Las nuevas ayudas a proyectos de I+D en Andalucía simplifican en más de un 90% las exigencias y trámites administrativos requeridos para la concesión y justificación de este tipo de incentivos dirigidos a promover la investigación básica y aplicada y el desarrollo experimental. Así lo ha explicado en el Parlamento el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, donde ha asegurado que “el objetivo es conseguir que la relación del ciudadano con la Administración autonómica sea solo una vez y de una vez”.
Esta agilización administrativa se recoge en las nuevas bases normativas publicadas en el BOJA recientemente por la Junta para regular el apoyo a iniciativas de I+D a través de subvenciones públicas. Según ha aclarado Gómez Villamandos, dichas bases reguladoras “aportan agilidad y transparencia e implican menos burocracia para evitar marear con multitud de trámites”.
De acuerdo con estas directrices aprobadas, la financiación de un proyecto científico-técnico hubiera requerido, con el modelo antiguo, de 170 documentos acreditativos, a los que había que realizar 636 comprobaciones. Sin embargo, con la nueva normativa, “ese procedimiento se reduce considerablemente, pasando a once documentos y 26 comprobaciones”, ha asegurado el consejero de Universidad para añadir que “esa rebaja de la carga burocrática permitirá a los grupos de investigación centrarse en lo importante”.
Este texto legal se ha diseñado en el marco de la reforma integral que se está acometiendo por parte de la Administración autonómica en el modelo de gestión de subvenciones destinadas a la I+D+I andaluza, que ya se aplica desde finales de 2023 a las ayudas a los recursos humanos dedicados a la investigación. Con esta renovación del sistema se persigue “aplicar un modelo de subvenciones más ágil, eficaz y con menor carga administrativa”, ha apostillado Gómez Villamandos.
La entrada en vigor de esas bases reguladoras permitirá publicar en los próximos días la primera convocatoria de este tipo de incentivos acogida a las nuevas reglas, que pondrá el acento en la investigación relacionada con la transición ecológica y digital, las industrias tractoras, la salud, la agrotecnología o los recursos naturales.
Estas ayudas están dirigidas a universidades andaluzas y a organismos, centros, institutos o fundaciones de I+D+I y de innovación públicos o privados. Se concederán en régimen de concurrencia competitiva y para optar a ellas es obligatorio que los destinatarios estén calificados previamente como agentes del sistema andaluz del conocimiento. Se podrán subvencionar dos modalidades de proyectos de investigación. La primera hace referencia a la investigación básica o fundamental y contempla trabajos experimentales o teóricos que pretenden mejorar las teorías científicas existentes y obtener nuevos conocimientos en un área determinada del saber.
La segunda categoría engloba tanto a la investigación aplicada, que busca usar los nuevos conocimientos en la consecución de objetivos prácticos específicos, como al desarrollo experimental, que tiene como finalidad producir, a partir de la investigación o la experiencia práctica, nuevos productos o procesos o bien mejorar los ya existentes. Precisamente, en este segundo apartado se fijan cinco grandes áreas de actuación: sociedad inteligente, resiliente y saludable; agrotecnología; recursos naturales (minería y ciclo del agua); industrias tractoras y transición ecológica.
Estos cinco ámbitos se corresponden con los principales entornos de especialización definidos en la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía 2021-2027 (S4 Andalucía). También se identifican con los sectores o cadenas de valor sectorial en los que Andalucía dispone de un potencial diferencial de desarrollo, ya sea por disponibilidad de recursos materiales y humanos o por su tejido empresarial y actividades de investigación e innovación.
Hasta 300.000 euros de presupuesto por proyecto
El presupuesto máximo de las iniciativas objeto de subvención no podrá exceder de 300.000 euros y el plazo de ejecución para desarrollar las actividades aprobadas será de tres años. Asimismo, la asignación que se otorgue con esta línea de ayudas podrá llegar a alcanzar hasta el 100% del coste de la actividad.
Los proyectos deberán estar dirigidos, con carácter general, por una persona investigadora principal en posesión del título de doctor y el equipo podrá estar conformado por personal investigador predoctoral, posdoctoral y por perfiles técnicos de apoyo con titulación universitaria y de FP. Además, las entidades interesadas podrán concurrir a la convocatoria presentando trabajos individualizados o coordinados mediante la cooperación de hasta un máximo de seis equipos de investigación. En estas iniciativas coordinadas primará la agregación de capacidades de las entidades y el intercambio de conocimiento entre disciplinas y entre sectores.
Soberanía tecnología
Por otro lado, el consejero de Universidad ha querido poner de manifiesto la necesidad de que Andalucía cuente con un sistema andaluz del conocimiento que cada día tenga mayor soberanía. “Desde la comunidad debemos tener la capacidad de ofrecer al mundo nuestros proyectos cien por cien andaluces, de forma que tanto la idea, como el desarrollo del proyecto y la propia tecnología sean andaluces”, ha incidido.
