Artículo de
José Herrera Plaza
Especialista en el suceso de Palomares.
Cuando en España quedan unos días para las elecciones municipales, menos de 6 meses para las generales y algo más para las presidenciales de Estados Unidos, cuando también coincide con la petición de otros dos barcos de guerra para el escudo antimisiles de Rota, reaparece cual fanfarria electoral, como los ojos del Guadiana, una posible descontaminación de la radiactividad que arrastra desde hace 57 años parte del levante almeriense.
Lo que se oculta es que, desde el acuerdo Kerry-Margallo de 2015, la participación de EEUU, supondría como en 1966, la imposición de sus criterios, mucho más restrictivos que los marcados por el Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP) de 2010 redactado en España, o sea, unas rebajas radiológicas que generarían otra descontaminación incompleta. Con ello la historia se repetiría y los innegables daños padecidos por la agricultura y el turismo de la zona durante los 3 años que duraría la descontaminación, no habrían servido para nada. Continuarían con su estigma per sécula seculórum.
La única voz disonante ‒la Federación almeriense de Ecologistas en Acción‒ que lleva muchos años litigando en los tribunales contra la inacción gubernamental, ha mostrado su inquietud porque la historia de una limpieza parcial, como la de 1966, pueda repetirse. El coordinador de la problemática de Palomares y abogado, José Ignacio Domínguez, se muestra categórico: “Ecologistas en Acción no considerará solucionado el problema si la limpieza no es total. No admitiremos recortes en la limpieza. El único plan de limpieza válido es el aprobado por la Comisión europea en 2010. En caso de que se aplique el acuerdo Kerry-Margallo seguiremos exigiendo que se lleven todos los residuos radiactivos”.
El Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP).
Recordemos que a inicios de 2000 se inició un Plan de Investigación para evaluar la radiactividad que dejó EEUU. El presidente del CIEMAT, Juan A. Rubio, tuvo que sudar la gota gorda para que las altas jerarquías políticas de Madrid accedieran a emplear 10 millones de euros (calderilla presupuestaria) para un problema de la dictadura, que distaba 57 años en el tiempo y 525 km. en la distancia. Los altos niveles de radiactividad hallados solo son una pequeña parte de la cantidad de kilos de plutonio y uranio que dejaron en 1966 y que no se llevaron las riadas ni los temporales de vientos de este medio siglo. Con esa información se redactó en 2010 el PRP. A partir de entonces, España cuenta con sobrados recursos técnicos y financieros para proceder de inmediato a la limpieza, que resultaría trabajosa, pero perfectamente factible.
Las excusas de los gobiernos españoles para no mover un dedo han sido el no tener un lugar para almacenar el plutonio. Tampoco tenemos un lugar para los peligrosos residuos de las centrales nucleares, pero no hay problema para darles autorización a un almacén temporal individualizado (ATI) en forma de piscina. Con Palomares es perfectamente posible generar un ATI junto al cementerio del Cabril de manera provisional, hasta el momento de devolverles el plutonio a sus legítimos propietarios. Soluciones hay; lo único que no hay es la voluntad política de un poder central y centralista.
El Plan español tenía un presupuesto en 2011 de solo 31 millones y fue alabado por la Comisión Europea. No incluía ni el envasado ni el transporte de los residuos radiactivos generados. En resumen, consiste en una extracción de 50.000 m3 de tierras que serían cernidas para concentrar los radionucleidos en 6.000 m3. Con ello todas las áreas contaminadas quedarían lo suficientemente limpias, generando solo una pequeña dosis de radiación de 1 milisiervert/año, que equivalen a unas 10 radiografías de tórax.
