El Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga ha aprobado un documento que establece medidas para la prevención, evaluación e intervención en situaciones de violencia, discriminación y acoso, cuyo objetivo, como su propio nombre indica, es velar por la eliminación de cualquier caso que derive en dichos supuestos y que se produzca en la institución académica.
El plan, presentado por el secretario general de la UMA, Miguel Porras, se ampara en la Ley 3/2022 de Convivencia Universitaria, que estipula que las universidades “promoverán la eliminación de toda forma de violencia, discriminación o acoso, sea por razón de nacimiento, origen racial o étnico, religión, convicción, edad, discapacidad, sexo, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
A fin de garantizar la convivencia, la UMA adoptará distintos grados de medidas de prevención. El primero velará por crear “una cultura de igualdad, convivencia y respeto”, de tal manera que no quede espacio para la discriminación, el acoso ni la violencia. La prevención secundaria se realizará actuando sobre los contextos, las circunstancias y los factores de riesgo que facilitan la aparición de las conductas a extinguir, así como sobre las personas que estén afectadas por esos ambientes.
En cuanto a la prevención terciaria, estará dirigida a la atención a la víctima a lo largo del proceso desde la activación de estas medidas, arbitrando medidas de acompañamiento enfocadas a su recuperación.
Los órganos nombrados para velar por la aplicación de este documento serán la Unidad de Diversidad -encargada de coordinar e incluir de manera transversal el desarrollo de las políticas universitarias de inclusión y antidiscriminación- y la Unidad de Igualdad, cuya misión será garantizar el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre hombres y mujeres y, en particular, será el órgano competente para actuar en labores de prevención y protección frente al acoso y la discriminación de género, ya sea sexual, por razón de sexo o por orientación e identidad sexual.
Plazas de PDI
Otra cuestión abordada por los miembros del Consejo de Gobierno ha sido la dotación de plazas docentes. Así, se han aprobado seis plazas de catedrático, para las áreas de Derecho Constitucional, Didáctica y Organización Escolar, Fundamentos del Análisis Económico, Ecología, Paleontología e Ingeniería de Comunicaciones.
También han salido adelante 11 plazas de profesor titular, para las áreas de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial; Economía y Administración de Empresas; Construcciones Arquitectónicas; Didáctica de la Expresión Corporal; Filosofía del Derecho; Historia del Arte; Ingeniería Civil; Organización de Empresas; Trabajo Social; Traducción e Interpretación (Lengua Inglesa) y Urbanística y Ordenación del Territorio.
Asimismo, se ha dado luz verde a una plaza de titular por promoción del Plan de Estabilización de Personal de Investigación con certificado I3 -Área de Fisiología Vegetal-. También se ha acordado una plaza de Sociología de profesor titular por promoción de profesor asociado con acreditación a contratado doctor.
En el apartado de plazas de profesor permanente laboral por promoción de Personal Ayudante Doctor en su último año de contrato hay cuatro plazas, para las áreas de Didáctica de las Ciencias Sociales (2), Ecología y Filología Inglesa.
Asimismo, hay seis plazas de profesor permanente laboral por necesidades investigadoras del área de conocimiento, en las áreas de Fisiología, Fisioterapia (3), Historia de la Ciencia y Medicina Legal. Por último, han salido adelante tres plazas de profesor permanente laboral con vinculación al SAS: Dos de Enfermería y una de Radiología.
Enseñanzas Propias
De otro lado, el Consejo de Gobierno ha sacado adelante el proyecto de reglamento sobre sus enseñanzas propias, lo que supone un reforzamiento de este tipo de formación permanente, que nace de la necesidad de tener un listado de titulaciones “que permitan a las universidades reaccionar con agilidad a las exigencias formativas que presentan los entornos socioeconómicos y culturales, así como la creciente competitividad exhibida en el mercado laboral”.
Independientemente de la obligada distinción entre enseñanzas oficiales y enseñanzas propias que se ve reflejada en distintos decretos y leyes, queda claro que ambos tipos de enseñanza forman parte de la oferta formativa de las universidades y deben verse desde una perspectiva integral que las contemple como complementarias y no como sustitutivas unas de otras. El reglamento viene a ordenar el mapa de titulaciones conjunto que correlacione la formación continua con la formación en grados y másteres oficiales que permita la toma racional de decisiones estratégicas ante evidencias, como la existencia de nichos de demanda o excesos y deficiencias en la oferta.
En definitiva, el nuevo reglamento responde a un objetivo principal: de acuerdo con sus recursos y mediante enseñanzas de carácter no oficial que transfieran conocimientos y competencias generados por la Universidad de Málaga, esta atenderá parte de la demanda socio-económica y cultural de formación permanente, que proceda de la comunidad universitaria y del resto de la sociedad, para realizar una oferta formativa -en términos de capacitación profesional, inserción laboral y satisfacción de las expectativas ciudadanas de formación- en la conformación y el desarrollo del mercado laboral, del tejido productivo y de una sociedad cada vez más consciente y libre.
Por último, destacar que el Consejo de gobierno ha aprobado la adhesión de la Facultad de Ciencias de la Educación a la Conferencia Nacional de decanos de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y de la Facultad de Turismo de la UMA a la Asociación Green & Human.
