El drama de los desahucios es una de las consecuencias más graves de la crisis económica por la que se está atravesando. Desde que estalló la burbuja inmobiliaria en 2008, unas 11.000 familias almerienses han tenido que dejar su hogar por no poder pagar la hipoteca, según los datos de la Junta de Andalucía. Ahora, estas familias podrán tener un respiro con el convenio para el fondo social de viviendas en alquiler, con el que se pondrán a disposición de las familias más desfavorecidas viviendas cuyo precio estará entre los 150 y 400 euros.
El Gobierno ha elaborado el contenido del nuevo conveno para la creación de un fondo social de viviendas destinadas al alquiler, que estará aprobado a finales de este mes y entrará en vigor en este trimestre.
Según datos del Ministerio de Economía, el fondo contará con 6.000 viviendas propiedad de las entidades bancarias, que saldrán al mercado en régimen de alquiler, a una renta reducida. Todo para atender a las muchas familias que han perdido su casa a consecuencia de la crisis, ya que estos pisos están destinados a las personas desalojadas de su primera vivienda desde el 1 de enero de 2008, y que se encuentren en una situación especial de vulnerabilidad.
En Almería, según datos aportados por la Junta de Andalucía, unas 11.000 familias podrán beneficiarse de esta medida, que llega para poner coto a uno de los dramas que están marcando esta crisis económica.
Cada entidad financiera constituirá su propio fondo con un número inicial de viviendas que podrá ampliarse. Estas viviendas se ofrecerán a personas que hayan sido objetivo de una demanda de ejecución por parte de la entidad propietaria del fondo.
Las entidades darán información de las viviendas de su fondo social a posibles beneficiarios, a ayuntamientos, diputaciones provinciales colaboradoras, organizaciones no gubernamentales con proyectos de inclusión social y a la Comisión de Coordinación y Seguimiento.
Requisitos para acceder al fondo
En el momento en el que solicite la vivienda, el conjunto de los ingresos de su unidad familiar no puede superar tres veces el Iprem (1.597,53 euros mensuales) y ninguno de los miembros puede tener vivienda en propiedad.
Además, el potencial beneficiario tiene que encontrarse en un supuesto de especial vulnerabilidad como pertenecer a una familia numerosa, a una unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo o a una unidad de la que forme parte al menos un menor de tres años.
La renta del arrendamiento estará comprendida entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales, mientras que la duración del contrato será de dos años, prorrogable un año más.
Las solicitudes deberán dirigirse a la entidad de crédito, que darán prioridad a aquellas situaciones de mayor necesidad o riesgo social. Para determinarlo, solicitarán un informe a los servicios sociales de los Ayuntamientos o Diputación provincial, que deberán emitirlo en un plazo de 15 días.
Las viviendas se asignarán antes de la finalización de cada trimestre, comenzando el 31 de marzo de 2013. Las organizaciones sociales asesorarán en el proceso y facilitarán el acceso a la información.