Las rebajas en la descontaminación de EEUU
Pero cuando España ha reclamado a EEUU que cumpliera con sus obligaciones legales y morales, eso le parecía mucho. ¿Por qué limpiar las montañas de Sierra Almagrera, si allí no vive nadie? Entonces osaron imponer ‒no sugerir‒ una contrapropuesta de rebajas. Pero lo más sorprendente es que fue aprobado por el CSN, a pesar de que contradecía sus propios criterios radiológicos, que limitaban dejar un máximo de radiactividad de 1 Bequerel por gramo de tierra (1 Bq/gr) de americio y no 4 veces más, lo que evidencia su elevada y oculta dependencia de los poderes políticos. Aquello fue una maniobra encubierta a instancias del Ejecutivo del PP para la posterior firma del Acuerdo Kerry-Margallo, a dos meses de las elecciones…¿Les suena el culebrón de las promesas incumplidas?. Cualquier parecido con la actualidad no es pura coincidencia.
Pero, ¿se saben cuáles son todas las imposiciones de EEUU?. No, se conocen en parte, porque su contrapropuesta no ha sido hecha pública, lo cual genera gran inquietud. La excusa para el perenne ocultismo sobre Palomares ha sido porque es un documento de otro país, pero se obvia que afecta al destino y a la seguridad de más de 1.200 seres humanos, por lo que los gobiernos democráticos continúan infringiendo, con total impunidad, la ley del derecho a la información medioambiental (Ley 27/2006 de 18 de julio).
Fue con la firma del Acuerdo de 2015, cuando se evidenció que, en las 21 hectáreas de Sierra Almagrera, se iba a quedar un 400% más de americio que en el resto, lo que obligaría a la restricción parcial y al vallado permanente. Sin contar cantidades relevantes de uranio, que nunca se nombra, porque es cinco veces menos radiotóxico, pero que también suma y sigue, ello supondría dejar sin recoger un importante cóctel de isótopos de plutonio (Pu), o sea: 16 Bq/gr de Pu239,240+ 0,4 Bq/gr de Pu238+12 Bq/gr de Pu241. Este último se iría convirtiendo ‒hasta alrededor de 2030‒ en más americio, por lo que a partir de esa fecha ya superaría los 4 Bq/gr de americio y tendría que pasar a restricción total.
En 1966 los EEUU impusieron a los vecinos sus criterios de radiactividad “razonable”, que era 3.554 veces mayor que para su territorio, aunque no estuviese habitado. Ahora consideran adecuado en su país una dosis radiactiva de 0,01 milisiervert/año. En una hipotética limpieza, desean imponer en Sierra Almagrera un nivel aproximado de 4 milisiervert/año, o sea 400 veces más.
¿Merece la pena descontaminar?
La cuestión clave es: ¿se avanzaría algo con esta pretendida descontaminación? Creo que el daño y el coste sería superior si no es completa, eficaz y definitiva. Sierra Almagrera, con más de la mitad de la superficie contaminada, es colindante con los núcleos urbanos de Villaricos y Palomares. Dejarlos con tanta contaminación, supondría el mantenimiento del vallado y la señalización. Para nada mitigaría el yugo intangible pero real que llevan padeciendo más de medio siglo. No se cerraría una historia que ha estado abierta de forma ininterrumpida, ni la presión mediática cada aniversario del accidente, ni la sombra de la sospecha sobre cada cáncer que aparezca en los vecinos o sobre la seguridad de sus productos agrarios.
Tres años de limpieza traerían consigo una inevitable presión mediática. Eso se traduciría en cientos de artículos periodísticos de todos los países, en decenas de equipos de grabación por la zona, con el potencial aumento de la injustificada paranoia y el posible descenso de precios en las subastas de sus productos agrarios. Esta es la razón por la que los poseedores de los medios de producción locales tienen condicionados al resto de la población hacia la pasividad y una ley de silencio, en alguna ocasión impuesta de manera coercitiva. Su falta de empatía y solidaridad con sus descendientes, con las generaciones futuras, es más que discutible. Y este es también el argumento que sustenta que, solo se puede aceptar tal precio a pagar, si se realiza una descontaminación total y efectiva, con beneficios que evitan, sin limitaciones de tiempo, para siempre, el lastre a la economía, la mala imagen y los riesgos a la salud.
