Ley de Ciencia: ¿es la que necesita la I+D española?

La nueva Ley de Ciencia ha generado tantas expectativas como críticas. Se ven positivos el incremento de la financiación de la I+D previsto y la apuesta por carreras investigadoras más estables, pero hay dudas de que el dinero destinado sea suficiente para cumplir los objetivos planteados. Responsables de investigación de varias universidades españolas valoran esta nueva ley.

Tomás Lafarga tiene 35 años. Terminó su doctorado en Irlanda cuando tenía 28 y desde entonces ha encadenado dos becas de excelencia que le han permitido trabajar en proyectos de investigación con cierta estabilidad, hasta ahora, que acaba de lograr una beca Emergia de la Junta de Andalucía, para otros tres años más.

Cuando la finalice, en torno a los 40 años, este investigador que actualmente trabaja vinculado a un proyecto de microalgas en la Universidad de Almería, posiblemente ingrese en alguna de las universidades andaluzas que han mostrado interés por él y que además le prometen estabilización al finalizar la beca.

Qué opinan los responsables de Investigación de universidades españolas sobre la Ley de Ciencia

En qué situación están los investigadores jóvenes

El caso de Lafarga es la excepción, ya que este investigador joven cuenta con un currículum excelente, muy por encima de la media, que le ha permitido acceder a este tipo de becas-contrato diseñadas para consolidar carreras investigadoras.

“Tal y como está montado el sistema, solamente se valora y se promueve la excelencia científica: un montón de publicaciones, experiencia internacional, liderazgo… una serie de baremos que hay que cumplir. Pero en la ciencia no todos pueden ser los líderes de los proyectos, hay gente que colabora, que participa… y toda esa gente se está quedando fuera”, afirma.

Si se sigue el camino de excelencia y se logran todos los contratos disponibles, algo que muy pocas personas consiguen y menos en el primer intento, se pueden tardar unos doce años. “Yo conozco compañeros que firman contratos de seis meses y prórrogas de tres, y así encadenan contratos y contratos”.

La mayor parte del personal de investigación joven no tiene las mismas oportunidades que Tomás Lafarga, se ve obligado a vivir con una inestabilidad que les impide hacer proyectos de futuro y que, en muchas ocasiones, terminan buscando oportunidades fuera de la investigación o, lo que es peor tanto para ellos como para el país, poniendo tierra de por medio y buscando oportunidades fuera de nuestras fronteras.

Cuántos investigadores españoles hay fuera y cuánto cuesta formarlos

La fuga de talentos es una realidad que alcanzó su punto máximo con la crisis financiera de 2008. Con la mejora de la situación económica de los años posteriores se frenó en parte, pero sigue siendo una realidad preocupante. Solamente la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior cuenta con una estimación de los doctores que están trabajando en otros países y se calcula que son unos 4.000, pero este mismo organismo sospecha que son bastantes más.

Que un investigador o una investigadora se marche del país por falta de oportunidades, además de un fracaso, supone una pérdida de dinero que se estima en torno a los 500.000 euros, que es lo que el Estado y las comunidades autónomas invierten en la formación de cada uno de los doctorados. Esta cantidad es la resultante de sumar el coste para el erario público de los estudios de grado, de máster, el doctorado, estancias de investigación fuera, así como los contratos pre y postdoctorales.

Una cifra que llega a ser mareante si ese medio millón se multiplica por los 4.000 o más investigadores que están trabajando en otros países, que por otro lado, están encantados de recibir personal altamente cualificado y con una formación de excelencia.

Cómo funciona la ciencia en España

La ciencia que se hace en las instituciones públicas está vinculada a proyectos de investigación con fecha de inicio y de fin, y llevada a cabo por personal con contratos temporales. Esto desencadena una situación de frustración y un estrés añadido al trabajo, ya que una vez finalizados estos proyectos, el personal de científico se ve obligado a buscar otros nuevos, y eso no siempre se consigue o se hace tras meses de espera.

Por eso se necesita una medida que ayude a la estabilización de las plantillas de los investigadores dependientes de contratos temporales.

Qué medidas contempla Ley de Ciencia para mejorar la I+D

La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada tanto en el Congreso como en el Senado, ha nacido como una respuesta del Gobierno a esta situación de precariedad y falta de estabilidad laboral de los investigadores noveles. Con ella, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha tratado de trasladar el espíritu de la reforma laboral también al ámbito científico, y convertir en indefinidos los contratos temporales del personal de investigación.

