos de las instituciones responsables de la comunicación científica en la credibilidad que los ciudadanos otorgan a la misma”, explica el investigador del CSIC Luis Sanz-Menéndez, del Instituto de Políticas y Bienes Públicos.
Para comprobar el efecto de las diversas fuentes de comunicación de la información científica, los autores del estudio diseñaron un experimento que se integró en la encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT). El experimento consistió en construir cinco grupos de población con características idénticas, a los que –como en los ensayos clínicos – se les sometió aleatoriamente a tratamientos diversos, desarrollados en el contexto de la encuesta.
A todos los entrevistados se les suministró la misma información científica, sobre la evolución de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmosfera; sin embargo en cada grupo la información se atribuyó a una fuente distinta: al Ministerio de Medio Ambiente, a la asociación de fabricantes de automóviles, al Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC), a Greenpeace y a un consorcio formado por el CSIC y varias universidades españolas (que se consideró el grupo de control, por representar a las instituciones científicas donde los investigadores hacen su trabajo).
“Los resultados experimentales son contundentes: la credibilidad de información científica precedente de las empresas es significativamente menor que la que procede del Gobierno; y la de las empresas y el Gobierno son, ambas, significativamente menores que la atribuida a las instituciones científicas. Hay que resaltar que la credibilidad de la información sobre cambio climático del IPCC o de Greenpeace no es significativamente menor que la suministrada por las instituciones científicas”, añade la investigadora del CSIC Laura Cruz-Castro, también del Instituto de Políticas y Bienes Públicos.
El estudio también aborda de forma exploratoria los factores que contribuyen a explicar los niveles de credibilidad que los ciudadanos otorgan a la información científica procedente de las diversas fuentes.
“Las explicaciones tradicionales han asociado la credibilidad al interés y al nivel de conocimiento y de educación. Posteriormente se han introducido explicaciones basadas en las actitudes y los valores de los ciudadanos. Más recientemente, las teorías de la cognición cultural han puesto de relieve la importancia de los atajos cognitivos que los individuos, especialmente en situaciones de información limitada o asociadas a riesgos, utilizan para decidir; entre estos atajos se encuentra el prestigio de las profesiones o la confianza en diversas instituciones, e incluso el nivel de confianza interpersonal”, comenta Sanz-Menéndez.
Este trabajo confirma que son estos últimos factores asociados a la confianza los que contribuyen en mayor medida a explicar la credibilidad que se otorga a la información científica.
“Las conclusiones de este trabajo plantean un doble desafío. Gobierno y empresas parecen introducir un lastre en la credibilidad de la comunicación científica, aunque ésta esté avalada por los propios científicos. En este caso se trataba de información sobre el cambio climático, pero es posible que este efecto afecte también a otras áreas de la comunicación científica. Por tanto, si los Gobiernos y empresas quieren aumentar su credibilidad entre los ciudadanos deberían asociarse con las instituciones científicas para la comunicación científica”, opina Cruz-Castro.
“La confirmación experimental de estos hallazgos supone al mismo tiempo un reto para las instituciones científicas y para los propios investigadores, porque deberán mantener su autonomía y responsabilidad, y aumentar su vigilancia y principios éticos, para evitar los sesgos derivados de los intereses políticos y materiales de Gobiernos y Empresas, que pueden chocar con el conocimiento científico y la evidencia disponible”, concluye Luis Sanz-Menéndez.