Al mismo tiempo, cuenta con una aspiración para poner a la ciencia española al mismo nivel que la de los países de nuestro entorno, ya que asegura una financiación pública de la I+D que crecerá hasta el 1,25% del PIB en 2030.

Consolida los sexenios de transferencia, con los que se quiere premiar la colaboración de los científicos con las empresas, un reconocimiento parecido al de los sexenios de investigación, en los que se reconocen las publicaciones en revistas de impacto.

Y reduce las cargas administrativas de la actividad investigadora, con una simplificación de los trámites para la concesión de ayudas, que lleva a permitir la concesión directa de ayudas a proyectos ya evaluados positivamente por otros agentes púbicos, al tiempo que facilita el acceso a programas internacionales.

¿Responde la Ley de Ciencia a los problemas de la investigación en España?

En un principio, y en vista a lo expresado en el documento de la Ley de Ciencia, se podría pensar que sí va a poner solución a los principales problemas que lastran a la ciencia en España. Va a potenciar la investigación en este país, animará a que más jóvenes decidan iniciar una carrera investigadora y, sobre todo, a plantear un escenario propicio para el desarrollo de la innovación como uno de los valores principales en la economía española.

Sin embargo, junto a estas aspiraciones también hay cuestiones no del todo resueltas y que inquietan tanto en universidades como en centros de investigación. Por ejemplo, el hecho de que la investigación sigue financiada mediante proyectos competitivos, que tienen un principio y un final. Por tanto, a su extinción, se tendrá que despedir a las personas contratadas en el marco de esas acciones científicas, lo que se traduce en la creación de una masa de falsos indefinidos.

En qué falla Ley de Ciencia

Se puede entender como una especie de maquillaje de la realidad por parte del Gobierno. La misma ministra de Ciencia e Investigación, Diana Morant, aclaró que se trata de contratos indefinidos, no plazas fijas. Además, existe el temor de que este tipo de contratación indefinida genere conflictividad laboral, así como posibles ERE en centros de investigación, en el momento en el que finalicen contratos.

Lo que sí es seguro es que la nueva Ley de Ciencia va acompañada de un incremento en el coste de las indemnizaciones por despido, que pasarán de los 12 días por año trabajado de los contratos temporales, a los 20 de los indefinidos. Este sobrecoste tendrá que ser asumido con el propio presupuesto del proyecto de investigación, en caso de que se trate de convocatorias nacionales o autonómicas; o con los fondos propios de la institución, bien sea universidades o centros de investigación, si se trata de proyectos europeos, ya que la normativa no permite sufragar el coste de los despidos con el dinero concedido a la investigación, con lo que se suma una carga más a las ya de por sí tensas cuentas de las instituciones.

Responsables universitarios como el vicerrector de investigación de la Universidad Miguel Hernández, Domingo Orozco, se quejó de que no se haya previsto ese sobrecoste asociado a las indemnizaciones, más grave todavía, en el caso de los proyectos europeos. Y de fondo, lo que subyace en esta polémica es la misma realidad que sale a la luz cada vez que se plantea una reforma en la manera en que funcionan las universidades: falta de financiación.

Qué modelo de contrato sería el más acertado para el personal de investigación

También se ha planteado que la investigación pública necesita un modelo más flexible, alternativo a la funcionarización del personal, como opina el estudiante de doctorado de la Universidad de Málaga, José Luis Moreno, que actualmente está trabajando en su tesis en la que analiza las políticas de ciencia.

Este investigador considera interesante trasladar el estatuto del personal sanitario al ámbito científico, como una fórmula para avanzar en la estabilización de las plantillas y permitiría moverse de una institución a otra, sin perder antigüedad ni otros derechos. “Por ejemplo, que tú estés en la universidad y puedas entrar en el CSIC sin que tu carrera se resienta ni que suponga un caos. Esto ayudaría a paliar esta situación, porque si tú ves que en tu centro de investigación o universidad no tienes futuro, porque cierran el proyecto, te puedas marchar a otro sitio de la manera más sencilla”, opina.

José Luis Moreno conoce muy bien el sistema de ciencia de este país y considera que esta nueva ley es la primera que entra directamente a poner remedio a la temporalidad, sin embargo no se muestra muy optimista con que vaya a funcionar. Entiende puede ser “un brindis al sol, porque si el gobierno no incrementa el presupuesto en ciencia volvemos a lo mismo”.

Afirma, “no estamos ni de lejos en el nivel de financiación de otros países de nuestro entorno”, que invierte un 3% del PIB en ciencia y aquí se ha prometido alcanzar el 1,25%; y resalta otro de los grandes problemas de la ciencia de este país: el nivel de ejecución del presupuesto, que diversos estudios lo sitúan en torno al 50%. Tan negra ve la situación, que no duda en afirmar que “el futuro de alguien que quiera investigar es irse fuera”.

¿Qué opinan los responsables de investigación de universidades españolas?

La Ley de Ciencia, que viene a reformar la anterior de 2011, ha generado muchas expectativas, por los objetivos que se marca; pero al mismo tiempo, despierta la desconfianza de responsables de universitarios, que aunque reconocen avances, no acaban de ver que este nuevo texto venga a responder a las necesidades planteadas en el panorama científico.

“En mi opinión, el punto más positivo de la nueva Ley es la creación de un cuarto tipo de contrato, el regulado en el artículo 23 bis, el Contrato de actividades científico-técnicas. Creo que este nuevo tipo de contrato se adecua muy bien a los contratos que veníamos realizado con fondos de investigación y transferencia”, opina el vicerrector de Investigación de la Universidad de Jaén, Gustavo Reyes. Sin embrago, reconoce, todavía se tienen que resolver algunos aspectos de carácter técnico que “pueden impedir que el contrato de actividades científico-técnicas se pueda ir financiando secuencialmente desde distintos centros de gasto sin necesidad de rescindir el contrato“.

En un tono mucho más crítico se expresó el vicerrector de Política Científica de la Universidad de Castilla-La Mancha, Antonio Mas, para quien esta ley “carece de audacia para resolver algunas de las lagunas que tiene nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación”. Lamenta la diferencia de financiación con respecto a los países de nuestro entorno, como la “inexistencia de una carrera investigadora bien estructurada y definida”. Un modelo a seguir, en su opinión, podría ser el francés, en el que se plantean distintos niveles con responsabilidades diferentes y salarios en consonancia.

¿Mejorará la situación del personal de investigación?

Uno de los aspectos que ha despertado optimismo es el del certificado R3, que se obtiene tras un itinerario postdoctoral de hasta seis años, y con el que se puede optar a un determinado número de plazas de reposición en universidades y centros públicos de investigación. Por ejemplo, la vicerrectora de Investigación de la UNED, Rosa María Aranda, confía en esta fórmula para la estabilización de los investigadores jóvenes y considera que con la nueva Ley “sí puede mejorar la situación del personal investigador”.

Rosa María Aranda considera que el texto está “bien desarrollado” y que, en general, “introduce acciones novedosas y actualiza la vigente para adecuarla mejor a las necesidades actuales del estado de la ciencia en nuestro país; la hace más abierta a interacciones internacionales; centra el esfuerzo en retener el talento joven, desarrollando una modalidad de contratos indefinidos, vinculado a las actividades investigadoras, y posibles indemnizaciones al final del proyecto”, opina.

Hay cierta ilusión entre los responsables de investigación, porque, aunque esté alejado del dinero que se invierte en otros países de nuestro entorno, esta Ley sí fija una financiación del 1,25% del PIB para I+D, independiente del Presupuesto del Estado. “A mí me parece que es una ley positiva. Creo que nos estamos fijando en aspectos muy técnicos, cuya implantación en el día a día puede ser complicado, pero hay algo muy importante que es aumento de la inversión pública en I+D. El que haya un compromiso del 1,25 del PIB, además aislado de las condiciones presupuestarias, y una clara vocación de convergencia con Europa en un horizonte relativamente próximo, eso siempre es un paso adelante”, opina el vicerrector de Investigación de la Universidad de Málaga, Teodomiro López.

También hay esperanzas en que la menor carga burocrática que acompaña a los proyectos de investigación sea una realidad y contribuya a agilizar la ciencia. “Confío en que así sea porque los investigadores e investigadoras estamos muy cansados de la enorme fiscalización a la que nos someten desde el ministerio, sobre todo en la elegibilidad de los gastos de los proyectos del plan estatal”, opina la vicerrectora de Investigación de la Universidad Politécnica de Cartagena, Catalina Egea, quien también hace una valoración positiva de esta Ley, ya que “hace hincapié en varios aspectos necesarios para el avance de la ciencia España”.

Sin duda, la nueva Ley de Ciencia ha despertado expectativas positivas entre la comunidad investigadora, pero como todo en este país depende de que se la dote de la financiación adecuada, para que no se convierta en un compedio de buenas intenciones, así como del entendimiento político entre las diferentes administraciones y voluntad política de todos para apostar fuerte por la I+D.